Ignoro la capacidad esclarecedora o los efectos políticos de la denominada “Comisión Villa”. Pero no que, como un exorcismo, está dejando en evidencia el talante, los modos con los que se comportaba un grupo que –aunque ahora se diga lo contrario- atesoró durante décadas una capacidad de influencia sin igual sobre las políticas desarrolladas desde el Gobierno regional. Y no digamos en las Cuencas, donde la sensación general era la de que no se movía un folio –ni un euro- sin control del personaje que da nombre a la comisión y sus adláteres. Los usos y costumbres que se están desvelando –opacidad, tramas, amenazas,…-  expelen aromas napolitanos, y no de pizza, precisamente, antes intuidos y ahora confirmados.  

Usos y costumbres que han condicionado el pasado socioeconómico de la región. Porque como grupo de presión –aún recuerdo, hace cosa de quince años, a quienes, y no sólo desde el PSOE, reivindicaban su capacidad para “pegar un puñetazo encima de mesa”- el SOMA ha sido decisivo en el mantenimiento a las subvenciones a la explotación de Hunosa, primero, y en la gestión de los denominados “Fondos Mineros”, después. La suma de ambos -¿alguien la ha hecho?-  a lo largo de las últimas décadas arrojaría cifras asombrosas, seguramente superiores a la capacidad de inversión del Gobierno regional y, visto lo visto, de lo que se era capaz de gestionar. Y sin embargo, a finales de la pasada década, las primeras evaluaciones sobre el impacto de los Fondos mostraban su incapacidad no ya para desligar la evolución territorial de los municipios mineros de la de Asturias, mejorándola, sino siquiera para revertir o al menos atenuar su tendencia declinante. Sus efectos eran inversamente proporcionales al gasto efectuado sobre los territorios. Entre otras causas, ese chantaje de paz social a cambio de transferencias nos ha conducido a ser la región de España con menor crecimiento y más dependencia, con algunos indicadores similares a los extremeños como, sin ir más lejos, la ocupación. O el nivel de subvenciones. Algo impensable hace medio siglo.

2014 parece  haber sido el de la implosión del SOMA. Pero también el de la desaparición de la vida pública de figuras claves de nuestro “establishment” que han marcado la vida económica de la región a lo largo de las últimas décadas. Esa renovación en las élites económicas, más el crecimiento económico y un mapa político astillado tras los comicios de mayo, propician la oportunidad para reflexionar responsablemente sobre la reforma de los fundamentos políticos, sociales y económicos de Asturias. Naturalmente, las inercias de tantos años pesan mucho, quizá demasiado. Algún neopartido –realmente, una de sus facciones-  impulsa un documento que ha llamado “Asturias 2030”. Todos, los demás partidos y también la sociedad asturiana en su conjunto, deberíamos mirar hacia el futuro, trazando un horizonte estratégico y un plan de acción realista, consensuado, para la región. Desde la sociedad civil empiezan a surgir ya propuestas interesantes.

Envidio cómo trabajan en otros países: en Francia, por ejemplo, comisiones parlamentarias multipartidistas proponen estrategias consensuadas sobre infraestructuras o política industrial a largo plazo que luego trasladan al gobierno. Impensable en España, no digamos en Asturias, más allá pactos antiterroristas –sin duda necesarios- y otros quizá menos confesables. Ojalá tras exorcizar el pasado podamos mirar conjuntamente al futuro.