Este artículo fue publicado en “El Comercio” en abril de 2012.

Tras la frustrada revolución de 1854, dijo Isabel II de España en  solemne apertura de Cortes:   “quizá nos hemos equivocado todos, acertemos hoy más”. Y añadió: “la reina se ha echado en manos del pueblo”. Las cortes estallaron en aplausos. Modesto Lafuente, diputado encargado de contestar a la Corona, escribió después: “En aquel instante volvió Isabel II a ser la verdadera Reina de España, con mayor popularidad y apoyo que tal vez haya tenido nunca”.  Quizá incapaz de comprender el alcance de sus promesas, Isabel II no se echó en brazos del pueblo ni supo comportarse como una reina constitucional. En 1868, otra revolución la envió al exilio.

El pasado 27 de diciembre, en mismo escenario y ocasión, Juan Carlos I recibió una cerrada ovación de la inmensa mayoría de la representación popular. El denominado caso Urdangarín empezaba a zarandear a la Corona y el Rey había mostrado, en el  discurso de Navidad, su compromiso con la ejemplaridad. Tras aquel aplauso, sin embargo, quise advertir un cambio sutil en la relación de nuestra Corona con la representación popular. Se abría un nuevo escenario: el Rey ya no era el garante de la democracia, como en 1981 –¡qué lejos queda ya!-  sino que necesitaba ser sostenido y respaldado por sus representantes. La Corona estaba sometida, desde ese momento, al Parlamento, a la voluntad popular y su escrutinio.

Pero el Monarca no interpretó correctamente las señales. Tras el episodio de la caza de elefantes a espaldas del Gobierno y las Cortes, la reacción de los principales partidos refuerza el nuevo escenario, que no debe sorprender: la dialéctica no siempre cordial entre las coronas europeas y sus parlamentos son parte del juego de las monarquías constitucionales. No sólo Isabel II y Juan Carlos; Victoria de Inglaterra o su biznieta Isabel se las han tenido tiesas con Westminster, en una muestra de constitucionalismo en permanente evolución.

En España, la monarquía ha estado celosamente protegida desde su reinstauración. Cuarenta años después, la monarquía española se legitima sobre sobre glorias pretéritas y la prudencia de la opinión publicada. Pero el abismo que separa a la opinión pública de la publicada es sideral. Dense una vuelta por foros virtuales, Twiter o Facebook, que es donde late ahora la opinión pública. Opinión que no parece proclive, ahora, a añadir a la crisis otra en la cúspide del Estado. Es momento de comprender el  curso de la historia y el alcance de las promesas hechas;  de relegitimar a la Corona, sin buscar unanimidades quiméricas. Haciéndola más transparente, sometida a la crítica y la dialéctica con el pueblo y su representación.  Y, sobre todo, más operativa, animando e impulsando, dentro de la ley, los ineludibles cambios que exigen los jóvenes españoles. Felipe VI encara, sin duda, un hermoso desafío.