De acuerdo con la última EPA, en cuatro años de crecimiento económico –último trimestre de 2013 al último de 2017- Asturias generó unos 12.000 empleos, un crecimiento del 3,2%. El conjunto de España registró un 10,9% y regiones vecinas como Galicia, Castilla y León,  Cantabria o el País Vasco anduvieron entre el 5%-6,5%

Si atendemos a la cualificación, observamos que los rubros 2 y 3 de la Clasificación de Ocupaciones –técnicos, profesionales, científicos, intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo- caen un 1,2%, mientras el total nacional aumenta un 12,2%, creciendo también en todos los territorios vecinos. Ocurre lo mismo con el personal cualificado de las empresas manufactureras: en Asturias cae un 6,7%, subiendo en las regiones vecinas, con la excepción de Cantabria, donde permanece estable. En el conjunto de España crece  un 14,4%. Sin embargo, en los servicios de restauración, personales y de comercio –por lo general, de escasa cualificación-  la relación se invierte y Asturias registra un alza del 13,1% superior al 7,7%  nacional y a los registrados por nuestros vecinos.

En definitiva, todo apuntaría a que Asturias no sólo crea poco empleo sino que tiende a estabilizar o incluso destruir el cualificado,  para ampliar el de media y baja cualificación. Justo al contrario que en las regiones vecinas  y el conjunto de España, donde más de la mitad de los nuevos empleos lo son de alta cualificación. Puede argüirse que la EPA, en desagregaciones regionales, presenta niveles significativos de error, o la creciente estacionalidad del trabajo. Pero la pauta se repite para otros trimestres y fuentes alternativas, como el registro de afiliación a la Seguridad Social, corroborarían algunas tendencias.  Sin ir más lejos,  el interanual de afiliación de marzo refleja un incremento del 1,3% -el más bajo de todas las autonomías- frente al 3,3% nacional. Y todo ello a pesar del excelente dato de PIB de 2017, impulsado en parte por una industria en aparente expansión.  Y la EPA para el tercer trimestre de 2018 indica que Asturias es la única región española que destruye empleo durante el último año.

Hace décadas que Asturias tiene el empleo congelado. El número de ocupados es inferior al de 1976, mientras que el nacional es un 50% superior. El descenso del paro es consecuencia, mayormente, del declive demográfico y no de la creación de empleo. Empleo que, además, no parece crecer ni en la intensidad ni en la dirección deseable.

Saltan las alarmas demográficas. Pero deberían saltar las alarmas laborales. Sin empleos atractivos, Asturias, salvo por precios,  carecerá de reclamos para que los jóvenes decidan vivir entre nosotros y tener hijos aquí. Quizá debamos entender que la demografía es consecuencia de tendencias más profundas.  Y son esas tendencias -y sus causas- las que, cuando no funcionan –y no lo hacen desde hace décadas- deben ser profundamente corregidas.

Una región en la situación de Asturias no puede tener una fiscalidad escasamente competitiva con el resto de España, que no constituye un acicate, precisamente, para empresas y particulares en una region que necesita inversión foránea. Una región como Asturias no puede permitirse el paliativo a corto plazo del gasto corriente (lo que algunos denominan “inversión” social) en detrimento de la inversión pública (en sectores estratégicos) y privada para el futuro. Una región como Asturias no puede entretenerse en estériles debates identitarios o sobre la oficialidad de esa paleoneolengua que nadie usa en nuestro territorio.  Y una región como Asturias requiere transitar poco a poco de las políticas de captación de rentas -nacionales  comunuitarias, cada vez más escasas, competidas y exigentes- a la generación de rentas.

Asturias necesita de una clase política y de liderazgo político. Claro que, si es posible, mejorando los sistemas de selección de élites. Pero necesita, sobre todo, de liderazgos sociales, que se sacudan ese conformismo que parece corroer el envejecido tejido social asturiano, libererando energías de esa Asturias que quizá sea nustra última esperanza: joven, animosa, con cierto punto rebelde, innovadora, que despunta en sectores como el tenológico, desde luego, pero tambièn en la agroganadería, el diseño industrial o los servicios más avanzados. También en las Administraciones Públicas. Capaces de trabajar de forma colaborativa, ya sea entre sectores económicos, empresas cmpetidoras o en partenariados público-privados. Grupos sociales capaces de ir más allá del eterno y estéril debate circular, sugiriendo  nuevas políticas públicas y e impulsando su realización práctica. Políticas que supongan un cambio sobre lo que, hasta ahora, no ha permitido sobrevivir, y no ahondar en más de lo mismo.

Revertir, en suma, la tendencia declinante del último medio siglo. Ojalá en medio siglo más -y si es antes, mejor- suenen yo ya las alarmas, sino el repique de campanas por haberlo logrado.

Durante el último cuarto de siglo, hemos transformado radicalmente durante nuestras ciudades. Muy especialmente un puñado de ellas, casi iconos mundiales. Barcelona, con la Olimpiada y su apertura litoral; Bilbao, regenerando la Ría y el bocho, con el Guggenheim por estandarte; Valencia, recuperando el cauce del Turia. O, por qué no, ciudades medias como Santiago, armonizando sabiamente lo viejo y lo nuevo. O Burgos. O…  Renovando y diversificando, casi todas ellas, su estructura económica: Bilbao, muy especialmente; pero Valencia  o Burgos no se quedan atrás.

Madrid, sin embargo, no figura. Y ello a pesar de la exitosa, ejemplar, gentrificación del casco histórico -Letras, Chueca, Malasaña, Lavapiés,…-  o de la recuperación de la ribera del Manzanares, abriendo espacios públicos donde había autopistas. Quizá el proyecto de regeneración urbana más importante de Europa, aunque lastrado por su periferia y el protagonismo que un río que, más que río, es aprendiz represado.  Algunas iniciativas pioneras en  políticas públicas, como el Samur o algunas políticas de  vivienda, han pasado desapercibidas, justo al contrario que en Barcelona, donde programas con menor impacto pero mejor venta, apuntalan su percepción de ciudad vanguardista.

Madrid ha sufrido siempre una mala relación con el resto de España, las “provincias”. Pasa también con Londres en el Reino Unido. O en Francia, donde París convive con la paradoja de que ser percibida al margen de los ritmos profundos del país, pero también como icono patrio, con su urbanismo y cultura tan “pour épater”, tan “chic”. Los escenarios urbanos de Madrid pasan por anodinos, y los “gatos” –no digamos los españoles- se preocupan poco por embellecerla. Pocos en España apreciamos una ciudad que posee alguno de los mejores espacios urbanos del mundo, como ese paseo del Prado-Recoletos herido por el tráfico, oculto por un arbolado desmañado, aunque a la altura conceptual de ámbitos como Unter den Linden, National Mall o los Campos Elíseos. Madrid, además, ha forjado una base económica que la convierte en motor económico de España, captando hasta el 50% de la inversión exterior o siendo sede el 40% de las 200 mayores empresas españolas, situándola en posición de competir con Milán o Frankfort  en ese segundo escalón mundial de ciudades, sólo por detrás, en Europa, de Londres y París. Ese es el escenario de competencia de Madrid.

Ahora ha tomado el poder en Madrid, agazapado tras la abuelita como el lobo del cuento, y aupado por votos ajenos, un grupo que confunde su micromundo deshumanizador y bárbaro de profesionales de la subversión con una realidad compleja  y plural que les disgusta y pretenden ahormar a su peculiar cosmovisión.  Con un programa corto de miras, de urgencias y “comunas”, quieren parar la ciudad. Empezando por la Operación Chamartín o Distrito Castellana Norte, una actuación estratégica para Madrid y para España, en línea con otras acometidas por Frankfort, Milán, Berlín o Amsterdam. Sería una de las piezas que necesita Madrid  para transformarse  definitivamente en ciudad mundial. Y es factible. Pero Chamartín representa justamente  lo que ellos detestan.  Creo que, como la conservación del Paseo del Prado o la del Madrid de la Ilustración en general, Castellana Norte debería  ser asunto de Estado, salvaguardado de vaivenes políticos, como corresponde a una metrópoli que, en un mundo donde las ciudades son, cada vez en mayor medida, protagonistas, constituye uno de los principales escaparates y motores económicos de la nación.

Usos y costumbres que han condicionado el pasado socioeconómico de la región. Porque como grupo de presión –aún recuerdo, hace cosa de quince años, a quienes, y no sólo desde el PSOE, reivindicaban su capacidad para “pegar un puñetazo encima de mesa”- el SOMA ha sido decisivo en el mantenimiento a las subvenciones a la explotación de Hunosa, primero, y en la gestión de los denominados “Fondos Mineros”, después. La suma de ambos -¿alguien la ha hecho?-  a lo largo de las últimas décadas arrojaría cifras asombrosas, seguramente superiores a la capacidad de inversión del Gobierno regional y, visto lo visto, de lo que se era capaz de gestionar. Y sin embargo, a finales de la pasada década, las primeras evaluaciones sobre el impacto de los Fondos mostraban su incapacidad no ya para desligar la evolución territorial de los municipios mineros de la de Asturias, mejorándola, sino siquiera para revertir o al menos atenuar su tendencia declinante. Sus efectos eran inversamente proporcionales al gasto efectuado sobre los territorios. Entre otras causas, ese chantaje de paz social a cambio de transferencias nos ha conducido a ser la región de España con menor crecimiento y más dependencia, con algunos indicadores similares a los extremeños como, sin ir más lejos, la ocupación. O el nivel de subvenciones. Algo impensable hace medio siglo.

2014 parece  haber sido el de la implosión del SOMA. Pero también el de la desaparición de la vida pública de figuras claves de nuestro “establishment” que han marcado la vida económica de la región a lo largo de las últimas décadas. Esa renovación en las élites económicas, más el crecimiento económico y un mapa político astillado tras los comicios de mayo, propician la oportunidad para reflexionar responsablemente sobre la reforma de los fundamentos políticos, sociales y económicos de Asturias. Naturalmente, las inercias de tantos años pesan mucho, quizá demasiado. Algún neopartido –realmente, una de sus facciones-  impulsa un documento que ha llamado “Asturias 2030”. Todos, los demás partidos y también la sociedad asturiana en su conjunto, deberíamos mirar hacia el futuro, trazando un horizonte estratégico y un plan de acción realista, consensuado, para la región. Desde la sociedad civil empiezan a surgir ya propuestas interesantes.

Envidio cómo trabajan en otros países: en Francia, por ejemplo, comisiones parlamentarias multipartidistas proponen estrategias consensuadas sobre infraestructuras o política industrial a largo plazo que luego trasladan al gobierno. Impensable en España, no digamos en Asturias, más allá pactos antiterroristas –sin duda necesarios- y otros quizá menos confesables. Ojalá tras exorcizar el pasado podamos mirar conjuntamente al futuro.       

Un nacionalismo lindante quizá con el revanchismo que persigue, como último objetivo, “aislar a Merkel” para lograr esa ansiada segunda quita de una deuda cuya carga financiera, ahora mismo, supone sólo el 4% del PIB. Menos que a Italia. Se recuerda para ello el precedente de la condonación a Alemania, en 1953, del 60% de su deuda externa, ligándola subrepticiamente  a la devolución de la “indemnización” (más los intereses) que la Grecia ocupada fue obligada a pagar a Alemania. El nuevo gobierno convertiría así la negociación sobre la deuda en un problema casi bilateral, cuando lo es, como mínimo, comunitario. Soslaya sin embargo que aquella quita de 1953 poco paralelismo tiene con la griega: Alemania , divida en dos, honraba su deuda, lo condonado fueron básicamente las reparaciones de Versalles y, sobre todo,  Alemania crecía vigorosamente desde 1949, cuando Erhard impuso una audaz y catártica liberalización económica; muy contestada, por cierto, por partidos, sindicatos y ocupantes. Pero tuvo tal éxito que Alemania pudo acordar, cuatro años después, que la deuda restante se pagaría con el 3% de su superávit exterior. Y así fue hasta 2010. La quita apenas afectó a la economía germana. Ni fue causa de su “milagro económico”, sino casi una consecuencia, una reparación moral por los excesos de 1919.

También creo intuir algo parecido a lo que en España llamamos casticismo, defendiendo el carácter nacional griego. Aparece, latente, cuando se denuncia como causa de su tragedia a la supuesta austeridad, un valor burgués, quizá protestante, propio de sociedades ricas, ajeno por tanto al mundo mediterráneo contemporáneo. Pero si la Unión Europea quiere serlo, lo tiene que ser con todas las consecuencias.  Bien está beneficiarse de fondos estructurales, rescates o quitas, pero a la larga deberíamos preguntarnos, asumiendo las consecuencias, si ciertos rasgos de nuestros “caracteres nacionales”, que tanto criticamos hasta verlos amenazados –en España, al menos, desde Esquilache- son compatibles con una cosoberanía económica y política de aroma casi inevitablemente calvinista, obligada por una  competencia  global cimentada en el rigor, la tecnología y el conocimiento. Valores que parecen  ausentes no ya del programa de Syriza, sino del  ADN de una Grecia que, más allá de los sobresaltos económicos o diplomáticos que pueda ocasionarnos, “corre el riesgo, como señala el sociólogo Kelpanides, de revertir todos los avances logrados en trasparencia y probidad,  incrementando la corrupción, el nepotismo y los males ancestrales del estado griego contra los que se ha luchado durante estos años”. De la catarsis a la hibris. Para tomar luego el camino inverso. Pura tragedia.   

Uno de los asuntos más interesantes que se planteó es en qué nos había cambiado a mejor la Gran Recesión.  Coincidíamos en que uno de esos cambios era la internacionalización de nuestras empresas. Creo que todos conocemos a algunas, centradas en el mercado local, a veces utilizando redes clientelares agotadas por la escasez inversora pública, transformadas ahora en exportadoras de buena parte de su producción. Las cifras son elocuentes: las firmas exportadoras han pasado de unas 90.000 a más de 150.000 -evidentemente, no todas son grandes- durante los años de crisis. Resultado: las ventas de bienes y servicios al exterior han escalado del 25% al 35% del PIB, ratio superior al francés, británico, italiano o japonés. Son esas empresas las que nos han permitido sobrellevar la crisis, sustituir ventajosamente a la construcción y sus subsidiarias  y consolidar la recuperación, sumando records de exportaciones mes a mes, incluso en un entorno internacional adverso como el actual. Más allá de las multinacionales extranjeras instaladas en España, es mérito de miles de empresarios y comerciales que, con sus maletines llenos de catálogos, se han pateado el mundo en busca de mercados para sus bienes y servicios. Un hito que, sin duda, ha enriquecido la visión del mundo de nuestro tejido empresarial.

Sin embargo, apuntaban algunos, todo ese esfuerzo  tiene debilidades. Nuestras empresas son pequeñas –tamaño medio inferior a cinco empleados, un tercio del alemán-  y cooperan  poco. Adolecemos de  conocimiento de idiomas. Pero también, señalaban, aparece la escasa internacionalización de la sociedad española en su rol de acompañamiento y soporte de esa labor exportadora, especialmente a países “exóticos”, no euroamericanos, tan “distintos”, como China, India, Catar, por señalar algunos en los que la presencia española es, con loables excepciones, y pese a los esfuerzos, aún muy escasa. Por supuesto, como parte de la sociedad incluían a las administraciones públicas o a la universidad. Porque ¿cuántos acuerdos de verdadero alcance tienen firmados nuestras universidades –y la de Oviedo en concreto- con China, Catar,…? Desconocemos casi todo de esos países  en los que tanto nos cuesta entrar –desde sus necesidades a su cultura, o “cómo hacen las cosas”- y que deberían ser estratégicos para nuestras empresas. La intensificación del intercambio cultural, educativo e investigador y un conocimiento mutuo, cosmopolita y respetuoso con las respectivas identidades, constituirían un capital social valiosísimo para esa labor de  acompañamiento y apoyo a nuestras empresas en esos mercados. Podría ser un objetivo para 2015. Nos va mucho en ello.  

Plan Nacional de Autopistas de 1964

La presencia del presidente del Gobierno aportará notoriedad a la inauguración del tramo que, por fin, cierra la A-8 o autovía del Cantábrico. Un hito nacional que, tras medio siglo de trabajos, culmina mañana. Porque fue en 1964 cuando el Plan Nacional de Autopistas de Peaje propuso la construcción de una vía de alta capacidad que uniera a Asturias con Bilbao y Francia, y con el corredor Mediterráneo a través del Ebro. O lo que es lo mismo, unir las principales áreas industriales españolas mediante autopistas de pago.  El Plan, más o menos, se fue cumpliendo hasta 1975, cuando se paraliza la concesión de nuevos tramos, estando ya  700 kilómetros en explotación y 1.426 en construcción. Las autopistas del Mediterráneo, del Ebro, del Huerna, de Cádiz o del Atlántico son consecuencia de aquel Plan.  Quedó sin construir el corredor del Cantábrico, con la excepción de los tramos de mayor congestión: Bilbao-Behobia, abierto al tráfico entre 1970 y 1972, bastante renovado desde entonces, y nuestra “Y”, aparentemente metropolitana pero en realidad extremo occidental de aquella Transcantábrica, cuyos primeros anteproyectos datan precisamente de 1964, y que se fue poniendo en servicio entre 1973 y 1976.   

Aquel Plan era, visto con perspectiva,  casi visionario. Tributario de una época donde el futuro estaba marcado por el automóvil y las autopistas. Pero quizá no fuera ajena a esa anticipación la posterior nacionalización de unas concesionarias quebradas. Y es que con las autopistas quizá se cometió el mismo error que luego con el AVE, soslayando la actualización de las viejas carreteras para sustituirlas directamente por otras avanzadísimas y sobredimensionadas para los tráficos soportados en aquellos años.  Un ejemplo: la Intensidad Media Diaria (IMD) a la altura de Llanes allá por 1960 era de 700 vehículos –uno cada dos minutos- y aún en 1970, pese a cuadruplicarse, registraba sólo 2.500 circulaciones. Por ello, más razonable que aquella autopista fue la puesta en marcha del Plan Redia, que desde 1967 actualizó la traza de muchas carreteras, en su mayoría sin recibir modificaciones sustanciales –salvo estrechamientos  decimonónicos- desde el siglo XVIII.  Es al plan Redia al que debemos el aspecto actual del tramo Oviedo-Unquera de la N-634 –creo recordar que los carteles de obra de entonces la llamaban “Ruta Esmeralda”- que cumplió más que dignamente con su misión hasta hoy mismo, soportando IMDs de unos 13.000 vehículos, nada excesivos para una buena carretera.

Luego fueron llegando el Plan Nacional de Autopistas de 1973, truncado por la crisis del petróleo, pero que mantenía y ampliaba la Transcantábrica hacia Galicia, y el controvertido Plan de Carreteras de 1984, el de las (malas) autovías “de primera generación”, que la suprimió en su traza asturiana, con excepción del tramo Oviedo-La Secada, abierto a finales de los años 80. A cambio, se mejoró radicalmente el tramo costero de la carretera  en dirección a Galicia. Tras largas reivindicaciones, la trama astur de la A-8 fue recuperada por el Plan Director de Infraestructuras de 1993, acelerándose su construcción a partir de 1997, permaneciendo  en los Planes posteriores, PIT y PEIT. Es precisamente en 1997 cuando se recurre judicialmente la traza a su paso por Llanes, retrasando hasta hoy su conclusión.

Para los nacidos y criados durante tan larga gestación, las conversaciones sobre las carreteras astures, sus avances, modificaciones y deficiencias forman parte de nuestra memoria. Constituían  ya parte de la cultura astur como las conversaciones sobre el tiempo. Como aquellos viajes míticos  de dos horas a Llanes, o de cuatro hasta los confines occidentales de la región, haciendo promedios de 40 o 50 kilómetros por hora. Tiempos en los que las rectas de Otur o Villamayor proporcionaban  alivio al conductor y a unos pasajeros  mareados por  tanto remontar y descender valles y ballotas o por seguir las retorcidas riberas fluviales. A medida que avanzaban  las autopistas por y hacia otras regiones –País Vasco, Cantabria, Galicia, sobre todo- más sentíamos nuestro aislamiento,  culpando a las malas carreteras del creciente retraso industrial y económico del Principado. Las malas carreteras eran, junto con el ferrocarril y el aeropuerto, el chivo expiatorio de nuestra decadencia, por más que su mejora y la construcción de variantes de población –Nava, Infiesto, Arriondas- las dejaran bastante aseadas hace ya casi dos decenios. También aparecía latente eso tan asturiano de “no ser menos que los demás”. En cualquier caso, la preocupación por las carreteras en Asturias bien merecería un análisis. Porque de tanto aventarla, nos hemos dotado de una red sobredimensionada y redundante. Y aún hay quien exige más. Y eso a pesar de que cuando el CIS preguntaba a los asturianos por sus preocupaciones, las infraestructuras ocupaban siempre un lugar muy rezagado, citadas sólo por entre el 2% y el 6,5%, según épocas, de la población. Preocupaban menos que las drogas o el terrorismo. También que el envejecimiento y las despoblación. Y no más que a los españoles de otras regiones. No quiero pensar que la preocupación fuera azuzada  por intereses espurios; quizá pasaba que concebíamos las carreteras con un enfoque erróneo, localista y no estratégico.

Fuera como fuera, obcecados, y no sin cierta razón, con el estado de nuestras  infraestructuras, no nos dábamos cuenta de que el problema de base no eran las vías de comunicación, sino otros. No reparábamos en que a medida que las carreteras mejoraban, nuestra economía empeoraba, siquiera relativamente. No nos percatábamos de que  la estructura económica asturiana era fruto de una centuria de aislamiento proteccionista, de que buena parte de nuestro comercio, de nuestras fábricas, se beneficiaban precisamente de lo cerrado de nuestra región. De que las carreteras, de que los trenes, puertos y aeropuertos, sirven para llegar, pero también para marchar. De que si  nos comunican con una ciudad o región más grande o más atractiva, a una distancia-tiempo razonable, será la más atrayente  la beneficiaria de la nueva comunicación y no a la inversa.  De que, en fin, dado lo que éramos, las malas comunicaciones constituían casi una fortaleza  y no una debilidad. El cierre de Coca-Cola constituye el último ejemplo. Quizá por ello, tras poner en servicio docenas de kilómetros de autopistas, la población de Asturias es ahora la misma que en 1970 –poco más de un millón de habitantes, aunque mucho más envejecidos- y nuestro empleo menor –y también distinto, claro- al de entonces, mientras que en el conjunto de España han crecido ambos, aun con los efectos  de esta última crisis, un 40%.

Qué duda cabe de que está muy bien disponer de magníficas autopistas, enormes puertos o modernos ferrocarriles y aeropuertos. Pero es aún mejor disponer de un tejido económico puntero y competitivo, atractivo, que los demande, use y rentabilice. El País Vasco sería la referencia. Porque  las infraestructuras no deben ser un objetivo en sí mismo, sino una herramienta por la que hacer entrar y salir flujos de mercancías y visitantes. Y dada la  estructura de  nuestro comercio exterior, con la mitad de las exportaciones encuadradas en los rubros del hierro, acero, cinc y sus derivados, y constituyendo la base del comercio con el resto de España carbón, hierro, chatarra y leche, tan susceptibles todos de transporte marítimo o ferroviario, las carreteras no jugarán un papel decisivo en su mejora.

Vivimos en la era global. Y en global hemos de pensar. Los grandes corredores ferroviarios y marítimos, las redes digitales parecen si no sustituir, sí complementar a las autopistas, que ya no constituyen el único camino por donde discurre el futuro. Asturias tiene poco atractivo y escasa nombradía. Es pequeña demográfica y políticamente y tampoco tenemos un hinterland potente: Lugo, León, La Ruta de la Plata, constituyen las comarcas más deprimidas de España por su escaso dinamismo económico, social y demográfico. Coruña y Pontevedra han consolidado una potente relación con Portugal, lo que ellos denominan Eixo Atlántico, al que no es ajeno la autopista proyectada y construida durante los años 70. Los territorios más dinámicos –Madrid, Levante, Cataluña, Aragón- nos quedan lejos. Tenemos que disputar con Bilbao, con Santander, con Vigo, la captación de tráficos de entrada y salida de mercancías desde y hacia  el resto de España, básicamente los generados por el dinámico eje industrial Burgos-Palencia-Valladolid. O atraer producción a Asturias. Deberíamos estar atentos, también, a posibles oportunidades como el Tratado de Libre Comercio Atlántico, que podría transformar la periférica fachada atlántica europea en lugar central de ese vasto espacio comercial.  Asturias pasaría a formar parte de esa centralidad, compitiendo con Bilbao, Vigo  o Santander, pero también con Oporto, Burdeos, Nantes o Southampton.  Y la autovía, combinada con los ferrocarriles y los puertos ahora infrautilizados, podría consolidar esa proyección atlántica. Démosles una vida que vaya más allá de la mera función metropolitana –vivir en Pola de Siero o Colunga  y trabajar en Arriondas, por ejemplo- y regional o de facilitar los flujos turísticos, tan necesarios como insuficientes y que tanto han beneficiado al Oriente.

Celebremos la conclusión de la A-8, pero siendo conscientes de que no debería ser el final de nada, sino el principio de algo. Se acabó el chivo expiatorio. Ahora tampoco debemos buscar otros. Asturias tiene resueltas o a punto de resolver en el caso del ferrocarril (por cierto, el primer proyecto de túnel bajo Pajares data de 1953) sus comunicaciones con el Sur, el Este y el Oeste. Quedaría pendiente resolverlas con el Norte. Con el mundo.  Ahora el desafío es dibujar y ejecutar una estrategia económica clara y renovadora, casi revolucionaria, que transforme a Asturias en un territorio atractivo, competitivo,  para la inversión productiva de medio y alto valor añadido, también como lugar para residir, capaz de aprovechar en un entorno abierto y globalizado todo el potencial de la A-8 y de las demás infraestructuras que hemos  construido a lo largo de este medio siglo. 

Hoy, la crisis económica y financiera parece embridada. 2014 será el primer ejercicio en siete con crecimiento vigoroso y sostenido. Salvo sorpresas, 2015 lo consolidará. Escépticos y agoreros proclaman la falsedad del crecimiento, o que sólo alcanza al 1% de nuestros compatriotas. Pero el comportamiento del consumo, del comercio exterior, del tráfico de mercancías, del uso de transporte público, el de tantos indicadores, apuntan a que son millones las familias que, aunque quizá no incrementen sus menguadas rentas, albergan ya cierta seguridad en el futuro de su economía doméstica. Pero también es cierto que ese crecimiento es consecuencia, en parte, de un déficit público que, aunque reducido a la mitad en tres años, sigue ahí,  espoleado por un gasto social que crece a expensas de la inversión productiva, alimentando la deuda pública y, de paso, la exterior. También lo es que la creciente ocupación –también en número de horas trabajadas-  sufre una precariedad que será difícil aliviar, y más si observamos a lo que ocurre en otros países: recuerden los “minijobs” alemanes o la creciente tendencia a contratar a tiempo parcial (algo que, por cierto, no es necesariamente negativo).  La clave ahora es ¿podremos retomar el crecimiento sin endeudarnos?

Pero todo sugiere que la sinuosa  y gradualista estrategia económica aplicada, no siguiendo al pie de la letra los designios alemanes en cuanto al ritomo de reducción del déficit, pero conteniendo el gasto general, y aun tendiendo más a lo urgente que a lo importante, está triunfando, siquiera por comparación con Francia o, no digamos, Italia, sumidas aún en la recesión y la parálisis.  Un gradualismo a contracorriente, por cierto,  de lo preconizado por muchos expertos, fueran liberales, keynesianos o marxistas, que ahora o niegan la mayor o aseguran, a toro pasado, que mejor aún nos hubiera ido de aplicarse sus recetas. Con todo, y aun siendo positivo el balance, siquiera por dar la vuelta a la recesión, es mucho lo que queda por hacer, desde la racionalización administrativa (esa Ley de Reforma de las Administraciones) a la fiscal, pasando por tantas otras.

Menos positivo es el balance institucional. Coronada con éxito la sucesión en cúspide del estado y comprobado el reflujo del espejismo  independentista tras el gatillazo del  9-N, debería darse paso a una reforma institucional, si no constitucional.  El señor Rajoy parece renuente a  afrontarla. Y lo hace con argumentos tan consistentes  como los favorables. Pero corre el riesgo de no ser él quien reforme al Estado, sino de que se lo reformen. Con todo,  su mayor lastre no está en el presente, sino en el pasado;  en esa corrupción que ahora aflora por los juzgados de toda España –fenómeno novedoso con su parte positiva- y que, afectando a todos los partidos, afecta más al PP, quizá por el ser el que más poder acumuló. El caso Bárcenas es una bomba de relojería adosada  al casco del PP que, directa o indirectamente afecta al futuro del señor Rajoy.

Hace dos años apuntábamos a una clamorosa falta de relato que diera coherencia a una gestión del gobierno a contrapelo de casi todos. Quizá el señor Rajoy sea de esos que hacen mucho pareciendo que no hacen nada. Pero su mejillonesca personalidad, antítesis del líder carismático, no comunica, no conecta con el común de los españoles que buscan precisamente liderazgo, respuestas y soluciones. Algo que quizá no diga mucho en favor de la ciudadanía, pero que está ahí. Y es ahora cuando se  busca el relato de la legislatura, o  enmendar incumplimientos que no lo son, como esa supuesta rebaja impositiva que, salvo para el impuesto de sociedades, no aparece en el programa electoral de 2011. Tarde piache. Porque otros ya han construido por él su relato de la legislatura. Aun así, ya no es el presente, sino el pasado,  lo que pone en  peligro una futura y, si no fuera por ello, casi segura reelección del señor Rajoy. Y es precisamente ese relato del pasado, especiado por ese aroma a corrupción que parece impregnar la vida política, el que va a ser más difícil de enhebrar.

Vista parcial del área industrial de Avilés y la Villa

Los avatares de la planta de Alcoa en Avilés vuelven a poner sobre la mesa el problema estratégico de la energía en España. Por supuesto, el problema de “la alúmina” no es sólo el precio del megavatio. Todo apunta a que constituye una pieza más en la reestructuración global de Alcoa, con seis plantas de producción de aluminio básico (no confundir con plantas de productos elaborados con aluminio) en Europa. Tres en España, San Ciprián, Avilés y Coruña, estas dos últimas con problemas. Dos en Italia, también en proceso de cierre. Y otra, Lista, en Noruega, pequeña pero supuestamente cercana a yacimientos de mineral. Cierres y ventas de plantas similares en EEUU y Canadá refuerzan la hipótesis de la restructuración. Aparecen así dos nuevos elementos: la imprevisión general ante algo que “se veía venir” a poca información que se tenga, y la ausencia de una política industrial, siquiera en Asturias, que supere la conservación a ultranza de un tejido fabril muy básico, con frecuencia obsoleto y de escaso valor añadido, muy contaminante, con plantas que, si bien son muy grandes a escala local, son diminutas en la global. Veremos el desenlace de la previsible movilización laboral, empresarial  y política en las próximas semanas.

Pero volvamos a la energía, excusa o detonante del conflicto. Hace unos diez años tuve que escudriñar la actitud de los consumidores ante la liberalización del mercado eléctrico.  Nadie entendía muy bien eso de la competencia eléctrica. Además, “el recibo de la luz” no constituía un problema. Tenía un precio previsible, algo mayor en invierno,  algo menor en verano. El recibo problemático e imprevisible era el telefónico, cuyos cargos oscilaban sin motivo aparente. Ahora sucede lo contrario. Tras muchas denuncias, quizá también por la incorporación de nuevos operadores, el recibo telefónico no sólo es claro y previsible, sino que los precios empiezan a ser comparables con los de otros países. Por el contrario, el de la luz es cada vez más confuso e imprevisible mientras el precio del  kilovatio está ya entre los más altos de Europa. El usuario sigue sin disfrutar ni entender la competencia. Y, por lo visto, algunas grandes empresas, tampoco.  

Quizá la clave esté en haber abordado la liberalización sin liberalizar. Sin nuevas empresas. La concentración de tan estratégico mercado ha crecido: tres operadores, generadores y comercializadores, previos a la liberalización, se reparten el 90% del mercado. La percepción ciudadana es la de que las empresas eléctricas –muy rentables, según sus cuentas de resultados o su atractivo para inversores- se comportan como un cártel, que impone una maraña de complejas y oscuras regulaciones, siquiera para el profano: costes de transición a la ¿competencia?, sobrerretribuciones al parque histórico de generación (esto es, a las viejas instalaciones, en buena medida ya amortizadas), primas a la generación de renovables (o, lo que es lo mismo, a las nuevas instalaciones) intervención de precios del carbón o subastas de energía no utilizada… Ahora, Alcoa (ya veremos si algún otro) solicita al gobierno que intermedie con los comercializadores (¿no deberían ponerse de acuerdo empresas y suministradores?) o le subvencione la factura eléctrica.  El resultado es que, al final, siempre  paga el ciudadano, bien como usuario o bien como contribuyente. O, peor aún, como parado. Porque el precio de la luz genera alarma social. Pero genera aún más la sospecha de que esté lastrando nuestro desarrollo industrial. Y más si, como en Asturias, ese desarrollo (por llamarlo de alguna manera) se apoya en un tejido industrial de industria básica que consume mucha electricidad.

Primer tópico: España gasta poco en bienestar. Pues resulta que en 2014 España, con  un 27% del PIB de gasto social público, es superada sólo por Francia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Austria y Suecia.  Quizá no por casualidad, países nórdicos o católicos.  Segundo tópico: los “recortes” están desmantelando el estado del bienestar.  Pues es falso. España es el segundo país donde más creció el esfuerzo en gasto social desde 2007, seis puntos, sólo por detrás de Finlandia. Está en máximos históricos. Algo que no ocurre en Grecia, Alemania, Reino Unido… Otra cosa, claro, es que la composición de ese gasto esté cambiando, a lomos de los cambios demográficos y socioeconómicos, primando las prestaciones monetarias (pensiones, desempleo, renta mínima) frente a  servicios sociales. Nuestro estado de bienestar no desaparece. Sólo se transforma. Por cierto, y para los más suspicaces: la caída del PIB por la crisis sólo explicaría menos de dos de esos seis puntos crecimiento. Tercer tópico: la “latinoamericanización” de España.  En Chile o México el gasto social público presenta ratios inferiores al 10%. Como decíamos hace unas semanas, nuestras diferencias con los países más avanzados de Europa, por comparación con los latinoamericanos, pasan a ser de matiz. Cuarto tópico: nuestro gasto social es muy distinto al de otros países. No. Como casi todas las naciones avanzadas, España destina el grueso de su gasto social a pensiones (sobre todo) y a salud. La ratio de gasto público sanitario es similar a la de Suecia, Austria o Dinamarca y algo inferior al de Estados Unidos, Francia o Reino Unido.  Y nuestro gasto en pensiones similar al de Alemania, Bélgica o Finlandia y superior al sueco o danés.  El español es también, por cierto, uno de los sistemas más equitativos del mundo en cuanto a su financiación, más que una Dinamarca,  por ejemplo, donde  se sostiene, en buena medida, sobre el IVA (tipo máximo igual para todos los productos).

Matices. Primero, nuestra renta: 33.000 dólares por 37.000 de Francia y Reino Unido o algo más de 40.000 de Alemania y los países nórdicos. El 27% de 33.000 es menos que el 27% de 40.000. Segundo, tipo de prestaciones: modelos como el nórdico tienden a gastar más recursos en servicios sociales, mientras en España gastamos más en prestaciones monetarias, con especial incidencia en ¡ay! el desempleo (3% del PIB). Tercero, nuestro sistema dedica más recursos a los más ricos que a los más pobres en tiempos de polarización social.  No es el único, desde luego. En Francia o Italia pasa exactamente lo mismo. Pero algo falla. Y, por último, el matiz más importante: la participación del  sector privado en nuestro sistema de bienestar es insignificante, el menor de la OCDE. Algo que nos hace perder puestos al computar el gasto social total, favoreciendo a los países anglosajones, latinoamericanos y, sorpresa, nórdicos.     

Debemos sacudirnos, por tanto, algunos tópicos. Porque quizá estemos levantando diagnósticos sobre premisas erróneas. Y reflexionar seriamente, con fundamento, sobre los retos que suponen esos matices para nuestro sistema de bienestar. Sobre el sistema de bienestar en sí, su tamaño y su financiación. Sobre los recursos que deja libres para, por ejemplo, la inversión y la creación de empleo. Y sobre por qué España, Italia, Francia y Bélgina, los no nórdicos que más gastan en bienestar son aquellos con más problemas, según la UE, para cuadrar sus cuentas públicas. Pero sin flagelarnos. Partiendo de que nuestros recursos son algo inferiores a los de los países más ricos. Continuando por repensar el sistema, haciéndolo más eficiente, atendiendo sobre todo a quien más lo necesita. Y, por último, y quizá más importante, reorientando el consenso social hacia posturas más proclives a la participación privada y cooperativa en nuestro  sistema de bienestar.

Con el hundimiento del “Siempre Cacharelos” en aguas de Luarca son ya cuatro los pesqueros que se han ido a pique en Asturias durante los ocho meses de 2014. No recuerdo si existen precedentes  en años pasados. Pero supongo que tanto percance debería llamar la atención de ciudadanía, marineros, técnicos y responsables políticos. Porque la reacción habitual entre los que vivimos alejados del mundo de la mar es atribuir tanta desgracia al “duro y peligroso oficio de los pescadores”. Pero cuando se analizan los naufragios leyendo prensa o escuchando a los marineros, incluso un lego en asuntos pesqueros aprecia elementos extraños, alejados de la supuesta fatalidad de la vida marinera. Y es que motores diésel potentes, fiables; pronósticos meteorológicos cada vez más precisos o la monitorización de los buques desde torres de control, han dejado atrás hace lustros, quizá décadas, buena parte de aquellos naufragios en medio de la galerna inesperada, a veces con la bocana del puerto a la vista; la falta de gobierno del buque o los provocados por la explosión de las calderas de carbón, tan comunes hasta los años cincuenta.

El trágico hundimiento del “Santa Ana” en aguas de Peñas el pasado marzo, con buena mar y tiempo tranquilo, tras reiterados avisos, sin contestación, desde la torre de control al puente, quizá pueda atribuirse al error humano o a una excesiva confianza en la tecnología de navegación automática. En el caso del “Cacharelos” la causa parece estar en el extraño vuelco producido  por el enredo de los  aparejos con las rocas…

Según Sadei, el valor de las capturas subastadas en las lonjas asturianas se ha mantenido estable a precios corrientes, aunque con altibajos según campañas, en unos 45 millones de euros desde 1992.  La flota, sin embargo, se redujo a la mitad, pasando de las 644 embarcaciones de entonces a 330 en 2011, concentrándose en las de artes menores, de eslora inferior a  14 metros. Si actualizamos el IPC (86% desde 1992) comprobamos que las ventas “formales”  por embarcación –asumiendo que lo rulado en Asturias corresponda básicamente a la flota asturiana, muy especialmente en el caso de las pequeñas embarcaciones, que son las que nos ocupan-  han permanecido constantes durante dos décadas merced a la reducción de la flota y al incremento del precio unitario de las capturas. Sin embargo, los costes han crecido: la tripulación promedio no ha variado, hay que amortizar la renovación de buques no subvencionada y los costes del gasoil, pese al menor tonelaje, se han disparado. Además, las regulaciones son cada vez más alambicadas. Sumen un dato desconocido, pero clave: el “censo” de caladeros, que parece en constante disminución –esta temporada, sardina, xarda,…- y alejamiento –bonito- de nuestras costas. 

¿Consecuencias?  Rentabilizar la actividad requiere faenar en aguas más lejanas o más difíciles y recurrir a tripulaciones menos expertas que asuman peores condiciones de trabajo. Se comenta también el uso de artes de pesca inapropiadas, por características y peso, para pequeñas embarcaciones. Por último, la prolija normativa parece llevar a diseños de casco poco marineros, proclives, superada cierta escora, al vuelco brusco y el consiguiente hundimiento. Quizá  las causas de algunos naufragios apunten por ahí. Y quizá merezcan alguna reflexión.