El juicio contra dieciséis independentistas catalanes acusados de quemar fotos del Rey fue de lo más curioso. Los hechos juzgados, como todo, generarán opiniones contrapuestas sobre si son o no delito. Para algunos, el prender fuego públicamente a retratos monárquicos, no es más que una forma de ejercitar su libertad de expresión. Para otros, entre los cuales me incluyo, ésta también tiene que tener un límite. Pero, bien, vayamos al resultado en sí. La fiscalía, sorprendentemente y a última hora, retiró los cargos de injurias a la Corona cambiándolos por faltas de desorden público. Lo cual, dicho sea de paso, le resultó de lo más sorprende hasta el propio juez que dijo «O el delito de injurias es delito, o no es nada». Pero lo peor, a mí juicio, es que cambia toda una línea de actuación que se estaba manteniendo entorno a la figura del Rey.

Efectivamente, desde la transición se había considerado a la Casa Real, jurídicamente hablando, como un símbolo más del Estado. Así, todos los hechos que se habían producido de ese calibre fueron tratados por la fiscalía como injurias y, por tanto, juzgados. Parecía, entonces, que había un claro consenso en ese sentido sobre la manera de actuar. Sin embargo, con la postura actual se abre un camino bastante incierto. Si quemar fotos del Jefe del Estado no es delito, ¿tampoco lo es hacerlo con la bandera? ¿Existen o no símbolos inviolables dentro de nuestro ordenamiento? Si un grupo de personas se presenta ante un juzgado con camisetas de «Yo también quemo la corona española» y no muestran ningún tipo de arrepentimiento, ¿cabe acaso que de «motu propio» el fiscal cambie la calificación de los hechos? ¿Hubiese hecho lo mismo si las camisetas pusiesen «Gora ETA» o sería un delito de enaltecimiento del terrorismo?