En lo que se refiere a su acepción estadística, el concepto de área metropolitana consiste, esencialmente,  en un conjunto de municipios de cierto tamaño y densidad relacionados entre sí por vínculos funcionales. La relación suele medirse como proporción de trabajadores que, diariamente, se desplazan de uno de los municipios a otro (commuters). Será l intensidad de esa relación la que decidirá si un municipio forma parte o no de esa área  metropolitana.

El área metropolitana como concepto estadístico estandarizado se acuña, tras décadas de intentos, para el Censo estadounidense de 1950. Surge por la necesidad de definir las aglomeraciones urbanas que, impulsadas por el ferrocarril y el tranvía y más tarde por el coche,  habían surgido por todo el país, superando los límites municipales y el concepto tradicional de ciudad densa, continua, cerrada  y con límites claros, necesitando medirlas y delimitarlas para organizar, por ejemplo, sus redes de transportes.

Desde 1950 el concepto no solo hizo fortuna sino que se transformó.

Hizo fortuna porque durante la década de 1960 fue adoptado por buena  parte de los países del mundo y, muy en especial, en Europa. Francia (poniendo en marcha el OREAM), Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda,… y, por supuesto, también España, aplican el concepto  con vistas a ordenar su territorio.  Los umbrales de población, densidad  y relación que delimitan el concepto de área metropolitana no siempre son los mismos. Tampoco su denominación.  Pero siempre mantienen las premisas iniciales: además de superar un umbral de población –y, cada vez con más frecuencia, de  empleo-  deben existir relaciones funcionales entre los municipios que las componen.

Y, a la par, fue transformándose. Si inicialmente era un concepto esencialmente monopolar –con un solo centro metropolitano- en las últimas décadas se abre a considerar el área urbana multipolar, con varios centros, como Dallas-Fort Worth  en Texas, Douai-Lens en Francia o la Ruhr-Colonia-Dusseldorf alemana. De fijar umbrales de viajes sólo hacia el municipio central se ha pasado a medirlos entre todos los municipios que conforman el área. También se incorporan criterios como  su magnitud económica, el capital intelectual o la inversión en  innovación,… Además, en los Estados Unidos, y  para áreas inferiores a los 50.000 habitantes,  se acuña el concepto de área micropolitana. En el caso de Europa, donde cada país tenía su propia definición, se está intentando unificar criterios a través de conceptos como el Área Urbana Funcional (FUA) que fija  umbrales mínimos de población y de relaciones funcionales (15% de trabajadores en los municipios metropolitanos trabajando en los centrales). Acuñan además el concepto de Poly-Fua cuando se da el caso de dos centros de área que, situados a menos de 30km.,  suman 500.000 habitantes. Se añaden además algunas otras variables que enriquecen el concepto: PIB, PIB por habitante, crecimiento económico, plazas hoteleras, densidad de redes de transportes, estudiantes universitarios, actividad innovadora,… que definen su rango e importancia

Pese a ello, los criterios europeos para delimitar áreas metropolitanas siguen siendo diversos  e incluso confusos y varían no sólo en función de quién lleve a cabo su delimitación (ESPON, Eurostat) sino también en función de qué administración –nacional, europea,…- lleva a cabo la delimitación.

En la actualidad, la Oficina del Censo estadounidense define 374 áreas metropolitanas, mientras que en la UE, con el criterio FUA, se espigan  unas 500 áreas funcionales, 74 de ellas en España, incluyendo las de Oviedo, Gijón  y Avilés. Sin embargo, el Atlas Urbano que edita el Ministerio de Fomento registra 52, siendo la asturiana la séptima en magnitud. Divergencias similares se dan también en Francia, Alemania  y otros países, fruto de esa ausencia de un criterio único de delimitación.

En cuanto a la acepción institucional, caben también algunas consideraciones.

Primero,  buena parte de las áreas urbanas o metropolitanas carecen de  una entidad de gobierno a escala metropolitana. En los años 60 del pasado siglo fueron bastantes las que se dotaron de órganos de gobierno, con frecuencia impulsados y tutelados desde el Estado, como el Gran Londres, el Gran París, o, ya en España, la COPLACO madrileña o las entidades metropolitanas de Barcelona o Bilbao. Pero  no es menos cierto que a partir de los años 70, y por diversos motivos –básicamente, el creciente poder que ostentaban y su supuesto exceso tecnocrático y defecto democrático-   fueron desmontadas, tanto en España como en otros países, a manos de gobiernos de muy distinto color. Sin embargo, y  a partir de la década de 1990, los mecanismos de cooperación supramunicipal metropolitana adquieren renovada vigencia ante la dificultad para gestionar eficientemente, con los siempre escasos recursos públicos, escalas territoriales novedosas, como las metropolitanas, para las que no hay instrumentos de gobernanza. Al mismo tiempo se pretende  mantener la competitividad territorial mediante inversiones –tecnología, transporte, conocimiento- que los municipios, por lo general, no pueden afrontar individualmente.

Segundo, los instrumentos para gobernar esas áreas metropolitanas son muy diversos y casi individualizados para cada caso. En esencia, podemos distinguir tres tipos:

1. Cooperativos, a través de órganos, como consejos metropolitanos o asimilados, en los que están representados los municipios que, voluntariamente, deseen adherirse él, por lo general una comisión. Carece de estructura administrativa y simplemente busca acuerdos en determinadas estrategias. Es la elegida para el caso asturiano.
2. Cooperativos mediante consorcios a los que los municipios implicados pueden adherirse libremente. Tiene estructura y potestades administrativas.
3. De coordinación, mediante una entidad como el área metropolitana que, en España, establece la Ley de Bases de Régimen Local, y de adscripción forzosa para los municipios afectados.

Por centrarnos en los dos principales países europeos, Francia utiliza los Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) para constituir 15 metrópolis con más de 400.000 habitantes.   Alemania, que ha reducido drásticamente el número de municipios utilizando como base lo que aquí denominaríamos la comarca, ha establecido once espacios de cooperación administrativa, denominados Metropolregion, con competencias en transportes, cultura, medioambiente o salud. En ambos casos han sido impulsados desde el Estado.

En España, de las, según las fuentes,  50 a 70 áreas urbanas existentes, sólo dos funcionan, siquiera parcialmente como tales. El Estado, al menos desde 1980, no ha impulsado la creación de entidades de  cooperación o coordinación supramunicipales  metropolitanas.

Bilbao lo hace a través de una asociación –sí, han leído bien- llamada Metrópoli-30, creada en 1991 y que incorpora a los municipios del Gran Bilbao pero también a la Diputación de Vizcaya, al Gobierno Vasco y al Estado a través de Adif y Renfe. Pero quizá lo más interesante es que suma también a la sociedad civil: grandes empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, grupos editoriales,… La misión de Metrópoli-30 es la de realizar estudios estratégicos y proponer actuaciones que se desarrollan a través de un Consorcio (Bilbao Ría 2000) que casi superpone integrantes con Metrópoli-30.  Andan enfrascados ahora en las estrategias de Bilbao para 2035.

Barcelona es un área metropolitana como tal, de tipo c), integrada por los municipios de Barcelona y su cinturón.  Creada en 1968, disuelta en 1987 y refundada en 2009, tiene competencias sobre medioambiente –básicamente agua y residuos- transporte en autobús y vivienda, ámbito en el que ha llevado a cabo una docena de promociones de vivienda social, mayormente en propiedad.

No hay más entidades de cooperación o coordinación  supramunicipal metropolitana operativas en España. Pero conviene recordar que en Asturias, desde la década de 1960, se pusieron en marcha varios consorcios  supramunicipales con competencia sobre asuntos específicos  que funcionan, si bien a escala regional, con éxito: Cadasa, en 1967, competente sobre la gestión del agua, Cogersa, en 1983, para gestionar los residuos y el CTA,  con enorme potencial –no utilizado en plenitud- para gestionar la movilidad, en 2002. Además, a  un  organismo como la CUOTA, en el que participan algunos ayuntamientos,  la ley le atribuye potencial, no utilizado, como herramienta para ordenar el territorio.  Faltaría entonces la creación de una entidad que incorpore a los municipios, para que, compartiendo las competencias que la ley les otorga, cooperen en el establecimiento de estrategias conjuntas, determinando qué actuaciones clave son necesarias para implementarlas, así como dónde y cómo deben  llevarse a cabo, utilizando y coordinando para ello, si es menester, a los consorcios o entidades similares, existentes o por existir. Y es justamente eso lo que establece el convenio firmado por el Principado y cinco ayuntamientos, poniendo en marcha la Conferencia Metropolitana,  formada por los firmantes –actuales  y futuros- más el Estado, como titular de actores claves como Adif, Renfe-Feve o Fomento,… y la sociedad civil.

Durante el último cuarto de siglo, hemos transformado radicalmente durante nuestras ciudades. Muy especialmente un puñado de ellas, casi iconos mundiales. Barcelona, con la Olimpiada y su apertura litoral; Bilbao, regenerando la Ría y el bocho, con el Guggenheim por estandarte; Valencia, recuperando el cauce del Turia. O, por qué no, ciudades medias como Santiago, armonizando sabiamente lo viejo y lo nuevo. O Burgos. O…  Renovando y diversificando, casi todas ellas, su estructura económica: Bilbao, muy especialmente; pero Valencia  o Burgos no se quedan atrás.

Madrid, sin embargo, no figura. Y ello a pesar de la exitosa, ejemplar, gentrificación del casco histórico -Letras, Chueca, Malasaña, Lavapiés,…-  o de la recuperación de la ribera del Manzanares, abriendo espacios públicos donde había autopistas. Quizá el proyecto de regeneración urbana más importante de Europa, aunque lastrado por su periferia y el protagonismo que un río que, más que río, es aprendiz represado.  Algunas iniciativas pioneras en  políticas públicas, como el Samur o algunas políticas de  vivienda, han pasado desapercibidas, justo al contrario que en Barcelona, donde programas con menor impacto pero mejor venta, apuntalan su percepción de ciudad vanguardista.

Madrid ha sufrido siempre una mala relación con el resto de España, las “provincias”. Pasa también con Londres en el Reino Unido. O en Francia, donde París convive con la paradoja de que ser percibida al margen de los ritmos profundos del país, pero también como icono patrio, con su urbanismo y cultura tan “pour épater”, tan “chic”. Los escenarios urbanos de Madrid pasan por anodinos, y los “gatos” –no digamos los españoles- se preocupan poco por embellecerla. Pocos en España apreciamos una ciudad que posee alguno de los mejores espacios urbanos del mundo, como ese paseo del Prado-Recoletos herido por el tráfico, oculto por un arbolado desmañado, aunque a la altura conceptual de ámbitos como Unter den Linden, National Mall o los Campos Elíseos. Madrid, además, ha forjado una base económica que la convierte en motor económico de España, captando hasta el 50% de la inversión exterior o siendo sede el 40% de las 200 mayores empresas españolas, situándola en posición de competir con Milán o Frankfort  en ese segundo escalón mundial de ciudades, sólo por detrás, en Europa, de Londres y París. Ese es el escenario de competencia de Madrid.

Ahora ha tomado el poder en Madrid, agazapado tras la abuelita como el lobo del cuento, y aupado por votos ajenos, un grupo que confunde su micromundo deshumanizador y bárbaro de profesionales de la subversión con una realidad compleja  y plural que les disgusta y pretenden ahormar a su peculiar cosmovisión.  Con un programa corto de miras, de urgencias y “comunas”, quieren parar la ciudad. Empezando por la Operación Chamartín o Distrito Castellana Norte, una actuación estratégica para Madrid y para España, en línea con otras acometidas por Frankfort, Milán, Berlín o Amsterdam. Sería una de las piezas que necesita Madrid  para transformarse  definitivamente en ciudad mundial. Y es factible. Pero Chamartín representa justamente  lo que ellos detestan.  Creo que, como la conservación del Paseo del Prado o la del Madrid de la Ilustración en general, Castellana Norte debería  ser asunto de Estado, salvaguardado de vaivenes políticos, como corresponde a una metrópoli que, en un mundo donde las ciudades son, cada vez en mayor medida, protagonistas, constituye uno de los principales escaparates y motores económicos de la nación.

1. La demoscopia funciona, aún en situación de incertidumbre electoral. Y funcionó mejor según se acercaban los comicios. En cualquier caso, la media de las encuestas de hace mes y medio ya anticipaba resultados. Y digo la media: contempladas una por una tendían a favorecer al partido más cercano al medio que las contrataba. Y todas, sin excepción, sobreestimaron el auge de los neopartididos: Podemos, sobre todo, pero también algo el de Ciudadanos.
2. La participación ha sido inferior a la esperada: la mayor implicación de las izquierdas -Podemos- se compensa con la abstención de las derechas.
3. El denominado bipartidismo no desaparece. Es más, en  Andalucía gana peso electoral con respecto a los comicios europeos, básicamente  por los dos puntos que recupera el PP desde entonces.
4. El PSOE se mantiene fuerte en Andalucía. Pierde unos cien mil votos, respecto a las pasadas regionales. Pero no debemos olvidar que los de 2012 fueron los peores resultados del PSOE en décadas. Deja por tanto de ser el partido hegemónico, aunque sí será el principal sin el que no es posible formar gobierno.  Y ello porque pierde a las capas medias urbanas, manteniendo su hegemonía sólo en el rural. En el reparto de escaños le beneficia la división de sus adversarios.
5. El caso del PP es el contrario del socialista: partía de los mejores resultados alcanzados jamás, que le dieron la victoria. El retroceso es enorme –pierde una tercera parte de sus votos- si se compara con 2012, pero no se aleja en exceso de su media histórica. Y, como señalábamos, mejora su peso respecto a las europeas. Sigue siendo un partido de capas medias urbanas. Quizá maduras e incluso envejecidas. Paga la gestión, exitosa, aunque extremadamente difícil,  de la crisis. Pero, sobre todo, el amontonamiento de casos de corrupción. Y se abre, definitivamente, una fractura a la derecha, similar a la de Podemos en las izquierdas: el voto perdido por el PP migra, básicamente, a Ciudadanos, aunque también a la abstención o…al PSOE (para parar lo que parecía un Podemos arrollador). Habrá que estar a la espera de un saneamiento a fondo del PP que, regenerado e impulsado por su gestión económica, podría seguir siendo un partido de amplias mayorías y no victorias ajustadas, con capacidad para gobernar con pactos puntuales. No parece, por ahora, que se vaya a repetir el caso de la implosión de UCD. Pero lo complicado es regenerarse estando en el poder.
6. Ciudadanos recoge esa fatiga del PP –además de engullir a UPyD que, quizá injustamente, desaparece-  consiguiendo un notable resultado urbano pese a sus debilidades estructurales –apenas tiene organización- y de candidato. Pero ha demostrado tener una marca fuerte y un líder y un discurso reformista, regeneracionista; ambos atractivos. Con todo, no alcanza plenamente las expectativas demoscópicas. se está convirtiendo en bisagra perfecta, un rol que tendrá que administrar con cautela
7. Podemos se convierte, paradójicamente, en el gran derrotado de la noche electoral: sus resultados le descartan como alternativa de gobierno. Alcanza, sin duda, un buen resultado, pero muy por debajo de las expectativas, que llegaron a situarle como segunda fuerza. La que parecía su principal fortaleza, el voto urbano joven y talludo, no fue tal, y sus resultados hubieran sido aún peores si no fuera por el rural: la alianza con el Sindicato de Jornaleros le ha permitido salvar los muebles. Se desmonta el principio de transversabilidad: no es posible recoger, a la vez, el voto jornalero y el voto “hipster”. Lo que no implica que, en efecto, se detecte cierta difuminación ideológica en la ciudadanía. Pero Podemos, tan de izquierdas,  no es en mejor instrumento para canalizarla.
8. Una extrapolación de estos resultados para el conjunto España daría unos resultados aproximados de PP 31%, PSOE 26%, Podemos 15% y C´s 10%.
9. En el caso de Asturias, que cuenta con el errático comportamiento de Foro y la inexistencia de Ciudadanos como partido solvente en la región, los resultados ahora mismo podrían ser, más o menos, PSOE 25%, Podemos 20%, PP 18%,  Ciudadanos 10%, Foro  8%, IU 7%, UPyD, 3%.
10. En definitiva, todo apunta a que la ruptura constitucional no está en la agenda ciudadana. Pero sí, y muy clara, la reformista. También el final de  las mayorías absolutas. Y una fragmentación del mapa político, reflejo de la creciente diversidad social. Un fenómeno paralelo al que se detecta en toda Europa. Pero PP y PSOE siguen siendo partidos de gobierno, imprescindibles para formar mayorías. Por otro lado, atención a cómo se interpretan los próximos resultados autonómicos: Merkel pierde regional tras regional, pero arrolla en las nacionales. Algo parecido ocurre  en muchas naciones de la UE. Y quedan por ver los pactos con los que se lleva a cabo ese aggiornamento del sistema, ya inaplazable. Porque los pactos estarán ahí: institucionales, de reforma, pero también de gobierno. Como sucede en casi toda Europa. Y es que, para bien y para mal, nuestro mapa político tiende a parecerse cada vez más al centroeuropeo. No al griego. Esperemos que tiendan a ello también sus usos y costumbres. Y también las de la ciudadanía en general.

Un nacionalismo lindante quizá con el revanchismo que persigue, como último objetivo, “aislar a Merkel” para lograr esa ansiada segunda quita de una deuda cuya carga financiera, ahora mismo, supone sólo el 4% del PIB. Menos que a Italia. Se recuerda para ello el precedente de la condonación a Alemania, en 1953, del 60% de su deuda externa, ligándola subrepticiamente  a la devolución de la “indemnización” (más los intereses) que la Grecia ocupada fue obligada a pagar a Alemania. El nuevo gobierno convertiría así la negociación sobre la deuda en un problema casi bilateral, cuando lo es, como mínimo, comunitario. Soslaya sin embargo que aquella quita de 1953 poco paralelismo tiene con la griega: Alemania , divida en dos, honraba su deuda, lo condonado fueron básicamente las reparaciones de Versalles y, sobre todo,  Alemania crecía vigorosamente desde 1949, cuando Erhard impuso una audaz y catártica liberalización económica; muy contestada, por cierto, por partidos, sindicatos y ocupantes. Pero tuvo tal éxito que Alemania pudo acordar, cuatro años después, que la deuda restante se pagaría con el 3% de su superávit exterior. Y así fue hasta 2010. La quita apenas afectó a la economía germana. Ni fue causa de su “milagro económico”, sino casi una consecuencia, una reparación moral por los excesos de 1919.

También creo intuir algo parecido a lo que en España llamamos casticismo, defendiendo el carácter nacional griego. Aparece, latente, cuando se denuncia como causa de su tragedia a la supuesta austeridad, un valor burgués, quizá protestante, propio de sociedades ricas, ajeno por tanto al mundo mediterráneo contemporáneo. Pero si la Unión Europea quiere serlo, lo tiene que ser con todas las consecuencias.  Bien está beneficiarse de fondos estructurales, rescates o quitas, pero a la larga deberíamos preguntarnos, asumiendo las consecuencias, si ciertos rasgos de nuestros “caracteres nacionales”, que tanto criticamos hasta verlos amenazados –en España, al menos, desde Esquilache- son compatibles con una cosoberanía económica y política de aroma casi inevitablemente calvinista, obligada por una  competencia  global cimentada en el rigor, la tecnología y el conocimiento. Valores que parecen  ausentes no ya del programa de Syriza, sino del  ADN de una Grecia que, más allá de los sobresaltos económicos o diplomáticos que pueda ocasionarnos, “corre el riesgo, como señala el sociólogo Kelpanides, de revertir todos los avances logrados en trasparencia y probidad,  incrementando la corrupción, el nepotismo y los males ancestrales del estado griego contra los que se ha luchado durante estos años”. De la catarsis a la hibris. Para tomar luego el camino inverso. Pura tragedia.   

En 2015, el perfil de la “casta política” asturiana es otro. Con notables excepciones,  presenta extensos currícula partidarios, cuajados en docenas de cargos orgánicos o institucionales y mil conspiraciones, que contrastan con el menguado tiempo dedicado a oficios fuera de la política: si el promedio en  1983 era de 17 años, ahora es de 13, y sólo 10 en el caso de PSOE, PP e IU. Por el contrario, la dedicación partidaria ha pasado de 2 a 14 años. La vida política supera ya, de largo, a la profesional. Peor aún, la formación media de nuestros representantes en la Junta sigue siendo, como hace 30 años, la de bachiller. Acabada la cuota minera está ahora la ambigua: esa de “cursó estudios…”.

Lo que podría llegar desde la amalgama podemista no mejora las cosas. Creo intuir en ella tres grandes perfiles: el becario/precario/activista social/parado treintañero, el trabajador público y el viejo rockero sesentayochista. Si el proyecto pablista-leninista cuaja –que parece que sí- aventuro que el perfil treintañero  desbordará a los demás y se integrará en la “casta” durante décadas, abundando en el político puro y duro, mayormente titulado pero sin experiencia profesional y con una percepción social que parece confundir lo extremo con lo mayoritario. No parece, en fin, que la fractura entre clase política y ciudadanía tenga visos de cerrarse.

Estamos, pues, ante un círculo vicioso donde políticos mediocres, alejados de la realidad ciudadana, desprestigian la política y ese desprestigio aleja a la excelencia de la política. Añadan que la mediocridad evita competir con la excelencia, rodeándose de más medianías. No es fácil dibujar los atributos de un buen  político. Pero la edad no debería ser un impedimento, excepto cuando la experiencia se confunde con la rutina. Y quizá en Asturias sepamos demasiado sobre rutinas y abordar problemas de ahora con enfoques de hace  30 años. Sumen entonces al tapón generacional los de la rutina y la mediocridad. Que quizá sean peores.   

Evidentemente, no estamos ante zafia y avariciosa corrupción, al estilo “púnico”. Seguramente no constituya siquiera corrupción, sino corruptelas o irregularidades, que incluso comprendemos por ser costumbre. Pero es ahí donde radica el problema. Porque esas cadenas de favores, esas presuntas adjudicaciones irregulares, las supuestas oscuridades fiscal-financieras del entramado societario de los líderes de Podemos  sus sueldos o la respuesta a dada a la crítica no deberían ser costumbre. Y menos aún en un partido que dice combatir a “la casta”. Porque reproduce sus usos. No hay ejemplaridad. Y sí, “la casta más”, sin duda. Pero si es esa la praxis cuando rozan poder o presupuesto, cabe imaginar cuál será cuando lo acaparen de verdad. Más aun conociendo la voluntad de poder de sus líderes y su proclividad ideológica y programática hacia el arbitrismo y la arbitrariedad. O su colaboración indulgente con gobiernos extremadamente corruptos.

Entre los españoles escasea la sanción moral hacia ese tipo de comportamientos; contemplándolos inadvertidamente como algo natural, incluso bienintencionado. Sólo prolifera cuando el beneficiario es otro y, no digamos, si es rico y poderoso. Y los nuevos partidos tampoco se sustraen a ellos. Por eso en España la forma más frecuente de conseguir trabajo sigue siendo la recomendación. Por eso buena parte de los españoles “colocaría” a un pariente o amigo en dificultades, incluso en la administración. Por eso la mitad de nuestros compatriotas justifica el fraude fiscal.  Y por eso proliferan aún oposiciones en las que los aspirantes legitiman la adjudicación previa de una plaza. O  departamentos universitarios de abolengo que parecen regidos por el  derecho de sucesiones. O administraciones públicas con la mitad de sus directores generales nombrados irregularmente. O televisiones en los que buena parte de sus empleados son parientes y amigos. O…

El martes fue el Día Mundial Contra la Corrupción. Tendremos que elegir de una vez entre mantener esos vestigios, tan arraigados, de nuestros tradicionales mecanismos  de solidaridad familiar, amical, de clan o política, no exentos de ventajas; o perseverar en su definitiva transformación en otros, burocráticos, fríos e impersonales, aunque más justos y eficientes.  Pero no pueden convivir confusamente ambos sistemas. Por un lado la ley, por otro los usos y costumbres. Por supuesto, no basta con cambiar la legislación. Tenemos que cambiar todos. Admitiendo coherentemente  que la patrimonialización de lo público merece sanción moral por sí misma, no en función de su beneficiario. Necesitamos ejemplaridad pública, desde luego. Pero también convencernos como sociedad, como ciudadanía, de la necesidad de cambiar usos y costumbres. Porque, de momento, quien esté libre de pecado…     

Primer tópico: España gasta poco en bienestar. Pues resulta que en 2014 España, con  un 27% del PIB de gasto social público, es superada sólo por Francia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Austria y Suecia.  Quizá no por casualidad, países nórdicos o católicos.  Segundo tópico: los “recortes” están desmantelando el estado del bienestar.  Pues es falso. España es el segundo país donde más creció el esfuerzo en gasto social desde 2007, seis puntos, sólo por detrás de Finlandia. Está en máximos históricos. Algo que no ocurre en Grecia, Alemania, Reino Unido… Otra cosa, claro, es que la composición de ese gasto esté cambiando, a lomos de los cambios demográficos y socioeconómicos, primando las prestaciones monetarias (pensiones, desempleo, renta mínima) frente a  servicios sociales. Nuestro estado de bienestar no desaparece. Sólo se transforma. Por cierto, y para los más suspicaces: la caída del PIB por la crisis sólo explicaría menos de dos de esos seis puntos crecimiento. Tercer tópico: la “latinoamericanización” de España.  En Chile o México el gasto social público presenta ratios inferiores al 10%. Como decíamos hace unas semanas, nuestras diferencias con los países más avanzados de Europa, por comparación con los latinoamericanos, pasan a ser de matiz. Cuarto tópico: nuestro gasto social es muy distinto al de otros países. No. Como casi todas las naciones avanzadas, España destina el grueso de su gasto social a pensiones (sobre todo) y a salud. La ratio de gasto público sanitario es similar a la de Suecia, Austria o Dinamarca y algo inferior al de Estados Unidos, Francia o Reino Unido.  Y nuestro gasto en pensiones similar al de Alemania, Bélgica o Finlandia y superior al sueco o danés.  El español es también, por cierto, uno de los sistemas más equitativos del mundo en cuanto a su financiación, más que una Dinamarca,  por ejemplo, donde  se sostiene, en buena medida, sobre el IVA (tipo máximo igual para todos los productos).

Matices. Primero, nuestra renta: 33.000 dólares por 37.000 de Francia y Reino Unido o algo más de 40.000 de Alemania y los países nórdicos. El 27% de 33.000 es menos que el 27% de 40.000. Segundo, tipo de prestaciones: modelos como el nórdico tienden a gastar más recursos en servicios sociales, mientras en España gastamos más en prestaciones monetarias, con especial incidencia en ¡ay! el desempleo (3% del PIB). Tercero, nuestro sistema dedica más recursos a los más ricos que a los más pobres en tiempos de polarización social.  No es el único, desde luego. En Francia o Italia pasa exactamente lo mismo. Pero algo falla. Y, por último, el matiz más importante: la participación del  sector privado en nuestro sistema de bienestar es insignificante, el menor de la OCDE. Algo que nos hace perder puestos al computar el gasto social total, favoreciendo a los países anglosajones, latinoamericanos y, sorpresa, nórdicos.     

Debemos sacudirnos, por tanto, algunos tópicos. Porque quizá estemos levantando diagnósticos sobre premisas erróneas. Y reflexionar seriamente, con fundamento, sobre los retos que suponen esos matices para nuestro sistema de bienestar. Sobre el sistema de bienestar en sí, su tamaño y su financiación. Sobre los recursos que deja libres para, por ejemplo, la inversión y la creación de empleo. Y sobre por qué España, Italia, Francia y Bélgina, los no nórdicos que más gastan en bienestar son aquellos con más problemas, según la UE, para cuadrar sus cuentas públicas. Pero sin flagelarnos. Partiendo de que nuestros recursos son algo inferiores a los de los países más ricos. Continuando por repensar el sistema, haciéndolo más eficiente, atendiendo sobre todo a quien más lo necesita. Y, por último, y quizá más importante, reorientando el consenso social hacia posturas más proclives a la participación privada y cooperativa en nuestro  sistema de bienestar.

Pero… ¿qué ocurre para que un tipo tan brillante como Hussein Barak Obama, de poderosa oratoria e innegable atractivo, haya fracasado hasta el punto de dar a los republicanos su mayoría más  amplia en el Senado desde 1946? O más bien ¿por qué casi ningún líder político mundial es capaz de triunfar?  La aprobación de Obama es hoy, según Gallup, del 42%. Pero es que la de los principales líderes europeos –Cameron, Rajoy, no digamos Hollande- anda en torno al 25%, mientras caen en picado la de Renzi y la de un Valls que incluso se plantea renombrar al partido, abandonado lo de socialista. Sólo se escapa de la quema Frau Merkel, con un asombroso 75% de apoyo pese a la austeridad, los “minijobs” y un clima económico negativo. Pero esa es historia aparte.

En España, el último CIS revela una inquietante desesperanza sobre la la situación económica –aunque levemente declinante, quizá por los buenos datos de los últimos trimestres-  que se añade a un creciente malestar con una supuesta inoperancia política que lleva a muchos a pensar que la ciudadanía “puede” hacerlo mejor. Quizá subyace la sospecha de que el futuro no va a ser mejor que el pasado, sino peor. En España y fuera de España. Y no sólo por problemas compartidos como  las crecientes desigualdades sociales, la escasez de trabajo o la corrupción, sino por amenazas apocalípticas  -ISIS, ébola, cambio climático-  azuzadas por las redes sociales, y que nadie sabe resolver. Refuerzan el desasosiego las crisis de identidad nacional –Francia, Reino Unido, incluso EEUU- o la general de las ideologías como instrumento de análisis y acción. Nos sentimos amenazados, vulnerables en un mundo ininteligible, incontrolable.

Quizá la chusca anécdota del payaso malo gijonés represente mejor que nada esa sensación de vulnerabilidad. Bastó con colgar en Instagram  unas buenas fotos, muy sugerentes, con mensajes interpretables en clave intimidante para desatar la psicosis colectiva durante días. Y no sólo en Gijón. Pasó también en Francia o en Estados Unidos. Hasta ahí llega la sensación de amenaza y vulnerabilidad en un mundo que no controlamos.

Más allá del regodeo morboso que produce husmear en qué dilapidaban nuestro dinero, quizá quepa reflexionar sobre cómo reclutamos a los mandos de nuestras instituciones, administraciones y empresas públicas. Con frecuencia, da la sensación de que los responsables políticos, frecuentemente “aparatchicks” no siempre brillantes, tienden a rodearse de “aparatchicks” partidistas aún menos brillantes –que los partidos necesitan alimentar- para que no les hagan sombra ni entorpezcan sus ocurrencias. Y que rigiéndose por la obediencia partidista, de clan o familiar, ascienden poco a poco por el escalafón, rodeándose,  a su vez, por otros todavía menos brillantes. Como si en nuestras instituciones la moneda mala expulsara a la buena. Desde su atalaya controlan además buena parte de la actividad empresarial, que pasa a formar parte del entramado partidista, clientelismo y financiación mediante. De ahí los Bárcenas, Pujol, Villa, ERES, el pequeño gran Nicolás…  

Más que una élite extractiva, sufrimos una elite política que, en buena medida, no merece serlo. Muchas empresas están encabezadas por profesionales anónimos pero valiosísimos.  Y cada vez más, sin “apellidos”. Pero no es, generalmente, el caso de nuestras instituciones. Miren a nuestra Junta General: la formación media de nuestros representantes es similar a la de treinta años atrás: bachiller. Obviaremos su experiencia profesional. Su acomodación  contrasta con la mejora formativa y profesional de sus votantes.  

Las cosas ya están cambiando. Pero no bastará con limar el poder partitocrático. Nuestras universidades deberían ser vivero de élites cosmopolitas. Pero ninguna figura entre las 200 mejores del mundo. Alarma aún más la recalcitrante aversión ciudadana hacia el elitismo meritocrático y su propensión a la  mediocridad castiza, amparándose en un errado igualitarismo, que fomenta la profesionalización de la política. Causas, muchas. Entre ellas, retratos de familia como ese de Caja Madrid, tan fiel al estereotipo popular, que  eclipsa valiosas élites emergentes, cosmopolitas, con experiencia de gestión, preteridas sin reconocimiento.  Dentro incluso de las administraciones públicas. ¿Será hora de reconocer su mérito, potenciarlas y abrirles el paso al gobierno de nuestras instituciones?

Por partes. Miren los aspavientos tremendistas con el contagio por ébola. Hasta que pasó lo mismo en EEUU. Hubo que descender entonces al resbaladizo detalle –comportamiento ciudadano incluido- para no desdecirse. Tampoco hay “latinoamericanización” de España.  Al contrario. Exceptuando Chile, tan peculiar, y sólo en aspectos puntuales, nunca nuestra economía y sociedad  estuvieron tan cerca de Europa y tan lejos de América Latina como ahora. Miremos a la renta, los salarios, la producción industrial, la corrupción, el gasto social o educativo, nuestra salud, formación, pensiones…Cualquier comparación es ridícula. Pero no lo era hace sesenta años, cuando los españoles iban aún a “hacer las américas”. No lo hicimos tan mal desde entonces. De tal bulto son ahora las diferencias que, analizando informes comparativos, las que podamos tener con países de centroeuropeos parecen irrelevantes. No digamos cuando la comparación es con Italia o, incluso, Francia. Sí, somos asimilables a eso que se entiende por “ser europeos y civilizados”. Para lo mejor y lo peor. También nuestro sistema político. Otra cosa es que durante algunos años fiáramos en exceso nuestro destino al ladrillo y a los partidos. Aprendamos de los errores.

Ahora que, tras someterla a tratamiento de choque, nuestra economía parece reaccionar mejor que la de naciones vecinas -su parálisis constituye nuestra mayor amenaza- y aunque los frutos del esfuerzo tardarán, quizá toque “aggiornar” nuestras instituciones, acompasándolas a una sociedad en cambio acelerado. Parecen tres los problemas institucionales clave: la relación entre el Estado y unas autonomías en progresiva “soberanización”, el excesivo protagonismo de los partidos políticos (partitocracia, casta; causa en parte de la corrupción) y la rigidez de un sistema que impide su reforma. Pero todo apunta a que ese cambio está llegando. Tal vez en pocos años, meses quizá, votaremos una reforma constitucional que encauce, probablemente a través del Senado –esperemos que  sin repetir errores germanos- las inevitables tensiones territoriales, reconociendo esa “soberanización”, al tiempo que acota con claridad “dominios reservados” para el Estado y otros, que pudieran ser variables, “a la carta”, para autonomías. Tal vez, una reforma electoral que reste poder a los unos aparatos partidarios -ya resquebrajados, como parece indicar la proliferación de primarias más o menos abiertas- generando instrumentos de control y participación. Y, finalmente, la suavización del procedimiento de reforma constitucional. 

Sacudámonos el pesimismo fatalista. Toca afrontar el aburrido perfeccionamiento institucional y económico. Ninguna obra humana es perfecta. No lo es lo que hay. Ni lo será lo que venga: quizá sea sólo mejor. No lo hacemos tan mal. Pero necesitamos mejorar, huyendo de la flagelación, el aspaviento y esas tablas rasas a las que los españoles somos tan aficionados. Recordando que, más allá de leyes e instituciones están los usos y costumbres. Quizá los más difíciles de cambiar.