La Gran Recesión devolvió a España su ancestral pesimismo. Todo lo que parecía bueno, parece malo. Desconfiamos de nuestras instituciones. De nuestra economía. Regresamos al “me duele España” noventayochista. Proclaman algunos, incluso, nuestra pobreza. Que no somos civilizados. Que somos más latinoamericanos que europeos. El pesimismo se traduce en un lamento, ora indignado, ora resignado. Y algunos se aprestan a proponer tabula rasa.
Por partes. Miren los aspavientos tremendistas con el contagio por ébola. Hasta que pasó lo mismo en EEUU. Hubo que descender entonces al resbaladizo detalle –comportamiento ciudadano incluido- para no desdecirse. Tampoco hay “latinoamericanización” de España. Al contrario. Exceptuando Chile, tan peculiar, y sólo en aspectos puntuales, nunca nuestra economía y sociedad estuvieron tan cerca de Europa y tan lejos de América Latina como ahora. Miremos a la renta, los salarios, la producción industrial, la corrupción, el gasto social o educativo, nuestra salud, formación, pensiones…Cualquier comparación es ridícula. Pero no lo era hace sesenta años, cuando los españoles iban aún a “hacer las américas”. No lo hicimos tan mal desde entonces. De tal bulto son ahora las diferencias que, analizando informes comparativos, las que podamos tener con países de centroeuropeos parecen irrelevantes. No digamos cuando la comparación es con Italia o, incluso, Francia. Sí, somos asimilables a eso que se entiende por “ser europeos y civilizados”. Para lo mejor y lo peor. También nuestro sistema político. Otra cosa es que durante algunos años fiáramos en exceso nuestro destino al ladrillo y a los partidos. Aprendamos de los errores.
Ahora que, tras someterla a tratamiento de choque, nuestra economía parece reaccionar mejor que la de naciones vecinas -su parálisis constituye nuestra mayor amenaza- y aunque los frutos del esfuerzo tardarán, quizá toque “aggiornar” nuestras instituciones, acompasándolas a una sociedad en cambio acelerado. Parecen tres los problemas institucionales clave: la relación entre el Estado y unas autonomías en progresiva “soberanización”, el excesivo protagonismo de los partidos políticos (partitocracia, casta; causa en parte de la corrupción) y la rigidez de un sistema que impide su reforma. Pero todo apunta a que ese cambio está llegando. Tal vez en pocos años, meses quizá, votaremos una reforma constitucional que encauce, probablemente a través del Senado –esperemos que sin repetir errores germanos- las inevitables tensiones territoriales, reconociendo esa “soberanización”, al tiempo que acota con claridad “dominios reservados” para el Estado y otros, que pudieran ser variables, “a la carta”, para autonomías. Tal vez, una reforma electoral que reste poder a los unos aparatos partidarios -ya resquebrajados, como parece indicar la proliferación de primarias más o menos abiertas- generando instrumentos de control y participación. Y, finalmente, la suavización del procedimiento de reforma constitucional.
Sacudámonos el pesimismo fatalista. Toca afrontar el aburrido perfeccionamiento institucional y económico. Ninguna obra humana es perfecta. No lo es lo que hay. Ni lo será lo que venga: quizá sea sólo mejor. No lo hacemos tan mal. Pero necesitamos mejorar, huyendo de la flagelación, el aspaviento y esas tablas rasas a las que los españoles somos tan aficionados. Recordando que, más allá de leyes e instituciones están los usos y costumbres. Quizá los más difíciles de cambiar.