Desde luego, las recientes detenciones a tenor de graves irregularidades en clínicas para interrupción al embarazo, no pueden servir en absoluto de reflexión sobre el tema. Más bien para todo lo contrario: su condena categórica. Estos auténticos -por decirlo de una manera suave- campos de exterminio humano representan totalmente el polo opuesto al espíritu de dicha ley. Entre las muchas ignominias que se destaparon, destaquemos sólo algunas. Falsificación de informes para así practicar abortos a la carta, superación con creces de los límites legales de tiempo (hasta de 7 meses), trituradora de residuos orgánicos para eliminar las pruebas del delito cuando no fetos tirados directamente en la basura… Creo, sinceramente, que se reforme o no la misma debería perseguir todas estas prácticas con toda la contundencia correspondiente. Ayer, dentro de la reunión de la Ejecutiva del PSOE, volvió a surgir el debate. Pese a que existía un pacto tácito de no incluir el tema en el programa electoral, parece que se impuso la postura de una futura revisión. Cierto es que lleva ya vigente 22 años y que, como en el caso de daño psíquico para la madre, la ley presenta lagunas que convendría resolver. Pero, sólo digo, que el motor de estos cambios no puede venir dado por la actuación de estos matarifes que lo único que pretendían era enriquecer sus bolsillos y aliviar malas conciencias. El fondo de la actual ley, contemplar unos determinados supuestos de riesgo, debe prevalecer y respetarse.

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