Parece que el decreto ley que recortó el sueldo a los funcionarios está en solfa. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha decidido presentar una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, tiene dudas sobre el encaje de la norma y, por eso, el Tribunal Constitucional, tiene ahora que pronunciarse. Todo viene motivado por una demanda de los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Consideran que, mientras a ellos les bajó el sueldo un 5 por ciento, a los de Renfe, Adif y Aena no. Además, lógicamente, como otros grupos de funcionarios, piden que se respete lo firmado en el convenio colectivo puesto que la bajada fue impuesta de forma unilateral.

Bien, el lío que se puede organizar es de órdago. En el caso de que a estos 1.700 trabajadores se les dé la razón, el tsunami de demandas judiciales creará historia. Nadie, dentro del mundo de la función pública, dejará que le sigan limando el sueldo así como así. Pero, por si esto fuera poco, puede llegar el caso de que la norma entera sea declara nula y, entonces, se produciría un terremoto de consecuencias impredecibles. Si hasta ahora, con medidas extremas como ésta, los gastos han bajado un 2 por ciento, ¿qué pasaría si se deja de aplicar? ¿Tendría el Gobierno –y el resto de administraciones, por cierto- que devolver todo lo que ha dejado de pagar? ¿Con qué dinero? ¿Cómo se tomarían los mercados un revés de semejante calibre? ¿No entraríamos casi en una situación límite?

Como ven, adelgazar al Estado no resulta nada fácil. Tomen si no este vídeo de un producto chino como ejemplo. La chica –que podría ser el Gobierno- quiere eliminar grasa con los métodos de la que llega, pero…