Cada día, da igual la administración que hablemos, estamos asistiendo a una carrera por ver quién ofrece más. O sea, por ver cómo se llega más lejos a la hora de cubrir la crisis a ciertos sectores de la población. Así, por ejemplo, puedes ver como los bancos tienen una especie de «barra libre» con respecto a los fondos del Estado, o como las administraciones se ofrecen a comprar terrenos y pisos directamente a los constructores o, mismamente, como pasó ayer, se anuncia el aplazamiento de la hipoteca para los parados. Bien, el caso es que esta batería de medidas siempre adolece de lo mismo: falta de concreción. Es decir, en el momento que rascas un poco en las mismas ves que tienen mucho más de anuncio verbal, que de efectividad para el mundo real. Vean si no lo de la moratoria en el pago de hipotecas.

Según el Gobierno serán los compradores de vivienda en paro anteriores al 1 de septiembre de 2008, quienes, a partir del 1 de enero de 2009, podrán aplazar el 50 por ciento de la hipoteca durante dos años con la garantía del Estado. Bien, la pregunta es obvia, ¿y están de acuerdo los bancos? ¿Aplazarán la mitad del pago de la hipoteca porque lo diga el Gobierno? Si estamos hablando de una escritura pública de préstamo entre ambas partes, ¿quién tiene poder para cambiarla? ¿Un juez o el Gobierno? Pero, además, las cuotas aplazadas durante dos años luego se prorratearán entre las restantes hasta un máximo de diez. Bien, si ahora no puedo pagar por estar en paro, ¿dentro de dos años, y aunque esté trabajando, podré con una carga mucho más pesada? ¿No pasaré el resto de mi vida afrontando semejante deuda? Si, al final, como me temo, los bancos impondrán un tipo de interés sobre la parte aplazada, ¿qué diferencia existe entre la medida propuesta y solicitar una carencia ante la entidad bancaria?