Dos informes nos alertan de sus disfunciones. La OCDE en su informe “Society at a Glance 2014” avisa de cómo España, gastando un 29% del PIB en bienestar, superior al promedio UE y OCDE, obtiene sin embargo resultados muy magros. O, incluso, sorprendentes. Así, resulta que las capas medias y medias altas de la población reciben más prestaciones que las más bajas.  ¿Cómo puede ser eso, dirán ustedes? Bueno, pregúntense quién dedica más años a estudiar, especialmente en la universidad. O quienes disfrutan del sistema sanitario “gratuito”. O, incluso, quienes reciben mejores prestaciones de desempleo. O mejores pensiones. Y, sin embargo ¿cuáles son las prestaciones por hijos, por ejemplo?  Y más si se trata de mujeres solas y/o en riesgo de exclusión.  Es algo que sucede también en Italia o, en menor medida (no para los hijos) en Francia.  Pero eso no debe ser excusa para no abordar cambios en las políticas de  bienestar, garantizando su universalidad con mayor eficiencia. Piensen que en Francia, Holanda, Alemania o Bélgica, con matices diferenciadores,  llega  a ser obligatorio  contratar un seguro privado que cubra parte –o todo- el coste sanitario, por ejemplo. Y ya comentamos aquí los planes de pensiones: la prestación media en la UE está en torno al 60% de la base de cotización, frente al 80% en España.

El otro pescozón es el ya habitual de cada edición de los informes PISA.  No sólo es que nuestros estudiantes sean académicamente mediocres. Es que, además son torpes a la hora de enfrentarse a la vida real. Y el problema de nuestra enseñanza no es presupuestario: aún con recortes, gastamos lo mismo, casi 10.000 €, por alumno y año, que Finlandia. Parece que está  en otro sitio.  Los expertos de PISA nos proponen reformar el sistema de arriba a abajo: desde la formación, reclutamiento y retribución del profesorado  a la gestión de los centros. Supongo, además, que el tercer pilar de la comunidad escolar, la familia, algo tendrá que ver en esa mediocridad.

Dejado atrás lo urgente de la crisis, quizá toque abordar, junto a la reforma política, la reforma del estado de bienestar. Que, yendo más allá del recorte, puede contribuir, simultáneamente, a reducir el gasto y a mejorar el bienestar. Ciertamente, la estructura social y laboral española es la que es. Y los intereses corporativos son muchos; miren  la polvareda que levanta la LOMCE, siguiendo  recomendaciones PISA. Y la tendencia de nuestra sociedad  a pervertir reformas virtuosas, indudable.  Decía Colombani, sobre Francia, que “el gobierno necesita llevar a cabo políticas socioliberales condenadas por sus electores”.  Valdría para toda Europa. ¿Estamos ante una aporía democrática?

Nos fustigamos por ello pero, en realidad, los resultados nos sitúan donde uno espera estar  al compararse con  la élite mundial de naciones. A cierta distancia de Japón, Australia, Holanda o los países nórdicos. Pero, en la mayoría de los parámetros, junto  a los países más parecidos a nosotros, como Italia o Francia. Compartimos con ellos catolicismo, “cultura” del vino, renta parecida y reciente pasado rural.  El trabajo deja fuera a Portugal, Grecia o buena parte del Este de Europa. Sí aparecen, ocasionalmente, Marruecos, México o Chile. Y, por mediocres que sean nuestros resultados, estamos mucho más lejos de ellos que del pelotón de nórdicos y asiáticos. Por ahora.

Porque, creo, lo  más preocupante que refleja el trabajo es que el estancamiento de nuestro avance en relación con las demás naciones de la OCDE. Sí, progresamos, pero no más que ellas, por lo que consolidamos el retraso. El gran salto adelante educativo en España -según el informe- se observa en la ciudadanía que cuenta ahora entre  45 y 55 años, que avanzó el doble frente a la cohorte anterior -55-65 años- que sus coetáneos de la OCDE. El avance se ralentiza en el grupo de edad 35-45 y se detiene en el de 25-35. Ese gran salto adelante fue protagonizado, básicamente, por la generación que vivió la urbanización española de las décadas de los  años 60 y 70, pero también  la Ley de Educación de 1970, la de Villar  Palasí, aquella de la EGB, el BUP y el COU y la escolarización obligatoria.

El informe escudriña también nuestras habilidades con Internet. Y resulta que no sólo somos menos hábiles que nuestros socios de la OCDE, sino que nos servimos de él menos que ellos para hacer negocios y, desde luego, para interactuar con nuestros representantes públicos…Curioso. Es más, la participación en la vida comunitaria y la crítica institucional resulta directamente proporcional a las habilidades lingüísticas y numéricas. Ni que decir tiene que en España participación y crítica –más allá del bar- son relativamente bajas. También somos un país desigual en habilidades intelectivas. Por último: en todos los países, los mejor formados ganan más y disfrutan de mejor salud.

Quizá tengamos que pensar en cómo romper ese desfase tan consolidado con los países punteros de la OCDE. Y no sólo en formación, sino en todo. Como hicieron y aún hacen Japón y Corea. O no hacen el Reino Unido y EEUU. Colosal desafío. Ignoro si la Ley Wert –por cierto, el ministro menos “político” del gobierno y el peor valorado- será la herramienta apropiada.  Quizá el problema de la polvareda mediática sea que se quede en eso; polvo que se lleva el viento, sin aposentarse para sostener una reflexión nacional sobre esa clave de bóveda  del progreso: nuestra formación.