Vista parcial del área industrial de Avilés y la Villa

Los avatares de la planta de Alcoa en Avilés vuelven a poner sobre la mesa el problema estratégico de la energía en España. Por supuesto, el problema de “la alúmina” no es sólo el precio del megavatio. Todo apunta a que constituye una pieza más en la reestructuración global de Alcoa, con seis plantas de producción de aluminio básico (no confundir con plantas de productos elaborados con aluminio) en Europa. Tres en España, San Ciprián, Avilés y Coruña, estas dos últimas con problemas. Dos en Italia, también en proceso de cierre. Y otra, Lista, en Noruega, pequeña pero supuestamente cercana a yacimientos de mineral. Cierres y ventas de plantas similares en EEUU y Canadá refuerzan la hipótesis de la restructuración. Aparecen así dos nuevos elementos: la imprevisión general ante algo que “se veía venir” a poca información que se tenga, y la ausencia de una política industrial, siquiera en Asturias, que supere la conservación a ultranza de un tejido fabril muy básico, con frecuencia obsoleto y de escaso valor añadido, muy contaminante, con plantas que, si bien son muy grandes a escala local, son diminutas en la global. Veremos el desenlace de la previsible movilización laboral, empresarial  y política en las próximas semanas.

Pero volvamos a la energía, excusa o detonante del conflicto. Hace unos diez años tuve que escudriñar la actitud de los consumidores ante la liberalización del mercado eléctrico.  Nadie entendía muy bien eso de la competencia eléctrica. Además, “el recibo de la luz” no constituía un problema. Tenía un precio previsible, algo mayor en invierno,  algo menor en verano. El recibo problemático e imprevisible era el telefónico, cuyos cargos oscilaban sin motivo aparente. Ahora sucede lo contrario. Tras muchas denuncias, quizá también por la incorporación de nuevos operadores, el recibo telefónico no sólo es claro y previsible, sino que los precios empiezan a ser comparables con los de otros países. Por el contrario, el de la luz es cada vez más confuso e imprevisible mientras el precio del  kilovatio está ya entre los más altos de Europa. El usuario sigue sin disfrutar ni entender la competencia. Y, por lo visto, algunas grandes empresas, tampoco.  

Quizá la clave esté en haber abordado la liberalización sin liberalizar. Sin nuevas empresas. La concentración de tan estratégico mercado ha crecido: tres operadores, generadores y comercializadores, previos a la liberalización, se reparten el 90% del mercado. La percepción ciudadana es la de que las empresas eléctricas –muy rentables, según sus cuentas de resultados o su atractivo para inversores- se comportan como un cártel, que impone una maraña de complejas y oscuras regulaciones, siquiera para el profano: costes de transición a la ¿competencia?, sobrerretribuciones al parque histórico de generación (esto es, a las viejas instalaciones, en buena medida ya amortizadas), primas a la generación de renovables (o, lo que es lo mismo, a las nuevas instalaciones) intervención de precios del carbón o subastas de energía no utilizada… Ahora, Alcoa (ya veremos si algún otro) solicita al gobierno que intermedie con los comercializadores (¿no deberían ponerse de acuerdo empresas y suministradores?) o le subvencione la factura eléctrica.  El resultado es que, al final, siempre  paga el ciudadano, bien como usuario o bien como contribuyente. O, peor aún, como parado. Porque el precio de la luz genera alarma social. Pero genera aún más la sospecha de que esté lastrando nuestro desarrollo industrial. Y más si, como en Asturias, ese desarrollo (por llamarlo de alguna manera) se apoya en un tejido industrial de industria básica que consume mucha electricidad.