1. La primera, sobre las líneas de fractura que, a la luz de los resultados electorales, grietan el tejido social catalán. Resultados que, con una participación rayana en el 80% –al límite de lo técnicamente posible en unas elecciones- pueden considerarse bien representativas.

La que separa a independentistas (en torno al 47% del voto, asumiendo que todos los votantes de Convergencia o los de las CUP sean independentistas, cuando la primera bebe en las fuentes del catalanismo moderado y las segundas en la mejor tradición del anarquismo internacionalista catalán) y unionistas (53%) asumiendo también que los votos de la filial podemita -se supone que los que no lo son se han ido a las CUP o Junts- lo sean en su integridad.

Entre renovación y “tradición”: ahí está el fiasco electoral de los partidos tradicionales (todos pierden porcentaje de voto, incluido el conglomerado de Convergencia más ERC, y Unió, con más de 80 años de historia, desaparece del mapa parlamentario) y el auge de los neopartidos: éxito clamoroso de Ciudadanos, que se beneficia, con un relato fresco y desacomplejado, de ambas líneas de fractura, menos clamoroso de las CUP y muy relativo, en relación con las expectativas, del podemismo. Tres partidos que suman un 35% del voto. Con todo, y pese a los estragos de la crisis, que ha afectado muy especialmente a Cataluña, sólo –o nada menos que- la mitad de ese 35% es antisistema.

Y territorial: mayoría unionista en Barcelona –con ¾ de la población de Cataluña- y Tarragona. E independentista en Lérida y Gerona, menos urbanas.

2. El fracaso de Junts, que pierde porcentaje de votos y escaños por comparación con la suma de CiU y ERC en 2012, pese a la atosigante y distorsionadora propaganda institucional y mediática. No alcanzan el 40% y se dejan nueve escaños por el camino. CiU, sola y moderada, recogía más porcentaje del sufragio hace no tantos años.

3. Los electores de Ciudadanos, PSC y PP  suman más, en conjunto, que los de Junts.  No digamos si se sumaran los votos de Unió. Han obtenido, sin embargo, 51 escaños, once menos que Junts.  Es lo que tiene, más allá del sistema electoral, presentarse a las elecciones divididos y poco motivados, sin un mensaje positivo: ¿no sería momento de presentar una candidatura “Juntos, mejor”, con un programa de mínimos cosido por amor a España? ¿Acaso, y más allá de la motivación,  tienen más en común CiU y ERC que PP, PSC y Ciudadanos (y, tal vez, Unió)? Por cierto; la “rauxa” de la calle, visible en las multitudinarias manifestaciones septembrinas, no era sintomática del sentir general.   

4. La cerrazón alienante del  nacionalismo. A la vista de los resultados que iba desgranando el recuento, con clara minoría independentista y, desde luego, resultados bien inferiores a las expectativas de la candidatura encabezada por el señor Romeva, resultaba sorprendente la euforia de los señores Más y Junqueras, así como la del citado Romeva. Si bien cabe reconocer que el señor Mas estuvo relativamente contenido en una noche electoral propicia a los excesos que causa la euforia. Eso sí, reconoció finalmente, desafiante, el carácter plebiscitario de estas elecciones. Pues bien: perdió el plebiscito.

5. Y ahora ¿qué? La pírrica victoria de Junts añade dificultades a un gobierno que, ya de por sí, y por mor de las contradicciones internas de la propia candidatura –ideológicas y personales- parecía complicado con mayoría absoluta. El señor Mas, un superviviente nato, peón de brega de la decadente -pero influyente- burguesía catalana, parece amortizado tras el fiasco del “referéndum” de 2014 y el resultado electoral de este año. Da la impresión de que quizá sea la pieza a sacrificar si se quiere llegar a acuerdos parlamentarios. Y eso quizá supondría el final de la influencia de Convergencia en el gobierno de Cataluña en favor de una izquierda más o menos radical. Las CUP ya avanzaron que, de no darse mayoría independentista, aparcarían su colaboración con el “precés”. Cabe preguntarse si ese influyente empresariado de la región aceptaria sin más esa deriva izquierdista. Veremos qué sucede. Pero todo apunta a una inestabilidad parlamentaria que poco ayudará a mejorar la situación económica y social de Cataluña y, por ende, de España. No digamos cuando la única agenda política consensuable pasa por el soberanismo cuando no el independentismo. Y las prioridades de Cataluña, ahora, son, a mi entender, otras.

6. En realidad, Cataluña se parece cada vez más a Lampedusa: todo cambia para seguir  igual. Con los resultados en la mano, no parece momento de aventuras independentistas, sino de restañar heridas y cambiar de verdad las estructuras económicas y sociales de Cataluña, que, esas sí, son la causa de su mal estar y su decadencia económica. Pero el nacionalismo tampoco cambiará su discurso: pase lo que pase, aún con la independencia en la mano, no digamos con  fórmulas federales, la culpa de sus males seguirá siendo de España. Jamás de los propios catalanes. Que por algo son mejores: es la esencia del nacionalismo. Por supuesto, el “encaje”, con y sin federalismo, simétrico o asimétrico,  siempre será forzado. Recordemos que estamos tratando con nacionalistas con un balance de gestión peor que mediocre. Y España es su chivo expiatorio.

7. La clave está, a mi entender, en presentar batalla ideológica, forzando el debate social constructivo y realista y consolidando y ampliando la mayoría no independentista, haciéndola, por qué no, españolista. Desmontando la muchas veces falaz y distorsionadora mitología soberanista. Véase el éxito de Ciudadanos, con un mensaje esencial claro y sin complejos. Defendiendo la unidad de España (algo que, quizá, debería aplicárse bien el PSOE) tanto por razones históricas y sentimentales, como de mera conveniencia para todos. Y, sin duda, reivindicando España y una cierta idea de España –nuestra moderna España, europea, cosmopolita y exportadora, entre las 20 naciones punteras del mundo- como una historia de éxito, pese a indudables reveses históricos. Y, por supuesto, defendiendo la necesidad de regenerar el tejido social, económico e institucional de Cataluña y España. Y el clientelismo nacionalista. El reto es, por tanto, presentar esa batalla ideológica, con convencimiento y con un relato atractivo. Y hacerlo, en la medida de lo posible, juntos. Porque son –somos-más.

 PS. Cualquiera que sea el escenario futuro –improbable independencia, más que posible reforma constitucional y segura renegociación de la financiación autonómica- Asturias saldrá perjudicada, con las dificultades añadidas que ello supone para nuestra región. Léanse inversiones, investigación, políticas públicas, educación,…

Candás 1890: los límites entre playa y calle son difusos

Candás 1934: los limites son más precisos, pero las lanchas están en la calle mientras los candasos juegan en el puerto seco

Candás está inquieto. La causa es un documento que está tramitando el gobierno regional, denominado Estrategia Integrada Portuaria Litoral de Asturias (EIGPLA) y que, si bien intenta incorporar metodologías relativamente  novedosas, como la gestión integrada de zonas costeras, asume y oficializa para Candás la vieja propuesta, que circula por las redes sociales sin paternidad reconocida desde la VIII legislatura, de ampliar el puerto ganando terreno al mar sobre la playa de la Pregona. Se levantaría una explanada que, entre otros servicios, contaría con un aparcamiento, sirviendo además de nexo entre las actuales instalaciones portuarias y las nuevas que se construirían  ampliando hacia el “lado puerto” el contradique-escollera  ya existente.

Los candasos han reaccionado contra la propuesta. Pero no lo hacen por ese síndrome antihormigón que la crisis ha inoculado en casi todos los españolitos. Tampoco por defender un bello paisaje, de gran valor estético o ecológico. Lo hacen, quizá también, por eso. Pero sobre todo, porque la Pregona, la Farola y la Peña Furada, como la dársena o la desaparecida almena, forman parte de la identidad de Candás y de su memoria vital. Como forman parte, también,  del solar urbano de un pueblo que siempre se estiró hasta la orilla del mar. Porque, ya que hablamos de gestión integrada del litoral,  el puerto,  a diferencia del de otras villas marineras, siempre compuso parte indisoluble de la trama urbana. La perfecta integración en ella de la Pregona, con sus depósitos de pez, y de  los viejos muelles –que abrigan desde el siglo XVI la primitiva playa varadero, dividida por la desembocadura del río Rita-  así como las muchas horas que el amplio y creciente espacio intermareal  permanecía en seco – Madoz escribía, ya en 1853, que “el puerto se enarenaba con facilidad”- facilitaron esa relación, convirtiendo ese espacio portuario-litoral en una prolongación del casco urbano -que ahora ha incorporado la escollera y la lámina de agua portuaria- donde siempre convivieron armónicamente los usos deportivos y recreativos con las faenas de mantenimiento que, aprovechando la varada de bajamar, se hacían a la flota y el aparejo.

Los candasos sienten que, con la reforma propuesta, se les hurta esa parte de su identidad, de su historia y de la trama urbana de la villa, ya muy alterada. Y que ya fueron parcialmente sustraídas cuando la última reforma portuaria, que se llevó por delante la almena y las bajamares de la dársena, adulterando también  la rampla decimonónica o destruyendo morriones con siglos de amarres a sus espaldas. Y que además, aporta poco a Candás. Porque si los solares abandonados de los viejos y corroídos tinglados de salazón y conserva -el “salt-belt” candasín- propiciaron el controvertido “Marsol” o docenas de viviendas que aportaron al menos actividad turística y mejores condiciones de vida, de la reforma del puerto el pueblo apenas ha obtenido nada. Si acaso,  impulsó cierto dinamismo en la lonja local –pionera en la venta directa- y convirtió el muelle en punto de amarre para  unas 200 embarcaciones deportivas, lejos aún de las 400 en las que estimaba el proyecto la capacidad del puerto. Indicando, por cierto, lo innecesario, por ahora, de la ampliación portuaria,  más aun con Luanco y Gijón infrautilizados.

La propuesta del EIGPLA ha despertado la adormecida ciudadanía candasa, que siente que sin ese paisaje tan característico, la villa dejará de lado definitivamente sus señas de identidad, pasando a ser un pueblo costero más, casi mediterráneo. Hasta el punto de convertir una simple exposición fotográfica en sutil reivindicación de un espacio en peligro. Son ya casi 10.000 las firmas contrarias obtenidas a través de change.org y de la asociación vecinal. Tal cantidad, aún con casi seguras duplicaciones y aportaciones forasteras, apuntaría hacia un amplio e insólito consenso en una villa que anda por las 8.000 almas. El ayuntamiento ha alegado el EIGPLA, aportando, entre otros, argumentos como los aquí expuestos. Cabe esperar que la CUOTA, siguiendo los mismos principios de gobernanza que  la gestión integrada de costas proclama, sea sensible a ellos y busque la mejor solución para el muelle, armonizando el necesario abrigo del puerto con la protección de esos espacios.  Quizá el remate fuera la posible declaración como BIC de toda la ribera de la Pregona y de la dársena interior del muelle, que  conserva casi intacta –a falta de sus espaldones, tantas veces repuestos tras las galernas- su cantería lamida por siglos de oleaje.

Ahora bien, más allá del legítimo orgullo por ese pasado marinero, quizá no sea el momento de mirar hacia atrás para buscar el futuro ni, desde luego, para pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Con mayor fuerza que en otras localidades costeras, el pequeño sistema industrial local –pesca, conserva, sal,  barriles, carbón, etc.- cimentó la economía candasina durante poco menos de un siglo -1870-1960- y desapareció hace décadas, tras entrar en decadencia durante los años treinta del siglo XX por motivos tan variados como complejos e incontrolables: desde la evolución de las técnicas de conservación del pescado fresco hasta el progresivo alejamiento de los caladeros, que exigió buques para los que el calado candasín no era suficiente. El último vestigio de ese pasado, la fábrica “Remo”, se fue hace pocos años. Pero no es menos cierto que, quizá por casualidad, ese pequeño sistema industrial precapitalista fue sustituido, a mi modo de ver, ventajosamente, por otro, ligado al metal, más vinculado al concejo y la comarca que a la villa. La creación de ENSIDESA en 1950 supuso una revolución social que terminó, no nos engañemos, con siglos de escasez, incertidumbre y, literalmente, zozobra.

Y es precisamente  esa industria  la que ha convertido la de Carreño en una historia de éxito, superando con mucho al ciclo pesquero: en los 25 años que van de 1988 a 2013, y siempre según Sadei,  la ocupación en Asturias permaneció estable, mientras que en Carreño escaló desde 3.657 a 6.067 empleos, muchos más de los que nunca aportó la mar. Los mismos, por cierto, que en 2007. El 46,5% corresponde a la industria: no está mal cuando tantos en España y Europa reclaman reindustrialización. De ellos, 1.623 corresponden al sector del metal, al que siguen en importancia otras industrias manufactureras (846 ocupados)   el comercio (664) y la salud, la educación y las administraciones públicas (501). Por el contrario, la pesca y el sector alimentario, que llegaron a suponer el 50% de la economía local  a principios del siglo XX, han pasado a ser marginales.  

Ahora bien. Al igual que los puertos parecen pasar por ciclos de actividad –la ballena hasta el XVIII, cabotaje  (no en Candás) hasta  mediados del XIX, la pesca bien entrado el XX, comenzando ahora uno de ocio y recreo- los ciclos industriales también alcanzan un final. Esa prosperidad carreñína, poco apreciada por su ciudadanía, se sostiene  sobre sectores mayormente maduros, que viven con la espada de Damocles de la nueva división internacional del trabajo pendiendo sobre ellos. Son además, intensivos en consumo de energía que, en buena parte, se produce en el mismo Carreño con sistemas de generación anticuados y contaminantes, seguramente revisables, más aún cuando la preocupación medioambiental empieza a constituir una de las señas de identidad del concejo.  Y no sin razón.

En mi opinión, esa inquietud ciudadana supone una oportunidad para que Candás y Carreño encaucen esa explosión de ciudadanía hacia aguas más constructivas, buscando el rumbo más deseable para un futuro que, hasta ahora, vino, mayormente, dado. Recuperando el impulso emprendedor de nuestros bisabuelos marineros y conserveros, o el atractivo para los foráneos, adaptándolo al siglo XXI. Apoyándose en el rigor del realismo de lo posible, considerando su localización, su integración metropolitana, sus recursos, su tradición y sus conocimientos. Un futuro en el que el muelle y desde luego, la industria agroalimentaria, deberían constituir piezas integradas en una economía más diversificada y limpia que la actual, sostenible y  capaz de mantener el privilegiado nivel de servicios municipales que disfruta Carreño y que, por ahora, sólo la actual industria permite financiar. Quizá sea el momento meterse en faena.  Prolongando, con un nuevo ciclo, esa historia de éxito que cumple casi dos siglos. 

Pero cabe preguntarse si esos consensos no parten de premisas equivocadas. O si se fundan en relaciones causa-efecto erróneas. Si preguntan por ahí, comprobarán que la ciudadanía cree, mayormente, que nuestras administraciones gastan más en defensa que en pensiones, cuando las pensiones decuplican el gasto militar. Lo mismo ocurre con la educación –que lo cuadruplica-o el sanitario, que lo multiplica por ocho.  Podemos pensar que aun así es insuficiente. Pero nuestro gasto educativo por alumno es similar o algo superior al alemán o al finlandés que, sin embargo, obtienen mejores resultados académicos y profesionales. Nuestro esfuerzo público en pensiones es superior al nórdico. Y la proporción del gasto social público sobre PIB en España no sólo es una de las más elevadas de la OCDE, sino también la que más ha crecido durante la crisis. Quizá nos equivoquemos: no parece que los problemas de algunos de nuestros servicios públicos sean, exclusivamente, de índole presupuestaria.

Y quizá nos volvamos a equivocar cuando, ante la limitación de recursos, es voz pópuli que si es así, es como consecuencia de la abundancia de políticos. Políticos, además, corruptos o sobrerremunerados.  Bankia -en cuya Asamblea estaba el Sr. Sánchez- puede ilustrarlo: es creencia general que los 24.000 millones inyectados lo fueron para reponer lo robado por sus directivos (políticos en su mayoría) cuando en realidad, y a pesar de emolumentos desenfrenados e inmerecidos, opacos e incluso ilegales, las causas de ese agujero son mucho más complejas. Cabe pensar si no estaremos exagerando una corrupción ya de por sí inaceptable y atribuyéndole erróneamente la causa de que las cosas estén mal. Sobre todo, cuando quizá las cosas no estén tan mal como pensamos.

Pero la clase política parece haber comprado ese discurso. Con frecuencia creciente, nuestros políticos dicen, a diestra y siniestra, lo que la ciudadanía quiere escuchar. Aseguran incluso que harán lo que la gente quiera hacer, llegando a veces al esperpento. Olvidamos eso no es democracia, sino populismo o demagogia. La nuestra es una democracia representativa, donde elegimos a los que toman decisiones. Algo que, por supuesto, no excluye el diálogo entre representantes y representados a través de canales de participación. Pero la responsabilidad exige al político tomar decisiones desagradables, explicar por qué las toma y confrontar a la ciudadanía con la complejidad de la gestión pública y de los desafíos que encaramos. Algo que, ay, requiere capacidad para comprender los problemas, trasladárselos a la ciudadanía y convencerla de la conveniencia de estrategias, no siempre agradables, a largo plazo. Hablamos, en fin, de algo tan políticamente incorrecto como el liderazgo.  Porque el consenso no implica verdad ni acierto. Y quizá en España, empezando por el Sr. Sánchez, debamos replantearnos algunos consensos.

 Aunque las causas de las tendencias poblacionales son muy discutidas por los expertos, intentaremos aportar algunas claves que condicionan las asturianas.   

 1. La adopción de una pauta demográfica moderna común con casi toda Europa (también EEUU y, en menor medida, y más recientemente, Latinoamérica). Esto es, un modelo de baja mortalidad y baja natalidad, siquiera por comparación con ratios históricas. Recuerden cuántos hermanos tenían sus abuelos. Piensen en cuántos hijos o hermanos tienen ustedes. Es lo que se denomina Transición Demográfica. España la completó a partir de 1950. Pero Francia, por ejemplo, la puso en práctica en el XIX. Los datos para ciertas regiones de Turquía o para la Guyana francesa se explican, siquiera en parte, por no haber completado aún la transición hacia un modelo demográfico plenamente moderno. 

 2. El modelo demográfico moderno tiende a avanzar, en toda Europa, no sólo hacia una reducida natalidad, sino también al retraso del momento de tener el primer hijo, ampliando las horquillas generacionales y rebajando aún más la natalidad. Las mujeres españolas, y las asturianas en concreto, están retrasando su primer hijo hasta bien pasada la treintena, algo por encima de la media comunitaria. ¿Por qué? Las mujeres -que  a efectos demográficos, son las que cuentan- no sólo estudian muchos más años que en 1975, sino que también inician una carrera profesional cuya consolidación les ocupa hasta bien entrada la treintena. Además disponen de tecnologías anticonceptivas fiables que les permiten controlar su reproducción.

 3. La escasez del trabajo es otra de las claves que explican la escasísima natalidad de España y, en particular, de Asturias: retrasa la consolidación profesional de las mujeres y de sus posibles parejas. La tasa de ocupación en Asturias, o en Lugo, o en Zamora,  o en Basilicata, en torno al 40%, no sólo es muy inferior a la europea, sino también a la nacional. Escasean los recursos necesarios para criar a los hijos -o hijo- en las condiciones que los padres desean, iguales o mejores que las que ellas disfrutaron en su infancia.  Recordemos, además, que en Asturias  venimos de tiempos mejores. Por si fuera poco, el trabajo no es de calidad. El 58% de las españolas entre 18 y 39 años están ocupadas con contratos temporales. El salario más frecuente es de 12.000 € brutos anuales. Todo contribuye  a crear incertidumbre y desanima a emprender un proyecto vital a largo plazo como es la crianza de un hijo. Pueden argüir  que en Turquía disfrutan una elevada fecundidad mientras la ocupación es bajísima: pero muchas de sus regiones aún no han completado la transición demográfica. Está, además, está la importancia de lo cultural (léase religión, tan presente y cada vez más). Una variable cultural que, a la inversa –secularización, quizá consumismo- también contribuye en España y Asturias a reducir el número de hijos.

 4. Asturias, región industrial, completó antes que otras regiones españolas la transición demográfica. La suma de una natalidad ya baja desde hace dos generaciones, el goteo de la emigración juvenil desde hace décadas y la escasez de empleo, así como el retardo en tener el primer hijo, amplifican la baja natalidad: tenemos pocas mujeres en edad fértil, que a su vez tienen pocos hijos y tardíos.

 5. Las políticas de apoyo a la familia en España –también en Asturias- son escasas. Según Eurostat, España dedica 258 € por habitante y año a apoyar a la familia y la infancia, cuando la media en la UE-15 es de 613€ y en Irlanda o Escandinavia supera los 1000€. España emplea recursos ingentes en pensiones o desempleo, pero no en políticas familiares. Tampoco nuestros horarios y costumbres, ni las políticas de conciliación, ayudan. Hay una pauta latina, compartida con Italia, de que sean los abuelos los que cuiden de los críos. En España, con más o menos intensidad, el 67%. Hasta el punto de que un factor significativo de localización residencial en España es la proximidad a la casa de los padres -o la madre- de ella. En Italia no es insólito compartir techo con la familia materna.  Un elemento que anima la natalidad en los países del centro y norte de Europa es el trabajo a tiempo parcial, aunque estable y bien remunerado. En Holanda, el 50% de los empleos -75% entre las mujeres-, lo son. Y, aunque menos, también abunda en otros países, como Suecia -25%-, Alemania,… 

 6. La combinación de estos factores: fase avanzada de la transición demográfica, secularización, segunda generación de baja natalidad, magro crecimiento económico, empleo escaso, incierto y relativamente mal pagado, políticas familiares exiguas, dificultad para conciliar, explican la baja natalidad en Asturias de un hijo por mujer, muy inferior a las medias española (1,27 hijos) y comunitaria (1,55). Y es que Francia, Reino Unido, Bélgica, Escandinavia, etc. registran tasas cercanas a la tasa de remplazo, dos hijos por mujer, sin grandes discrepancias entre regiones. Excepcionalmente, Alemania y Austria presentan tasas en torno a 1,4 hijos. No están claras las causas. Más allá de motivos históricos o culturales, quizá influya que Alemania padece elevadas tasas de mujeres jóvenes –con frecuencia madres solas- con contratos temporales (37%) y de trabajadores pobres (24%). Pero es una mera hipótesis. El caso italiano, aunque no tan radical, es similar al español.  En España parecía que, hasta 2007, avanzábamos hacia los 1,5 hijos por mujer, pero la pauta se truncó con la Gran Recesión. Quizá este año mejore. Podemos dibujar, por tanto, tres modelos demográficos en la UE: uno, Atlántico-Escandinavo, con una fecundidad cercana a la tasa de reemplazo; otro, mediterráneo, de baja fecundad y un tercero, germánico, intermedio. Las pautas para el Este de Europa mostrarían, con ciertas disparidades, niveles similares a las germánicas, pero en un contexto muy distinto.

 7. En resumen, el problema demográfico de Asturias –y de otras regiones- es colosal, por su impacto sobre las políticas públicas, las pautas de consumo y, en general, sobre la sostenibilidad social y económica de la región. Asturias padece la menor tasa de crecimiento económico,  la tasa de ocupación más baja -o de las que más- la menor de natalidad, la mayor de mortalidad y la más elevada de suicidios. No es para estar orgullosos.

Estamos, por tanto, ante la que debería de ser una de las claves de acción de nuestro inminente gobierno regional, incidiendo sobre la inversión, la atracción de capitales, el crecimiento económico, el buen empleo, las políticas públicas familiares y la conciliación y los usos del  tiempo. Sorprende, por tanto, que estos días, en los que se habla de pactos y acuerdos, parezcan predominar las estrategias, tácticas y objetivos políticos a corto plazo, o incluso la mera ocupación del poder, sobre asuntos capitales para nuestro futuro como la demografía y todas sus implicaciones. Que son muchas y decisivas.

Hace unas semanas supe del “Normandie,” paquebote francés destinado al transporte trasatlántico de pasaje. Orgullo de Francia, el “Normandie” no era sólo el buque de mayor desplazamiento y velocidad de su época; era también el más innovador, incorporando un bulbo a proa y una turbina que generaba la electricidad que movía sus hélices, consiguiendo una maniobrabilidad y distancias de parada formidables. Pero, sobre todo, el “Normandie” era lujoso. Tanto que ha pasado a la posteridad como el “trasatlántico art-decó”. Además de lucir un casco vanguardista, algunos de sus salones se inspiraban en el de los Espejos de Versalles.  El “Normandie” nos trae recuerdos de una época en la que viajar era casi un arte, sobre todo si se podían abonar pasajes de primera clase. Todo lo contrario del “Anthem of the Seas”, el parque temático flotante que, semanas atrás, recaló unas horas en Gijón. Si en el “Normandie”, aun disponiendo de piscina o pista de tenis, predominaban los espacios destinados a la convivencia reposada o al “dolce far niente”,  el “Anthem”, repleto de atracciones, teatros, restaurantes, comercios y  áreas deportivas, no parece dejar un minuto al placer de la conversación relajada, interesante  y provechosa.  Sí, es cierto que el “Normandie” no era, como el “Anthem”, un buque de placer, sino un medio de transporte placentero.  Y también es cierto que si éste es una máquina de hacer dinero, aquel, como muchos de sus contemporáneos, nunca fue rentable, requiriendo generosas subvenciones gubernamentales. Signo de los tiempos.

Me dirán que a qué esta disquisición sobre barcos. Pues bien, el “Normandie” fue botado en 1935. Por esas fechas se fraguaba en Francia el Frente Popular. Tras años de tanteos entre socialistas y radicales, Stalin reacciono ante la inquietante política alemana impulsando la incorporación de los comunistas a las coaliciones izquierdistas. Tras meses de conversaciones, se acordó el programa que se presentaría a las elecciones de 1936, así como escenarios para su aplicación. Apoyado por una amplia mayoría, el gobierno, presidido por Blum, decidió impulsar la economía, tras años de austeridad, impulsando la demanda: aprobó las vacaciones pagadas, cantadas por Trenet, la jornada de 40 horas y un aumento salarial del 12%. Se nacionalizaron los ferrocarriles y se abarataron las tarifas para que los trabajadores pudieran aprovechar sus vacaciones. Eso sí, orillaron asuntos como la defensa nacional, confiada al diálogo y a la Sociedad de Naciones.  Daladier, firmante en Múnich, era el sucesor de Blum. Dos años después, la inflación había devorado los incrementos salariales, se devaluaba el franco, subía la desocupación y se anulaban, entre huelgas, algunas reformas.  Y en 1940, Hitler “visitaba” un Paris ocupado. Era el resultado de años de conversaciones para fraguar un acuerdo. Aquí, ahora, los acuerdos se pergeñan (o no) entre urgencias, diagnósticos y tratamientos errados,  tactismos, contradicciones, oscuridad, prejuicios ideológicos y, con frecuencia, arbitrismos a medio camino entre la demoscopia y las redes sociales. Nada hace pensar que vayan a resultar mejores. Dos apuntes finales: Francia repitió error económico en 1981, con consecuencias ideológicas mayúsculas. Y, segundo: requisado por EEUU, el “Normandie”, rebautizado “Lafayette” se hundió en 1942, luciendo colores de la US Navy, en los muelles de Nueva York.

Mi opinión  es la contraria: los políticos, electos o no, deben de estar bien pagados y disfrutar estipendios apropiados a la responsabilidad que les otorgamos. Lo que no implica cifras de seis dígitos para cualquier cargo público.  Eso sí, creo que, a cambio, debemos exigir a nuestros representantes que estén a la altura de su salario y responsabilidad, reclamándoles calidad en el desempeño de su función. Algo que nos lleva al procedimiento de (s)elección. Algunos de los denominados  neopartidos proponen obligar, casi constitucionalizar, la elección mediante primarias. Sin embargo, permítanme dudar de su bondad: la base local de algunos partidos es tan exigua que una pequeña facción puede elegir líder a uno de los suyos.  Y a partir de ahí controlar la organización.  El resultado práctico de las primarias nos demuestra que no mejora al obtenido por cooptación o por voto restringido: en estas últimas elecciones han abundado los candidatos inaceptables o estrafalarios elegidos por procedimiento de primarias. En esos neopartidos han consolidado, frecuentemente, a los fundadores de la agrupación local o autonómica. Nadie apunta, sin embargo, a una modificación prudente del sistema electoral.  Pienso en el desbloqueo parcial de nuestras listas electorales.  Los votantes podrían mostrar preferencias sobre la lista que les propone el partido al que votan. Funciona en bastantes países europeos. Por supuesto, es una práctica que tiene también contraindicaciones: se presta a clientelismos, “famoseo”, populismos y demagogias. No existe el sistema electoral perfecto. Tampoco creo en una especial perspicacia del cuerpo electoral. Pero permitiría a los electores compartir un poder que ahora descansa exclusivamente en las cúpulas partidarias, utilicen primarias en sus organizaciones o no.

Estamos hablando, en fin, de mejorar la calidad de nuestras élites políticas. Algo que no lograrán las primarias ni, mucho menos, sueldos de 1.900 euros, quizá razonables para un ni-ni, becario, o trabajador en apuros, pero no para muchos profesionales, valiosos y competentes, que ganan más –aunque no necesariamente mucho más- que eso. Ignoro si, además de populista, es una medida que  apunta a estrategias de control partidario, eliminado a los mejores.  Creo que los emolumentos de políticos electos deberían corresponderse, siquiera, con el de un técnico de Grupo A de la administración o el de profesionales decentemente pagados, pero no con el salario medio y, menos aún, con el del líder máximo.

Son síntomas que, sumados a numerosos episodios vividos durante la campaña y  que podrían ejemplificarse en ese peculiar ovetense, de confuso pasado y extraño presente,  autopostulado para la alcaldía de Málaga, ofrecen la impresión de que, entre tanta demagogia, corremos el riesgo de pasar de una clase política autista, de aparatchiks aislados de la ciudadanía, a otra engrosada, en buena parte, por arribistas. Tiempo al tiempo. Evitémoslo.    

Perseveramos en el concepto insular de España, hipercrítico, casi masoquista. Decimos, con razón, que nuestro paro es insoportable. O, con menos razón, que el empleo que se crea es malo. Pero nadie nos dice que el trabajo escasea en todo Occidente: EEUU tiene ahora menos ocupados y peor pagados que en 2007. Alemania, con ocupación récord, tiene un 24% de trabajadores pobres. No existen modelos. Sin duda, sobrevuelan sobre esos problemas algunos de esos desafíos apuntados. No he escuchado nada sobre la relación entre la escasez del trabajo con la baja natalidad y el consiguiente envejecimiento, una amenaza percibida con nitidez por los asturianos. Ni sobre del impacto del vuelco demográfico en las cuentas públicas. Y, por ende, sobre un estado del bienestar que se está reformulando en toda Europa: España es la excepción que persevera en financiar salud y pensiones con recursos exclusivamente públicos. Apenas he escuchado nada sobre la tan cacareada revitalización de nuestras instituciones, cuando los ayuntamientos serían un excelente principio para ello. Tampoco referencias a una buena noticia asturiana, sigilosa pero quizá con alcance, de esta legislatura: la constitución de la Fundación Biosanitaria, una potencial herramienta para transformar nuestro modelo productivo y, sobre todo, nuestra cultura laboral. Soslayando el riesgo, claro, de que no sea nuestra cultura laboral la que transforme sus principios fundacionales. 

Son asuntos que, por lejanos que parezcan, afectan a nuestras regiones y municipios. Pero, como apuntaba ayer el flamante premio Princesa de Asturias, Emilio Lledó,  vivimos inmersos en el autismo, en la corrupción intelectual que suponen la tertulianización y la tuiterización de la política y de la vida en general, contrastando la simplificación del mensaje con la complejidad de los retos y, sobre todo, del conocimiento necesario para abordarlos. Retos que requieren unidad. Y, previamente, conocimiento ciudadano. Pero escasean los líderes dispuestos a marcarse objetivos ambiciosos e ilusionantes, superando esos desafíos, pero reclamando para ello sudor, lágrimas y esfuerzo compartidos. Prefieren anunciar paraísos indoloros aunque sean inalcanzables. Por eso llegan luego la cruda realidad, la decepción y la desafección.

Algunas izquierdas insisten en el discurso de lo público como dinamizador económico. Los lectores de EL COMERCIO preguntaban a un candidato cómo crearía empleo. Tras largo circunloquio,  apuntó a los planes municipales, quizá interesantes pero también escasos para combatir el paro. Pero ni una palabra de apoyar un clima amigable para el desarrollo empresarial. La empresa –privada- sigue siendo sospechosa, excepto los pequeños emprendedores, y más si nacidos en centros municipales. Lo ilustraba otro candidato, talludito, aunque casi ayuno en experiencia profesional, tildando a los empresarios de “piratas”. Hombre, “piratas” haylos en muchos sitios, desde partidos políticos a sindicatos estudiantiles,  pasando, claro, por muchas empresas. Pero olvidaba probablemente el candidato que muchos empresarios han ligado su fortuna a sus negocios, perdiéndola tras apoyarlos con su peculio o hipotecando sus bienes. Y que miles de ellos han pateado el mundo con un catálogo a cuestas, situando a las exportaciones españolas entre las más cuantiosas, en términos relativos, de la UE. Olvidaba que una empresa estándar de servicios destina el 26% de sus ventas a impuestos.  Y también, sin duda, que las empresas crean el 80% del empleo regional. Desde alguna derecha –y alguna izquierda-  parece asumirse, aunque no entenderse de todo, la necesidad de un entorno favorable a los negocios, no atinando a formularlo. Proclaman tópicos –con o sin sustento real- como “terminar con la cultura de la subvención”, “facilitar el emprendimiento”, o “retener el talento”, como si las culturas o el talento cambiaran o se retuvieran por decreto.  Y olvidando, ay, el clientelismo, las corruptelas y otros aderezos administrativos.

En realidad, y según Eurostat, no nos falta ánimo emprendedor.  España, con tres millones de empresas, tiene tantas como Alemania o Francia, más pobladas; estando al nivel, por habitante, de Italia. Asturias supera, per cápita, al conjunto de España. El problema es otro. Ejemplos: en España tenemos 29.000 empresas relacionadas con nuevas tecnologías, por 82.000 en Alemania, 79.000 en Francia o 50.000 en Italia. Y sin embargo, disfrutamos de 120.000 bares y restaurantes, los mismos que Francia y más que Alemania (92.000) o Italia (46.000). Asturias ahonda en estas tendencias, liderando  la dotación autonómica de bares, mientras el País Vasco decuplica nuestro sector electrónico. Y nuestro loado sector TIC genera el 1% del empleo nacional, la mitad de lo que correspondería. Añadan que las empresas españolas y desde luego, las asturianas –con un tejido muy desequilibrado hacia las macro y las micro- son, en promedio, más pequeñas que las foráneas, más parecidas a ferrados de supervivencia que a empresas. Nuestro problema, por tanto, no es emprender, sino qué emprendemos.    

Quizá muchos candidatos  anden escasos de finura y sobrados de tópicos e ideología.  Olvidando que eso puede conducirles a agravar los problemas que quieren resolver.

Los resultados de la última EPA para España son halagüeños, con un 3% de aumento interanual del empleo. Pero Asturias registra un  0,2% (700 empleos) mejorando sólo a Murcia y Navarra. Resultado, una ocupación del 41% frente al 46% nacional, que sólo supera, y por muy poco, a la de Andalucía y Extremadura, que, ojo, casi triplica el  crecimiento de la astur.  Y ello a pesar de que nuestro sector público ocupa al 19,8% de los trabajadores, por encima del 17,2% nacional y superado, tan sólo, por Castilla La Mancha y Extremadura.  Aun así, Asturias, tiene un 30,5% de temporalidad, justo en la media nacional. El único indicador aceptable es el de empleo cualificado: 40,1%, unas décimas por encima del 39,4% nacional, y superado no ya por Madrid o el País Vasco, sino por regiones como La Rioja o Galicia.

El Padrón Continuo para 2014 avanza  que Asturias es, nuevamente, la región que más población pierde a lo largo del año: un 1%, seguida de las dos Castillas, y muy por encima del -0,4% nacional. Pero hay más datos preocupantes: nuestro paraíso natural es, paradójicamente, la región más contaminante (¿y contaminada?) medida por emisiones de gases invernadero. Al tiempo, prosigue la deslocalización fiscal mientras el año pasado  la recaudación crecía un 2,8% frente al 3,6% registrado en el conjunto de la nación. Precisamente cuando sabemos que, durante la crisis, Asturias fue la única región donde creció el gasto sanitario.

Quizá recuerdan aquella película de los años 50, “El increíble hombre menguante”, que perdía tamaño irremediablemente tras atravesar una nube radiactiva, terminando por  luchar contra insectos y microorganismos.  Si la progresiva apertura económica de España desde los años 50 -que marcaron nuestro cénit económico-  hiciera las veces de esa nube radiactiva, Asturias padecería el rol protagonista, comparándose, a fuerza de encoger, con los peores de la clase, habiéndolo hecho con los mejores.  Padecemos un círculo vicioso: nuestra estructura económica descansa sobre fundamentos maduros, obsoletos incluso, altamente contaminantes. Insuficientes para crear empleo, son causa emigración juvenil, inactividad  y el consiguiente envejecimiento, generando un gasto asistencial creciente financiado, transferencias aparte, con una base imponible que crece menos que el gasto.  Solución: subir los impuestos a tipos record en España (y Europa), pero a costa de entorpecer la inversión, la innovación y el empleo, alimentando de nuevo esa dinámica perversa.

Pero más perverso aún me parece no escuchar a nadie en esta campaña que priorice la creación de base imponible sobre el gasto o la consecución de transferencias externas, intentando siquiera romper, definitivamente, con el círculo vicioso de la increíble Asturias menguante.

Quizá debamos preocuparnos más por nuestra actitud hacia la ciencia, que no sólo concita menos interés y conversaciones que en otras naciones, sino que, con frecuencia, nos coloca, como ciudadanía, en el gozne entre los países avanzados y los emergentes. La National Science Foundation estadounidense compila año tras año estudios sobre actitudes ante la ciencia en numerosos países. Entre ellos los de la Fundación BBVA. Y los resultados sorprenden por nuestro rechazo radical y mayoritario, aparentemente intuitivo, contradictorio, acrítico y acientífico, hacía tecnologías como la fisión nuclear, los transgénicos o el “fracking”. O por nuestra actitud ante fenómenos como el cambio climático o la exploración espacial. Ningún país desarrollado acumula tantos recelos.

La energía nuclear es considerada extremadamente peligrosa por el 70% de nuestros compatriotas. Sólo Suiza y Austria nos superan en un rechazo que en países como Finlandia, Suecia, Reino Unido o Francia ronda el 40%. En Japón es aún menor. La información sobre el “fracking” no es tan completa, pero sí apunta a que en España un 45% desconoce en qué consiste, mientras que entre los informados suscita un rechazo mayoritario, que contrasta con el general  conocimiento y aprobación en EEUU o Canadá.  Son datos cuando menos sorprendentes, por su contundencia, en una España tan dependiente del abastecimiento energético exterior. Y que los molinos de viento, aunque conciten general asentimiento (88%), apenas pueden paliar. Recuerden el rechazo a las catas petrolíferas -luego fallidas- que se llevaron a cabo en aguas Canarias.

Sucede lo mismo con los alimentos transgénicos, que si en España suscitan rechazo mayoritario –un 50% los considera extremadamente peligrosos- en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos o Bélgica no alcanza más allá de 25%. Sólo Francia y Alemania nos superan, por poco. Y sospecho que, en el caso francés –como en el español- esa reluctancia macla el interés por la seguridad alimentaria con suspicacias industriales y geopolíticas.    

Da la impresión de que en asuntos científicos nos movemos instintivamente. La investigación suscita el recelo de más del 40% de nuestra ciudadanía, así como un notable desinterés, fundado en un mayoritario “no lo entiendo” de nuestros mayores y un también predominante “no me interesa”  entre los jóvenes. Y es que lo que realmente nos interesa son sus aplicaciones a la salud y el bienestar. O a artículos de consumo. Sólo aceptamos la investigación básica y sus aplicaciones personales, individuales, casi hedonistas; rechazando instintivamente incluso el debate sobre aquellas, quizá estratégicas que, con motivo o sin él, consideramos  peligrosas aunque puedan afectar al interés nacional, sea energético, alimentario o estratégico. Aun así, el 80% de los españoles cree que hay que gastar más en ciencia. Pero ¿es viable investigar con mimbres sociales tan recelosos?