Recientemente, un grupo destacado de intelectuales y medios de comunicación, han hecho público un «Manifiesto por la lengua común» en defensa del castellano. Aseguran que, desde hace ya algunos años, hay razones crecientes para preocuparse por su situación en nuestro país y, por tanto, a través de este documento, pretenden señalar una serie de puntos relevantes en cuanto a lo que consideran debe ser la utilización del mismo como lenguaje vehicular de todos los españoles. Bien, vayamos contestando preguntas.

¿Está el castellano en peligro tal y como aseguran sus firmantes? Ciertamente, creo que no. Y me explico. El castellano es un gigante tan grande que es imposible sustraerse a su poder como lengua. Más bien, pienso, cuando se usa conjuntamente con cualquier otra lengua oficial dentro del Estado sucede todo lo contrario: a la que hay que proteger es a ésta porque el castellano tenderá a laminarla. Así, tal y como se insinúa en el Manifiesto, me resulta muy difícil creer que un individuo dentro de nuestro país la desconozca o se le eduque fuera de su aprendizaje. Sería cuando menos un ermitaño de una montaña muy remota el que, al no encender una televisión, ver un periódico o escuchar cualquier radio no se encontrase de frente con el castellano. Casi lo veo imposible. Cuando se producen los excesos nacionalistas -que los hay, claro está- lo que pretenden es que se use la lengua co-oficial en detrimento de la común, puesto que, a todas luces, saben de sobra que la segunda prevalecería sobre la primera debido a ser usada mayoritariamente por más individuos. Por tanto, dar a esos desmanes lingüísticos el carácter generalista que dicho Manifiesto les achaca, pienso que es exagerar o establecer cuando menos una visión apocalíptica de algo que es asumido por todos: el castellano es nuestra lengua común y así lo sentimos. Traduzcan si no este razonamiento al mundo del fútbol, ¿deberíamos de sacar un documento de apoyo a la Selección Española porque unos cuantos quisiesen que ganase Alemania en la final?

¿Pueden ser las rotulaciones de las vías públicas o la información ciudadana bilingües como se exige? Pues a veces no, ya que, claramente, se trata de topónimos o palabras específicas que no tienen traducción directa al castellano. Imaginémonos si a una «caleya» la tenemos que traducir por «pequeña carretera», ¿no sonaría cuando menos absurdo? Es más, el fenómeno que antes les comentaba, esto es, el de que el castellano se impone a la lengua del lugar borrándola del mapa, lo pueden observar al ver como los bugres acaban siendo bogavantes o las andaricas nécoras. Por tanto, ¿qué hay de malo en que se conserven ciertos nombres que son característicos y propios de la cultura local? ¿Tanto distorsiona a cualquiera el preguntar qué significado o traducción tiene un determinado pescado en el menú o marisco en una carta? ¿No viajamos acaso también para aprender? ¿Qué acabará antes desapareciendo de nuestro lenguaje el pixín o el rape?

¿Necesita, pues, el castellano tan férrea defensa? Pues no, porque, como ya les decía, lo que no se puede hacer es una especie de «sinécdoque lingüística», esto es, pensar que la parte más intransigente de ciertos individuos respecto a su lengua, puede trasladarse hacia todos los demás. Al final, como se dice en el propio Manifiesto, los derechos a utilizar las lenguas los tienen los ciudadanos y no los territorios, por eso, no podemos caer en el error de utilizar la lengua como un vehículo político tal y como hacen los nacionalistas. El castellano, por sí sólo, ya se reivindica así mismo sin que nadie tenga la percepción de que habrá alguna vez en este país una generación que lo desconozca o ignore. Sería, creo, bastante absurdo el verlo así.