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Jacobo Blanco

Qué nos pasa

Democracia directa, el derecho al error y la Proposición 13

Consejo vecinal en Suiza

El seis de junio de 1978, los electores de California aprobaron, mediante referéndum promovido por iniciativa popular, la llamada Proposición 13, que modificaba  el artículo 13 A de la Constitución estatal. Limitaba el impuesto sobre bienes inmuebles al 1% de un valor catastral cuya actualización requeriría desde entonces dos tercios de la cámara del Estado. Su impacto fue múltiple y controvertido. A escala nacional reactivó la figura de la iniciativa popular, impulsada a finales del XIX por el Partido Populista en medio una crisis atribuida en parte a la corrupción y el mal gobierno… Durante su apogeo, hasta 1918, logró la jornada de ocho horas o el voto femenino en muchos estados. Luego fue cayendo en desuso, hasta que la Proposición 13 la recuperó en 1978. En los últimos treinta años se ha utilizado en unas cuatrocientas ocasiones, que se suman a unos setecientos referenda celebrados en todos los EEUU. Pero la  consecuencia inmediata  de la Proposición 13 fue el hundimiento de la hasta  entonces modélica educación pública californiana. De competencia municipal, se financiaba con el IBI. Al caer la recaudación, el gasto educativo cayó también y, a partir de 1985, el deterioro de la educación era alarmante. Por ello, en 1988 se puso en marcha la Proposición 98, ahora para estabilizar y engrosar los fondos educativos mediante transferencias estatales.  Así que el efecto combinado de ambas  proposiciones –en combinación con otros problemas- fue colapso de la hacienda estatal californiana.

Es un ejemplo de iniciativas de sabor inequívocamente democrático, refrendadas además por el Supremo estadounidense, pero seguramente equivocadas. Podrán decirme que los políticos también se equivocan. Desde luego. Y mucho. Pero ello no implica que la ciudadanía tenga siempre razón. La democracia da derecho a equivocarse. No sólo a acertar. De ahí algunos resultados a priori sorprendentes  en países donde la iniciativa popular está arraigada. Recuerden la prohibición de construir minaretes en Suiza. O el “sí” a la libertad salarial o el “no” al salario mínimo. En los Estados Unidos, Oregón reimplantó la condena de muerte mediante referéndum en 1976. Washington y Colorado han legalizado la marihuana. Nueva York y Massachusetts liberalizaron los alquileres. ¿Qué hubiera pasado en Gijón con el “Elogio” o en Oviedo con la peatonalización?

Por eso en Suiza y EEUU, donde a está más implantada, la democracia directa es controvertida. Tanto por sus resultados como porque es manipulable. También aparece el riesgo de la tiranía de la mayoría que apuntó Madison. Pero nadie discute su aportación a la toma de decisiones mediante un debate que suele ser largo y enjundioso. En España reclamamos participación y control, ser escuchados. Quizá, por tanto, poder equivocarnos. La ley ya prevé y habilita mecanismos, especialmente a escala local, de participación, iniciativa popular y referéndum. Quizá sea esa escala local, la más familiar para la ciudadanía, la idónea para activarlos. Sigan por cierto la interesante experiencia de Oviedo con “Imagina un Bulevar”. Aunque alumbrada fuera de los cauces participativos institucionales, e impulsada por sorprendentes carambolas políticas, resulta, sin duda, sugerente y posible.

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Sobre el autor

Tras un cuarto de siglo –y lo que quede- dedicado a la investigación social aplicada en el sector privado, en el público y al alimón, quizá fuera el momento de saltar a la palestra que me ofrecía El Comercio y aportar algo –o intentarlo, al menos- a la reflexión serena y, en lo posible, documentada y original, sobre lo que nos pasa.


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