El auto judicial que suspende cautelarmente la “concesión del servicio público de atención especializada correspondiente a varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid”, causa del desistimiento “privatizador” matritense,  pone de relieve algunos aspectos de nuestro (denostado) sistema político. Primero: la democracia, mejor o peor, funciona. Por supuesto, democracia entendida como estado de derecho con división de poderes.  Porque lo que motiva la cautela, más allá de algunas consideraciones sobre costes de gestión que el magistrado entiende más o menos discutibles, no es tanto la “privatización” en  sí –son muchos los hospitales público gestionados privadamente en España y Europa-  sino cómo se hace, fijándose en algunas irregularidades de procedimiento, así como en que no garantizara derechos laborales –que algunos consideran privilegios gremiales- adquiridos por el personal médico.  Segundo, que democracia no consiste sólo en ejercer el derecho fundamental a manifestarse más o menos ruidosamente, sino en participar del juego de poderes: fue más decisiva la respuesta del juez al recurso presentado por una asociación de facultativos (AFEM) que  miles de horas de manifestación. Por cierto, para abonar las tasas y costas, hicieron una colecta. Sociedad civil. Tercero, que los autos y sentencias judiciales no tienen por qué ser necesariamente justos y benéficos, ni mucho menos gustarnos, sino simplemente ajustarse a la ley. Y cuarto, que quizá asistamos a una creciente y discutible influencia del tercer poder  –a veces de un juez- en la vida política de la nación.

Me explico. Hace unos días, el profesor Garicano buceaba en los orígenes de la última burbuja inmobiliaria. Y situaba su origen  en dos sentencias del Constitucional. Una, que daba por bueno el espíritu de la llamada “Ley Lerma”, reguladora de la actividad urbanística valenciana, constitucionalizando las figuras del  agente urbanístico y la generalización de la del convenio.  Otra, la que declaró inconstitucional parte de la Ley del Suelo de 1998, consagrando la competencia urbanística a las Comunidades Autónomas y, de paso, la discrecionalidad autonómica y local. Esta última sentencia fue aplaudidísima. Y sin embargo, y siquiera en parte -hay otros muchas causas- ambas están en el origen de la burbuja. Son autos, como el de Madrid, de enorme trascendencia en nuestra vida cotidiana, evidenciando la importancia del poder judicial. En otros países no es novedad. Seguramente recordarán  como el Supremo estadounidense anuló, en 1937, buena  parte del New Deal. O en los años 70, algún impuesto finalista, como podría pasar aquí y por el motivo contrario, con el de las gasolinas, que supuestamente financia el Sistema Nacional de Salud, cuestionado  por el Tribunal Europeo.

En el caso de California fue el IBI, que pagaba la escuela pública. Esa sentencia dio origen a la celebérrima Proposición 13, desencadenando una serie de iniciativas populares que contribuyeron a la quiebra de la hacienda californiana. ¿Recuerdan a “Governator”? La iniciativa popular, con restricciones, es posible en España. Descubrirla quizá sea el paso siguiente. Cosa distinta es que de los referenda, como de los autos judiciales, surja siempre lo mejor para la ciudadanía. ¿Estaremos asistiendo a los límites y contradicciones de nuestra ya madura democracia?