Como saben, el Ayuntamiento de Vic, se negó a empadronar a los inmigrantes sin papeles. Esto, como no podía ser de otra manera, suscitó una cadena de reacciones a favor y en contra. Máxime si tenemos en cuenta que, el propio tema, será objeto de debate durante la campaña electoral catalana que tendrá lugar en otoño. Desde el ministerio del Interior se dijo siempre que la postura era ilegal. Un extranjero sin papeles no puede ser rechazado por este motivo en el padrón, sino por no acreditar la residencia en el municipio correspondiente. Lo mismo acaba de decir un informe de la Abogacía del Estado: los ayuntamientos no tienen competencias como para decidir si una persona está o no en situación legal. Sin embargo, en otros como el de Torrejón para sortear la Ley de Extranjería, exigen un mínimo de 20 metros cuadrados por cada persona que viva en una vivienda, es decir, 80 metros máximo 4 habitantes. En el polo opuesto se encuentra Marbella: están deseando que se empadronen para poder acceder a más fondos estatales.

Bien, desde el punto de vista estrictamente legal hay que darle la razón al Gobierno. Ningún ayuntamiento puede decidir, a la vista de un pasaporte o cualquier otro documento acreditativo, si esa situación es o no correcta. Pero también, observen, este tema está destapando una profunda contradicción. Si Interior admite que son ilegales tiene dos soluciones: o los expulsan, o los regularizan. Darles, mediante un padrón, los mismos derechos que a los legales no deja de ser rocambolesco. Por tanto, este agujero por el que se ha colado también mucha demagogia y lucha política, urge que sea tapado. Dejarlo al albur de los ayuntamientos según su color político puede dar lugar a hechos curiosos: algunos han llegado incluso a empadronar dando cuevas como domicilios, mientras que otros son absolutamente restrictivos.