A pocos meses de las elecciones autonómicas y generales, los grandes partidos –que, por ahora, lo son- se aprestan a recuperar votantes. El PSOE, eligiendo nuevo líder, joven y sin demasiado pasado, a través de unas primarias abiertas a toda la militancia. El PP trata de repescar a los más huidizos, ilustrados, urbanos y profesionales con una ¿reforma? fiscal que afecta, sobre todo, al IRPF.

La acogida al anteproyecto de Ley ha sido sin embargo fría cuando no destemplada, especialmente entre su público objetivo. Más allá de las cautelas de los técnicos, pendientes de comprobar si gastos y deducciones no anularán la bajada de tipos, o de reacciones ideológicas o interesadas, previsibles y contradictorias –“favorece a los ricos”, “favorece a las rentas más bajas”- parecen precisamente los votantes del PP con rentas medias y altas (entendiendo por tales las superiores a 25.000 €…)  los más decepcionados. Tras echar las primeras cuentas, muchos comprueban que en 2016 pagarían más por IRPF que en 2011 con el gobierno socialista. En una sociedad compleja y diversa como la española las casuísticas y, sobre todo, las expectativas, son tantas como contribuyentes, por mucha simulación aleatoria que hagan los superordenadores del Ministerio. Añadan a esa complejidad interna la externa, fundamentalmente el corsé europeo. Una realidad tan poliédrica complica el análisis y su gobierno, abriéndola también a múltiples interpretaciones. El margen de maniobra de los gobiernos, más allá de su capacidad, es estrecho, encajonados entre los intereses múltiples y contradictorios de una ciudadanía perpleja y unas instituciones internacionales cada vez más poderosas a las que tampoco gusta esta reforma.  El arte de gobernar no es  “facilísimo”; más bien requiere habilidades funambulistas. Y más con una base imponible tan enjuta como la española. Paradójicamente, cada vez banalizamos más la complejidad en “tuiters” de 140 caracteres o “memes” cuyo impacto viral supera con mucho el de largas sesiones parlamentarias.

Un ejemplo: el anteproyecto rebaja notablemente los tipos sobre las rentas del capital (ahorros, acciones,…). En principio parece una medida atinada: España padece una carencia crónica de ahorro y capital propios y aliviarla parece interesante. Algunos cambios en el Impuesto de Sociedades parecen apuntar en la misma línea. Pero, más allá de su efectividad, quizá pequeña, las críticas más o menos fundamentadas y/o apriorísticas no han tardado.  Que si  convierte un instrumento fiscal en otro monetario. Y es cierto. Pero con una política monetaria a la medida de Alemania, no parece que a España le quepan muchas alternativas. O que favorece a “los ricos”, que son los que pueden ahorrar. Cierto también. Pero… ¿quién sino “los ricos” puede aportar ahorro? Bueno, sí, los que gastan poco, léase jubilados con buena pensión; aunque muchos ya ejercen de financiadores informales de hijos y nietos, vía transferencia de rentas. Y otros condenan que ayuda subrepticiamente a “la banca” a ver si abre el crédito…

Así que, a día de hoy, el anteproyecto sólo nos pone de acuerdo en tres cosas: no es verdadera reforma, tiene carácter político y, en que, paradójicamente, ha decepcionado.