Por mucho que se quiera ver desde instancias municipales el vaso medio lleno, hay un antes y un después para el urbanismo gijonés con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La nulidad de un PGOU -aunque no sea firme- lo que deja en el ambiente es una sensación de incertidumbre total. Algo así como cuando se desconoce el final de una película. Nadie, digo yo, se va a atrever a desarrollar cualquiera de las actuaciones pendientes sabiendo, como es el caso, que la norma que las sustenta podría ser nula. Sería un suicidio urbanístico y económico de primera magnitud. Por tanto, lo que cabe ahora esperar del Ayuntamiento es una estrategia, un plan para que, pase lo que pase, nuestro urbanismo no se mueva en esa inseguridad jurídica durante años. Se apuntaba la posibilidad de tramitar en paralelo un nuevo PGOU. Bueno, parece razonable. No lo es, en cambio, pretender esperar la sentencia definitiva (tres años, aproximadamente) y luego ponerse a tramitar uno nuevo si el fallo es contrario (otros dos). Total: estaríamos más de cinco años moviéndonos entre tinieblas urbanísticas. Por otra parte, señalarles que observo voces críticas porque la Justicia hizo hincapié en las formas. Bueno, claro, es que son muy importantes. A la postre, crean o no indefensión en el ciudadano. Y la Administración -ora para una expropiación, ora para un plan- debe cuidarlas al máximo. Por eso, la culpa no la tienen aquellos que presentaron un recurso, sino quienes asesoraron para que se hiciera una «modificación» en vez de «revisión» sabiendo que iba a tener una contestación muy importante. Pongamos, pues, el dedo en la llaga.