La OCDE acaba de publicar su último informe sobre gasto social (“Social Expenditure Update”, lo tienen disponible en internet). Ofrece una comparación internacional sobre la evolución del estado del bienestar en los países miembros de la organización desde 2007. Y los resultados desmontan tópicos que no por repetidos dejan de ser  falsos.

Primer tópico: España gasta poco en bienestar. Pues resulta que en 2014 España, con  un 27% del PIB de gasto social público, es superada sólo por Francia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Austria y Suecia.  Quizá no por casualidad, países nórdicos o católicos.  Segundo tópico: los “recortes” están desmantelando el estado del bienestar.  Pues es falso. España es el segundo país donde más creció el esfuerzo en gasto social desde 2007, seis puntos, sólo por detrás de Finlandia. Está en máximos históricos. Algo que no ocurre en Grecia, Alemania, Reino Unido… Otra cosa, claro, es que la composición de ese gasto esté cambiando, a lomos de los cambios demográficos y socioeconómicos, primando las prestaciones monetarias (pensiones, desempleo, renta mínima) frente a  servicios sociales. Nuestro estado de bienestar no desaparece. Sólo se transforma. Por cierto, y para los más suspicaces: la caída del PIB por la crisis sólo explicaría menos de dos de esos seis puntos crecimiento. Tercer tópico: la “latinoamericanización” de España.  En Chile o México el gasto social público presenta ratios inferiores al 10%. Como decíamos hace unas semanas, nuestras diferencias con los países más avanzados de Europa, por comparación con los latinoamericanos, pasan a ser de matiz. Cuarto tópico: nuestro gasto social es muy distinto al de otros países. No. Como casi todas las naciones avanzadas, España destina el grueso de su gasto social a pensiones (sobre todo) y a salud. La ratio de gasto público sanitario es similar a la de Suecia, Austria o Dinamarca y algo inferior al de Estados Unidos, Francia o Reino Unido.  Y nuestro gasto en pensiones similar al de Alemania, Bélgica o Finlandia y superior al sueco o danés.  El español es también, por cierto, uno de los sistemas más equitativos del mundo en cuanto a su financiación, más que una Dinamarca,  por ejemplo, donde  se sostiene, en buena medida, sobre el IVA (tipo máximo igual para todos los productos).

Matices. Primero, nuestra renta: 33.000 dólares por 37.000 de Francia y Reino Unido o algo más de 40.000 de Alemania y los países nórdicos. El 27% de 33.000 es menos que el 27% de 40.000. Segundo, tipo de prestaciones: modelos como el nórdico tienden a gastar más recursos en servicios sociales, mientras en España gastamos más en prestaciones monetarias, con especial incidencia en ¡ay! el desempleo (3% del PIB). Tercero, nuestro sistema dedica más recursos a los más ricos que a los más pobres en tiempos de polarización social.  No es el único, desde luego. En Francia o Italia pasa exactamente lo mismo. Pero algo falla. Y, por último, el matiz más importante: la participación del  sector privado en nuestro sistema de bienestar es insignificante, el menor de la OCDE. Algo que nos hace perder puestos al computar el gasto social total, favoreciendo a los países anglosajones, latinoamericanos y, sorpresa, nórdicos.     

Debemos sacudirnos, por tanto, algunos tópicos. Porque quizá estemos levantando diagnósticos sobre premisas erróneas. Y reflexionar seriamente, con fundamento, sobre los retos que suponen esos matices para nuestro sistema de bienestar. Sobre el sistema de bienestar en sí, su tamaño y su financiación. Sobre los recursos que deja libres para, por ejemplo, la inversión y la creación de empleo. Y sobre por qué España, Italia, Francia y Bélgina, los no nórdicos que más gastan en bienestar son aquellos con más problemas, según la UE, para cuadrar sus cuentas públicas. Pero sin flagelarnos. Partiendo de que nuestros recursos son algo inferiores a los de los países más ricos. Continuando por repensar el sistema, haciéndolo más eficiente, atendiendo sobre todo a quien más lo necesita. Y, por último, y quizá más importante, reorientando el consenso social hacia posturas más proclives a la participación privada y cooperativa en nuestro  sistema de bienestar.