Bajo el desafortunado rifirrafe entre el señor ministro de Hacienda y un responsable de Foessa a cuenta de la macroeconomía, el rescate de personas y autopistas o la pobreza infantil y su medición estadística subyace, a mi juicio, un asunto capital: la reforma de nuestras políticas de bienestar, diseñadas décadas atrás, para que no sólo sean más eficientes  sino que den respuesta a las necesidades reales de nuestra sociedad.

Dos informes nos alertan de sus disfunciones. La OCDE en su informe “Society at a Glance 2014” avisa de cómo España, gastando un 29% del PIB en bienestar, superior al promedio UE y OCDE, obtiene sin embargo resultados muy magros. O, incluso, sorprendentes. Así, resulta que las capas medias y medias altas de la población reciben más prestaciones que las más bajas.  ¿Cómo puede ser eso, dirán ustedes? Bueno, pregúntense quién dedica más años a estudiar, especialmente en la universidad. O quienes disfrutan del sistema sanitario “gratuito”. O, incluso, quienes reciben mejores prestaciones de desempleo. O mejores pensiones. Y, sin embargo ¿cuáles son las prestaciones por hijos, por ejemplo?  Y más si se trata de mujeres solas y/o en riesgo de exclusión.  Es algo que sucede también en Italia o, en menor medida (no para los hijos) en Francia.  Pero eso no debe ser excusa para no abordar cambios en las políticas de  bienestar, garantizando su universalidad con mayor eficiencia. Piensen que en Francia, Holanda, Alemania o Bélgica, con matices diferenciadores,  llega  a ser obligatorio  contratar un seguro privado que cubra parte –o todo- el coste sanitario, por ejemplo. Y ya comentamos aquí los planes de pensiones: la prestación media en la UE está en torno al 60% de la base de cotización, frente al 80% en España.

El otro pescozón es el ya habitual de cada edición de los informes PISA.  No sólo es que nuestros estudiantes sean académicamente mediocres. Es que, además son torpes a la hora de enfrentarse a la vida real. Y el problema de nuestra enseñanza no es presupuestario: aún con recortes, gastamos lo mismo, casi 10.000 €, por alumno y año, que Finlandia. Parece que está  en otro sitio.  Los expertos de PISA nos proponen reformar el sistema de arriba a abajo: desde la formación, reclutamiento y retribución del profesorado  a la gestión de los centros. Supongo, además, que el tercer pilar de la comunidad escolar, la familia, algo tendrá que ver en esa mediocridad.

Dejado atrás lo urgente de la crisis, quizá toque abordar, junto a la reforma política, la reforma del estado de bienestar. Que, yendo más allá del recorte, puede contribuir, simultáneamente, a reducir el gasto y a mejorar el bienestar. Ciertamente, la estructura social y laboral española es la que es. Y los intereses corporativos son muchos; miren  la polvareda que levanta la LOMCE, siguiendo  recomendaciones PISA. Y la tendencia de nuestra sociedad  a pervertir reformas virtuosas, indudable.  Decía Colombani, sobre Francia, que “el gobierno necesita llevar a cabo políticas socioliberales condenadas por sus electores”.  Valdría para toda Europa. ¿Estamos ante una aporía democrática?