Ayer tocó al juez Garzón pasar por el Supremo. Esta vez, por la causa abierta sobre un presunto delito de prevaricación y cohecho al rechazar una querella contra los responsables del entonces Banco Santander Central Hispano. Recordemos que los hechos se remontan a cuando el magistrado envió una carta a Emilio Botín pidiendo financiación para impartir un curso en Nueva York. En su defensa alegó que la cantidad donada – desglosada en: 160.000 dólares en concepto de horarios, 21.650 para la matrícula de su hija en una escuela internacional y 22.650 como gastos de viaje- fue una gestión que realizó la propia universidad. Además, en relación a la polémica carta encabezada como «Querido Emilio», afirmó que es la forma habitual con la que se dirige a todo el mundo (aportó otras con expresiones similares para Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre). Pues bien, desconocemos cómo se pronunciará al final el Supremo. Ahora bien, en mi opinión hay un hecho indubitable: un magistrado de la Audiencia Nacional no es una persona cualquiera. Es decir, si te dirige una carta solicitando algo –aunque sea para la causa de otros- te obliga sin duda mucho más. Si usted o yo hubiésemos pedido ayuda a dicha entidad para impartir un curso, ni les cuento por dónde (bueno sí, por el forro) se hubiesen pasado dicha carta. La acción de Garzón, pues, no sabemos si constituye delito penal, pero éticamente es del todo reprobable.