Soy partidario de que el Gobierno imponga criterios porque así lo exige la situación económica. Eso de, bueno, vamos a ver si con esto vale para que nadie se enfade, o, vamos a cambiar un poco esto otro a ver qué pasa; sencillamente, no sirve. Veo la situación un poco como lo que le pasó al canciller Schröder en Alemania durante los últimos años de su mandato: tuvo que enfrentarse con la impopularidad -incluso dentro de su propio partido- para abordar una delicada coyuntura económica. Con reformas tales como, retrasar edades de jubilación o recortes sociales importantes, dentro de un partido, el SPD, de izquierda. Pues bien, en este sentido la acción del Gobierno me parece completamente titubeante. Lanza al aire medidas que no son sino parches, mientras sigue sin atacar los problemas de raíz. Tomen dos ejemplos.

En materia impositiva, sinceramente, no sabemos muy bien a qué atenernos. Desde luego, con la subida de impuestos en la tributación de plusvalías o rentas de capital; no se ataja ni una cuarta parte del déficit (50.000 millones de euros). Por tanto, hay que ser valientes y decir que se necesita tocar el IRPF en sus tipos. Doloroso, sí, pero lo único que puede funcionar.

En materia social, otro tanto de lo mismo. Presenta a la sociedad una paga de 420 euros para aquellos desempleados sin prestación desde el 1 de agosto. Por cierto, una pregunta, ¿quién tiene más necesidad? ¿El que la terminó en agosto o hace un año? Bien, en la primera reunión con los sindicatos la extiende hasta junio, y en la segunda, hasta enero. ¿Es justo cambiar dos veces de criterio desde el punto de vista social? Sí, pero en lo económico representan 1.300 millones de euros más para el déficit; mientras inexplicablemente sigue manteniéndose el cheque-bebé.

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