Si trasladásemos toda la trama del Gürtel a la empresa privada, sería de la siguiente manera. Al banco X le comunican que existe una red fraudulenta dentro de su organización. Al principio, se niega a ver los hechos y lo achaca a que la competencia quiere desprestigiar. Posteriormente, y ante las evidencias que se presentan, acaba por aceptarlo. Se da cuenta de que, durante un tiempo bastante prolongado, un grupo de individuos –dirigidos por el de la imagen- sobornaba a sus directivos para conseguir favores, las empresas corruptas no paraban de obtener contratos del banco y, en general, el dinero sucio corría de manera fluida por entre la organización. El presidente del X -pese a que no tiene nada que ver y su equipo está limpio- puede hacer dos cosas. Una, mostrar indiferencia para que los inculpados se achicharren ellos solos y dos, reaccionar ante la gravedad del caso. Ejecuta ambas opciones. Primero, manda tranquilidad porque todo se aclarará y segundo, viendo que el tema se complica promete medidas contundentes. Mientras tanto, las acciones de X caen en un momento que sería propicio para su auge y, por supuesto, el clima de intranquilidad interno crece.

En la empresa privada el asunto se resolvería así. 17 directivos –el número de cargos imputados, de momento- serían fulminantemente destituidos y muchos otros –caso de Camps- relegados dentro de la organización. Las acciones serían inmediatas puesto que es necesario lavar la imagen y aprovechar el buen momento del mercado. Hay que lanzar mensajes claros de que todo está limpio y transparente ante el cliente. Moraleja: en una empresa privada sería más o menos así, pero en política…