Como saben, la polémica en Italia se centra sobre la posible muerte de Eluana Englaro, una joven que tras 17 años en coma tiene autorización judicial para que se la deje de alimentar artificialmente. La batalla por conseguirlo comenzó cuando su familia, en 1999, planteó esa posibilidad ante el Tribunal de Lecco. A partir de ahí, la sucesión de idas y venidas ha sido espectacular. Según cuento, más de seis tribunales se han pasado la pelota unos a otros, hasta que, finalmente, la Corte de Apelación de Milán, la autorizó. Como era de esperar las asociaciones provida han salido a la calle para que, según sus palabras, «no se mate a la joven de hambre y sed». Sin embargo, las que defienden la eutanasia dicen que «se pretende sustraer al ciudadano el derecho sobre su propio cuerpo, para entregarlo a la voluntad de la Iglesia y del Estado».

Bien, en estas estábamos -en una batalla civil ya de por sí muy dura- cuando apareció el Gobierno Berlusconi. Éste ha redactado un decreto-ley de forma urgente para impedir la desconexión de la sonda, creando, además, un conflicto institucional sin precedentes, puesto que el presidente de la República se ha negado a firmarlo. Yo entiendo que las cosas no son blancas o negras. Afortunadamente, existe el marrón. Hay casos donde, objetivamente, la persona o familiares (el de la foto es su padre) tienen derecho a reclamar una muerte digna, y otras en que no. ¿Quién debe decidirlo? Pues, para mí, la Justicia siempre asesorada por la medicina. Ahora bien, sus sentencias deben ser respetadas. Cosa, por cierto, que no está pasando en el caso italiano.