Al mediodía del pasado 13 de julio, algunos bañistas de la candasa playa de Palmera sentimos picores cutáneos. Lo denunciamos a los socorristas que, alarmados por su proliferación, procedieron a clausurar la playa al baño a primera hora de la tarde.  Ya reabierta, la situación se complicó el viernes con el resultado de la analítica semanal de aguas de playa: no apta para el baño por contaminación fecal. Naturalmente, se relacionaron picores y fecales. Pero algo fallaba la ecuación: aquel pica-pica era un fenómeno insólito en Candás, pese a un pasado, ya lejano, de vertidos directos permanentes. La situación del saneamiento era la misma que en años pasados: salvo avería –luego descartada- tendría que ser otra la causa. Y el picor también era notorio en playas cercanas con calificación excelente: Luanco, Carranques,…o Salinas, cuya masiva afluencia desató la alarma, convirtiendo en regional lo que parecía un problema local.  El miércoles  23, a última hora de la tarde, los picores eran molestísimos en la castropolense playa de Arnao. EL COMERCIO se hizo eco de incidencias similares en playas de A Mariña (reparen en que todos los arenales citados están al oeste del Muselón). El problema pasaba a ser nacional. Por si fuera poco, el director del Cepesma denunciaba por Facebook y aparentemente sin pruebas que la Alúmina de San Ciprián vierte 250.000 toneladas de sosa cáustica al mar. Mientras, el gobierno del Principado atribuía los picores a microalgas.  La confusión y la alarma ciudadanas crecían.

En Candás –no sé en otras playas- hace tiempo que la mar no pica. La contaminación fecal pudo ser puntual. Pero a veintiún días de la primera denuncia, no sabemos qué produjo –o puede reproducir- los picores. Surgen algunas reflexiones.  Primero, sobre la comunicación institucional. El ayuntamiento de Carreño, primero, y el Principado, después, intentaron negar y luego minimizar el problema.  No se dan explicaciones claras. A ello contribuye cierta “omertá”, quizá irresponsable, desde sectores ciudadanos de los municipios afectados, temerosos de perder ingresos estivales.  Segundo: no parece existir un protocolo claro a seguir en emergencias menores como esta. De comunicación, de medidas preventivas y de monitorización exhaustiva del estado de las aguas lo más cercana posible al tiempo real. Sorprende que la única medida perceptible sea lucir bandera amarilla, dejando la oportunidad del baño al criterio y responsabilidad de una ciudadanía desconcertada. Porque, tercero, la opacidad de las administraciones más la ligereza  comunicativa de algunos colectivos, unidos a internet, refuerzan la desconfianza institucional y alimentan disparatadas hipótesis populares.  O, por el contrario, la indiferencia. Y, cuarto, devuelve a la palestra el deficiente saneamiento de nuestra rasa costera: buena parte de sus localidades, justamente las que más crecen y más presión estival soportan, siguen vertiendo directamente al mar. Por no hablar de la industria concentrada en el litoral central, cuyos vertidos, más preocupantes que los fecales, llegan al Cantábrico por las rías inertes de Aboño y Avilés. Vertidos industriales  que no incluyen las analíticas habituales.

Asturias parece un paraíso. Pero sólo lo parece. A veces, quizá demasiadas, pica.