Imagine que tiene usted la suerte de ser un catalán industrioso, culto, cosmopolita y no un castellano o peor aún, un andaluz “destruido, que vive en un estado de miseria cultural, mental y espiritual, sin sentido de comunidad”. Imagine también que, aún disfrutando la suerte de ser  catalán, tiene la desgracia de pertenecer a esos dos tercios de catalanes que se sienten españoles, a esa mitad abundante de catalanes no independentista, a esa mitad que no quiere referéndum (perdón, “consulta popular no refrendaria”) si no es indubitadamente legal. O, vade retro, a ese cuarto que no quiere consulta en ningún caso. Vamos, que es usted poco menos que un “botifler”. Y que, en estas, le llega una carta certificada a casa diciéndole que tiene que presidir una mesa electoral el 9-N. ¿Qué haría?

Porque tendría usted que “decidir”. Decidir si  cumple con la Ley de Consultas aprobada por el Parlament y avalada por un Consejo de Garantías Estatutarias confeccionado a medida, o si renuncia, acatando la suspensión de la susodicha por el Constitucional que sí, también está politizado, pero por un acuerdo en el que participó CiU con PP, PSOE y PNV.  ¿Y qué haría si además fuera trabajador público o tuviera que participar en la logística del referéndum? ¿A quién decidiría desobedecer?

Pues, probablemente, y soslayando presiones ambientales, a la Generalitat. Esa es la paradoja con el que puede encontrarse el Gobierno catalán: la desobediencia. En las pasadas elecciones autonómicas, fueron 8.130 las mesas electorales. Multipliquen por presidente, gestores y suplentes, interventores,… Son docenas  de miles los ciudadanos implicados. El eslabón más débil en el que nadie pensó. Fácil será que haya entre ellos quienes renuncien o no se presenten. Desobediencia o renuncia que limitaría garantías electorales, especialmente en pequeñas localidades nacionalistas del interior. Con el agravante de no disponer de un censo electoral fiable. Si el argumento para parar los preparativos de la consulta es (además de los subyacentes legales y económicos) no comprometer a los trabajadores públicos, más lo será, supongo, y salvo sorpresas, para suspenderla definitivamente.  

Los nacionalistas más aguerridos se huelen la tostada, y empiezan a salir, no muchos por ahora, a la calle. Pero la calle, y este ha sido quizá el gran error de Mas, no sirve como expresión de la voluntad popular en democracias avanzadas donde son las leyes y los votos –ambos, no sólo uno- los que marcan las reglas del juego. Llenar las calles con medio millón de personas es fácil.  Tampoco sobrarían los voluntarios para formar las mesas electorales. Porque muchos catalanes viven alienados desde hace un par de años, sufriendo una creciente opresión española en el pecho que, cual embarazo psicológico, les impide dormir. Y, en vez de consultar a un médico, prefieren ser consultados sobre el imaginario horizonte del Shangri-La independentista.

Esperemos acontecimientos. Allende la ley, la economía y el débil eslabón logístico ciudadano-funcionarial, los sufridores de opresión nacionalista, insaciables, seguirán reclamando terapia consultiva. U otra, alternativa. Ojalá sea también rigurosa, aprendiendo del “error Estatut”, catalizador de este último episodio de éxtasis independentista. También habrá que desinflar ese éxtasis con una estrategia de comunicación no nacionalista, que ponga a los catalanes ante su verdadera situación y, desde luego, ante sus problemas reales, desmontando ese estereotipo cuasi racista sobre el que descansa el catalanismo. No será fácil.  

Entre tanto, ya han empezado las dimisiones. La primera, de un componente de la Junta Electoral, nada sospechoso de “botifler”, propuesto por ICV, presumiendo la imposibilidad de una consulta con las debidas garantías. Los sindicatos policiales alertan de que los Mossos han prometido la Constitución. Quizá sea sólo el principio.