Hoy, durante tres horas, los secretarios judiciales pararán en protesta por la sanción impuesta a una compañera. A su vez, los jueces, aunque legalmente no pueden hacer huelga, convocan reuniones de trabajo a esa misma hora en disconformidad por lo que consideran una injerencia política del Gobierno. Bien, ambas protestas se basan en el caso «Mari Luz»: la niña asesinada por un pederasta que campó a sus anchas durante más de dos años ante una cadena de fallos en un juzgado de Sevilla. De resultas, la secretaria judicial fue condenada a dos años de suspensión de empleo, y el juez del caso a una multa de 1.500 euros que tiene recurrida. Lo cual, a un ciudadano de calle como usted o yo, nos deja bastante perplejos, porque, como comprenderán, resulta bastante chocante la diferente vara de medir que se utiliza entre jefe y subordinada ante un mismo acto.

Siempre les digo que el mundo de la Justicia es de locos. No sé, es como si en una barca los remeros, en vez de remar al unísono, cada uno considerase que tiene hacer el trabajo por su cuenta. Es decir, remar en la dirección y ruta que más le convenga. El resultado final, obviamente, es que la embarcación se muestra caótica. En un juzgado, muchas veces, pasa lo mismo. Un papel puede quedarse en una mesa porque, los funcionarios consideran que no es su labor, los secretarios tampoco y el juez, claro está, vive en otro mundo. La gran reivindicación de más medios materiales – que sí, que se necesitan sin ninguna duda- no es ya una excusa para encubrirlo todo. Se requiere un nuevo espíritu dentro de la Justicia que la ayude a funcionar como es debido. Y no es precisamente el corporativo.

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