Ayer, la Generalitat con su Presidente al frente, firmó un «Pacto para la Vivienda» con más de una treintena de organizaciones sociales. A instancias de sus socios de ICV, el mismo, contempla la posibilidad de forzar al dueño de un inmueble a alquilarlo si éste se muestra desocupado. Quiero recordar que, después de todo, esto es hasta un avance porque, en un principio, se habló de posibles expropiaciones. Bien, la medida, a mi juicio, ataca directamente al corazón de nuestro sistema, o sea, a la propiedad privada y el libre uso que de ella se haga. Pienso, en primer lugar, lo difícil que es saber si un piso está desocupado o no y el porqué. Puede que un padre lo tenga para cuando su hijo se haga independiente, o que como consecuencia de un traslado laboral quede vacío a expensas de un posible retorno, o que, simplemente, se vea como un producto de inversión para que en el futuro se saquen sobre él unas plusvalías. No sé, las motivaciones pueden ser tantas y tan variadas que veo a la Administración incapaz de diferenciar entre unos casos y otros. Pero, en segundo lugar, que desde instancias gubernamentales te fuercen a hacer lo que ellos quieran con una propiedad que has ganado con tu trabajo, resulta, cuando menos, inquietante. Hoy hablamos de los pisos porque está muy en boga y viste muy bien políticamente pero, quizá, mañana, puedan poner un “corralito” a tus ahorros como en Argentina, o socializar los medios de transporte como en Cuba para que tu coche sea usado por más personas, o a invertir en no sé qué porque le conviene al gobierno de turno. En definitiva, la puerta está abierta para que el Gobierno controle tu vida hasta límites insospechados.

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