Quizá sea ahora, cuando parecemos alcanzar una cierta mejoría económica, el momento  apropiado para preguntarnos si ha cambiado la patología que nos condujo a la gran recesión.  Muchos de ustedes pensarán  que no procede, puesto que no hay mejoría. No seamos derrotistas: pese a la desconcertante EPA -180.000 empleos menos frente a 60.000 afiliados más- todos los indicadores, macro o “reales”, como el consumo de energía, tráficos carreteros, recaudación tributaria, ventas de vehículos o en grandes superficies, empiezan a lucir en verde.  Cosa distinta es que la mayoría de los hogares aún “no lo note”. O que el crecimiento descanse excesivamente en el consumo público, preludiando quizá nuevos ajustes en 2016…

A lo que íbamos. No parece que hayamos reflexionado sobre qué nos ha conducido a la crisis, siquiera por no repetirla. Orillando cierto sentimiento de culpabilidad vergonzante, casi secreto, el relato dominante pasa por culpar de nuestras penas a la clase política y financiera. Esa “casta”, que, sin duda, tiene buena responsabilidad en el desaguisado. Pero los españoles tampoco hemos estado ni estamos a la altura. Seguimos preguntándonos no qué podemos hacer por nuestro país, sino qué puede hacer él por nosotros. Hemos delegado buena parte  de nuestro destino en un Estado –y en unos políticos- que luego denostamos. Un Estado cuyos compromisos de gasto crecen y crecerán, previsiblemente, por encima de su base imponible. Un Estado que, con su actual carta de prestaciones, es seguramente inviable. Pero, sin embargo, seguimos convencidos, eludiendo la complejidad de las cosas, de que recortando unos altos cargos por aquí y un senado por allá, el gasto puede contenerse, sin reparar en que, más allá de la ejemplaridad, poco le afectan. O que se pueden subir, aún más, los impuestos.  Son actitudes compartidas con casi toda la Unión Europea, excepto el Reino Unido. Pero  en pocos aparecen con la fuerza de España. Quizá tenga que ver con ello el hecho insólito de que, con 14 millones de ocupados en el sector privado, otros 14 millones de compatriotas, sin contar empleados públicos, vivan del Estado.

Posiblemente uno de nuestros retos sea transformar esa ecuación. Por tradición histórica, salvando aquellos  años 60 y 70 de “Plurilópeces”, los españoles y, cada vez más, nuestros territorios, componemos un país de rentistas. Provenga esa renta de prestaciones públicas, subvenciones, fondos estatales o europeos… o de inmuebles o viejas acciones. Porque aquí está mejor visto el millón ganado de un piso heredado, revalorizado sólo por el pasar del tiempo, que el millón fruto del trabajo y el riesgo. “Algo habrá hecho”, dirán. Buena parte dela  patología patria reside en nuestra “pisitofilia”, financiadora a su vez de las administraciones públicas, sostenida  por un “nuncabajismo” que se ha revelado fatal.

Pero el “nuncabajismo” se fue por algún tiempo. Nos quedan el trabajo y el riesgo. Y un mundo competido al  que vender su fruto. Hay indicios –emprendedores, exportaciones- que apuntan por ahí. Pero no lo suficiente. Uno de nuestros retos es transformar un país rentista en otro plenamente  productivo. Pero ¿estamos dispuestos a ello?