Sinceramente, pocas veces hemos visto una huelga de las características que presenta la de funcionarios de la administración de Justicia. Piensen que llevan más de 2 meses en paro y, por lo visto, con visos de seguir. De mi infancia tengo el recuerdo de una que afectó especialmente a mi padre: la de la construcción. Hacia finales de los años setenta -la lucha del sector por un nuevo convenio mucho más digno- llevó a más de 3 meses en paro y, de ahí, le vino el nombre popular de la “huelgona”. Ahora, casi 30 años después, revivimos una de similares características en cuanto a duración pero por distintos motivos. Verán, yo hay cosas que comparto con los funcionarios de justicia y otras que no. Tienen razón en que realizan trabajos de similares características a los de otras comunidades con la competencia transferida y, sin embargo, se encuentran peor pagados. Es decir, por pertenecer al Ministerio y no a la autonomía de turno tienen un plus económico a la baja. Ahora bien, dicho esto también tienen que aceptar que, cada administración autonómica, es soberana para decidir lo que quiere pagar a sus funcionarios y, ellos, lógicamente, deben vivir acorde con la realidad existente en su lugar de trabajo. Es, por decirlo de otra manera, malo compararse con otros puesto que cada lugar tiene su problemática particular. Por ejemplo. En unas les exigirán saber el idioma cooficial de turno, en otras tendrán menos jornada, quizá tengan que aprenderse determinados fueros especiales que allí se aplican o el Jueves Santo no se celebre pasando para el lunes siguiente. Resumiendo: que si seguimos dicho razonamiento los asturianos podríamos ponernos en huelga, puesto que, entre otras cosas, pagamos más cara la gasolina por mor del céntimo sanitario y tenemos que tributar por Sucesiones cuando en otras comunidades no pagan impuesto alguno por heredar. Además, si nos ponemos a buscar agravios, un funcionario español podría compararse perfectamente con uno alemán ya que ambos pertenecen al mismo espacio europeo y realizan funciones más o menos similares.

Quizá -y aquí apunto para mí uno de los motivos- este Estado asimétrico que estamos creando tenga buena parte de la culpa. Cuando se decide descentralizar una competencia, el proceso debe ser igual para todos en cuanto a tiempo y forma. Curiosamente aquí han quedado 7 autonomías (las mismas de siempre, por cierto) fuera de la asunción de responsabilidades y, claro, eso algunos lo miden en términos de desigualdad. Decía Jordi Pujol que hay competencias agradables (por ejemplo, el poder hacer carreteras a los ciudadanos) y competencias desagradables más difíciles de asumir (por ejemplo, la de Justicia) pero que, en definitiva, una administración responsable, debe afrontarlas todas.