La afición de este Gobierno a meterse en charcos e, incluso, a chapotear en ellos, sin contentar a nadie, es asombrosa. Y más cuando oscurecen los que podrían percibirse como primeros resultados positivos de una gestión económica a contracorriente de la opinión pública. O la tramitación de leyes potencialmente capitales, como la de Reforma de las Administraciones Públicas. Pero no, el ruido mediático lo producen  ocurrencias como reformar el sistema de elección de alcaldes –que, aunque inoportuna, contenía propuestas interesantes- o, ahora, el “tatrás” de la ley del aborto y la dimisión del ministro Gallardón; de los más aficionados al chapoteo en charcos, en este caso judiciales, causa real quizá, junto a la búsqueda de más elevados consensos, de su marcha-cese.

Parece temerario tramitar una ley como la de Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada, sobre asuntos de conciencia, proponiendo una regulación rechazada por entre un 54% y un  65%  de la ciudadanía. E incluso por buena parte del propio electorado popular  -entre un 41% y un 62%-  que la consideraba innecesaria. Otros, aún en desacuerdo con la actual ley de plazos, eran renuentes al cambio, quizá por soslayar nuevos conflictos en una España colmada de ellos. Argumento que podría haber utilizado el Gobierno para despejar dudas sobre su ambigua propuesta electoral -que no prevé derogación alguna- como hizo Aznar en 1996. O ahora para retirarla. Añadan la confusa contradicción  entre restricción y despenalización del anteproyecto. Sólo un aspecto de la legislación actual suscitaba rechazo unánime (88%): el que una menor pueda abortar sin conocimiento parental. Por ahí quizá se podría avanzar, aunque a buen seguro, sin acuerdo con el PSOE y otras fuerzas de las izquierdas.

Pero es que, además, el aborto recoge en España una aceptación creciente. Si a mediados de los años 70 era favorable sólo el 15% de la ciudadanía, diez años después lo era casi la mitad, para llegar poco a poco al 65-70% actual, alcanzando el 85% cuando tiene causa en malformaciones del feto. Es más, muchos jóvenes,  también algunos adultos, lo banalizan hasta contemplarlo como un método anticonceptivo extremo. Todo ello demostraría, de paso, el fracaso de las autodenominadas organizaciones pro-vida, que deberían revisar su estrategia. Cuando en otros países, como EEUU o Alemania, el rechazo al aborto tiende a mantenerse o a aumentar, aquí gana adeptos la preeminencia el indiscutido derecho de la mujer a disponer de “su” cuerpo frente al discutido a la vida del concebido.

El resultado es que en España se notificaron 112.390 abortos en 2012, mayormente a jóvenes. Por situar la cifra en su magnitud, los nacidos en 2013 fueron 425.390. Por tanto, se interrumpieron alrededor del 20% de los embarazos. Nada que no sea normal en Europa. Es una tasa similar a la francesa o británica, superior a la alemana o las de países católicos como Bélgica, Italia, Portugal, y desde luego, polaca o irlandesa, pero inferior a las nórdicas y a las de algunos países del Este, donde las tasas bordean en 50%. A muchos estas cifras pueden no decirles nada. Pero si partimos de la base de que un aborto nunca es deseable, de que no deja de ser una operación quirúrgica no exenta de consecuencias, estas tasas deberían propiciar una reflexión europea sobre el estado de la sexualidad juvenil, la contracepción, el apoyo a las madres, el rampante machismo juvenil, la adopción o la conciliación. Más aún cuando el continente envejece aceleradamente, rompiendo las costuras del estado de bienestar. No son cifrar para sentirnos orgullos.