Asegura el Secretario General del PSOE que “el Gobierno ha roto los consensos básicos”. Ignoro a qué consensos se refiere. Aunque intuyo que es a esa práctica unanimidad de los españoles acerca de la conveniencia de que las administraciones públicas gasten más en salud, educación, pensiones y bienestar, y menos en defensa e infraestructuras. Un consenso trasversal –este sí- compartido con buena parte de la UE, aunque no con la misma intensidad.

Pero cabe preguntarse si esos consensos no parten de premisas equivocadas. O si se fundan en relaciones causa-efecto erróneas. Si preguntan por ahí, comprobarán que la ciudadanía cree, mayormente, que nuestras administraciones gastan más en defensa que en pensiones, cuando las pensiones decuplican el gasto militar. Lo mismo ocurre con la educación –que lo cuadruplica-o el sanitario, que lo multiplica por ocho.  Podemos pensar que aun así es insuficiente. Pero nuestro gasto educativo por alumno es similar o algo superior al alemán o al finlandés que, sin embargo, obtienen mejores resultados académicos y profesionales. Nuestro esfuerzo público en pensiones es superior al nórdico. Y la proporción del gasto social público sobre PIB en España no sólo es una de las más elevadas de la OCDE, sino también la que más ha crecido durante la crisis. Quizá nos equivoquemos: no parece que los problemas de algunos de nuestros servicios públicos sean, exclusivamente, de índole presupuestaria.

Y quizá nos volvamos a equivocar cuando, ante la limitación de recursos, es voz pópuli que si es así, es como consecuencia de la abundancia de políticos. Políticos, además, corruptos o sobrerremunerados.  Bankia -en cuya Asamblea estaba el Sr. Sánchez- puede ilustrarlo: es creencia general que los 24.000 millones inyectados lo fueron para reponer lo robado por sus directivos (políticos en su mayoría) cuando en realidad, y a pesar de emolumentos desenfrenados e inmerecidos, opacos e incluso ilegales, las causas de ese agujero son mucho más complejas. Cabe pensar si no estaremos exagerando una corrupción ya de por sí inaceptable y atribuyéndole erróneamente la causa de que las cosas estén mal. Sobre todo, cuando quizá las cosas no estén tan mal como pensamos.

Pero la clase política parece haber comprado ese discurso. Con frecuencia creciente, nuestros políticos dicen, a diestra y siniestra, lo que la ciudadanía quiere escuchar. Aseguran incluso que harán lo que la gente quiera hacer, llegando a veces al esperpento. Olvidamos eso no es democracia, sino populismo o demagogia. La nuestra es una democracia representativa, donde elegimos a los que toman decisiones. Algo que, por supuesto, no excluye el diálogo entre representantes y representados a través de canales de participación. Pero la responsabilidad exige al político tomar decisiones desagradables, explicar por qué las toma y confrontar a la ciudadanía con la complejidad de la gestión pública y de los desafíos que encaramos. Algo que, ay, requiere capacidad para comprender los problemas, trasladárselos a la ciudadanía y convencerla de la conveniencia de estrategias, no siempre agradables, a largo plazo. Hablamos, en fin, de algo tan políticamente incorrecto como el liderazgo.  Porque el consenso no implica verdad ni acierto. Y quizá en España, empezando por el Sr. Sánchez, debamos replantearnos algunos consensos.