Me sorprende  en empecinamiento podemita en la limitación de mandatos –práctica casi inexistente en otros países- pero, sobre todo, con la reducción de salarios para los cargos electos. Tal y como lo expresan, parece condición inexcusable para cualquier acuerdo de gobierno, sea municipal o autonómico.  Aun entiendo  menos la discrecionalidad de su cuantía, 1.900 euros. O como ellos proclaman, tres veces el salario mínimo. Mera añagaza para encubrir que se corresponden con los emolumentos del líder máximo en la Complutense, excluyendo, por supuesto, “Tuerkas”, “Fort Apaches” o tertulias sabatinas.

Mi opinión  es la contraria: los políticos, electos o no, deben de estar bien pagados y disfrutar estipendios apropiados a la responsabilidad que les otorgamos. Lo que no implica cifras de seis dígitos para cualquier cargo público.  Eso sí, creo que, a cambio, debemos exigir a nuestros representantes que estén a la altura de su salario y responsabilidad, reclamándoles calidad en el desempeño de su función. Algo que nos lleva al procedimiento de (s)elección. Algunos de los denominados  neopartidos proponen obligar, casi constitucionalizar, la elección mediante primarias. Sin embargo, permítanme dudar de su bondad: la base local de algunos partidos es tan exigua que una pequeña facción puede elegir líder a uno de los suyos.  Y a partir de ahí controlar la organización.  El resultado práctico de las primarias nos demuestra que no mejora al obtenido por cooptación o por voto restringido: en estas últimas elecciones han abundado los candidatos inaceptables o estrafalarios elegidos por procedimiento de primarias. En esos neopartidos han consolidado, frecuentemente, a los fundadores de la agrupación local o autonómica. Nadie apunta, sin embargo, a una modificación prudente del sistema electoral.  Pienso en el desbloqueo parcial de nuestras listas electorales.  Los votantes podrían mostrar preferencias sobre la lista que les propone el partido al que votan. Funciona en bastantes países europeos. Por supuesto, es una práctica que tiene también contraindicaciones: se presta a clientelismos, “famoseo”, populismos y demagogias. No existe el sistema electoral perfecto. Tampoco creo en una especial perspicacia del cuerpo electoral. Pero permitiría a los electores compartir un poder que ahora descansa exclusivamente en las cúpulas partidarias, utilicen primarias en sus organizaciones o no.

Estamos hablando, en fin, de mejorar la calidad de nuestras élites políticas. Algo que no lograrán las primarias ni, mucho menos, sueldos de 1.900 euros, quizá razonables para un ni-ni, becario, o trabajador en apuros, pero no para muchos profesionales, valiosos y competentes, que ganan más –aunque no necesariamente mucho más- que eso. Ignoro si, además de populista, es una medida que  apunta a estrategias de control partidario, eliminado a los mejores.  Creo que los emolumentos de políticos electos deberían corresponderse, siquiera, con el de un técnico de Grupo A de la administración o el de profesionales decentemente pagados, pero no con el salario medio y, menos aún, con el del líder máximo.

Son síntomas que, sumados a numerosos episodios vividos durante la campaña y  que podrían ejemplificarse en ese peculiar ovetense, de confuso pasado y extraño presente,  autopostulado para la alcaldía de Málaga, ofrecen la impresión de que, entre tanta demagogia, corremos el riesgo de pasar de una clase política autista, de aparatchiks aislados de la ciudadanía, a otra engrosada, en buena parte, por arribistas. Tiempo al tiempo. Evitémoslo.