Saben que este medio, Internet, está en la picota. Todo ello a cuenta de un párrafo que contiene el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. En él, como medida para luchar contra la piratería, se prevé la creación por el Ministerio de Cultura de una comisión capaz de cerrar páginas web. Eso –y aquí está el meollo de la cuestión- sin permiso judicial alguno. Pues bien, el lío que se ha montado es de aúpa. El propio Ministerio convocó una reunión informativa de urgencia con gurús y profetas de Internet (por cierto, elegidos a dedo), pero le salió rana. En sus propias palabras están más «decepcionados» y «preocupados» que antes. Además, está prevista una manifestación para el día 11, porque, la medida en sí, es considerada como un recorte en el acceso a la red.

Ahora bien, lo peor para la ministra estaba por llegar. El propio Zapatero desautorizó sus intenciones diciendo que «No se va a cerrar nada. Ni una página web ni ningún blog». Y el ministro de Juticia corrigió a González-Sinde, dejando bien claro que el cierre de páginas web deberá contar siempre con «control y autorización judicial». Cosa, por otra parte, completamente lógica, ya que si trasladásemos esta medida al mundo de la prensa, ¿aceptaríamos acaso que se cerrase un periódico por un ministerio?

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