La aprobación por parte del Gobierno del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), no sólo es un salvavidas para el sistema financiero que tendrá un límite de 99.000 millones de euros, sino también todo un pistoletazo de salida para la reconversión del sector. Vean algunos datos. Se calcula que sobran unas 10.000 oficinas y hasta 35.000 empleados. En España, para que se den una idea, hay una sucursal por cada 986 habitantes, en Europa por cada 1.735. Las cajas han abierto desde el inicio del «boom» inmobiliario más de 5.000 nuevas oficinas y han contratado a 44.000 empleados. Su endeudamiento con el sector del ladrillo -en horas muy bajas, como saben- es superior al 60 por ciento del crédito concedido. Por lo que, lógicamente, en la actualidad algunas tienen tasas de morosidad superiores al 6 por ciento y creciendo. Además, el proceso de fusiones es el único viable en esta situación según el Banco de España, cosa que, con el dinero del FROB, se prevé fomentar. Ahora bien, también se han dejado huecos importantes sin cubrir.

Lo que el Gobierno no acometió fue una reforma más que necesaria en la Ley de Cajas. Una vez saneadas, por fusión o con el dinero del FROB, lo que pasará es que volverán a ser los instrumentos de las autonomías. El juguete de los políticos de turno que volverán a utilizarlas para sus intereses, porque, como ha sucedido con Caja Castilla La Mancha, los desatinos financieros salen gratis. De hecho, al Gobierno le costará sangre, sudor y lágrimas impedir el derecho de veto autonómico cuando una caja sea intervenida. Es más, algunos ya están preparando un recurso por «invasión de competencias». Más claro…