Vivimos tiempos donde, bajo la excusa de dar confianza, se plantean medidas económicas «a la remanguillé». Es decir, sin la reflexión necesaria para que, no sólo las mismas funcionen, sino que además produzcan un beneficio claro tanto en el mercado como al ciudadano. En este sentido, o sea, en el de dar una solución rápida al desconcierto general que provoca la crisis, la propuesta del Presidente Areces hacia el sector inmobiliario deja muchas incógnitas por despejar. Demasiadas, diría yo, como para quedar suspendidas en el aire. Veámoslas.

A) Supuestamente, el Gobierno asturiano comprará inmuebles sin vender a los constructores para luego aplicarles algún tipo de protección. Bien, en la zona de Gijón, por ejemplo, los pisos sujetos a este régimen suelen rondar los 1.500 euros metro. La vivienda libre, a su vez, está en una media aproximada de 2.500 euros. Por tanto, si el Principado quiere aplicar dicha medida, ¿quién va a pagar los 1.000 euros metro de diferencia entre uno y otro precio? Piensen en que para un inmueble de 80 metros la diferencia sería de 80.000 euros, o sea, una cantidad bastante considerable, ¿no creen?

B) Pero, bien, supongamos que el precio del inmueble sin vender es más o menos parejo. Si al promotor le resultó en su día imposible colocarlo en el mercado, ¿qué clase de fórmula taumatúrgica va a aplicar la Administración para conseguirlo? Si el Principado comienza a adquirir bienes de este tipo, o sea, llamémoslos «ociosos» (no quiero utilizar la palabra «tóxicos»), ¿qué piensa hacer con semejante stock?

C) Últimamente, estamos viendo planes faraónicos en cuanto a las viviendas de protección. Y, la verdad, las necesidades ya no son las que eran. Cuando un individuo pierde el trabajo, o sabe que su empresa está en el alero, o teme por su situación económica en general; no piensa en comprar un piso. Más bien, normalmente, se limita a alquilarlo. El Principado, según su Presidente, pretende con esta medida llegar a ofrecer 6.000 viviendas al año. Pregunto: ¿se venderán todas o quedarán edificios terminados y sin comprador? Si estamos hablando que en España existe un desfase entre oferta y demanda de aproximadamente un millón de inmuebles que tardará en liquidarse al menos dos o tres años, ¿no ocurrirá lo mismo con la protección oficial asturiana?