La crisis política portuguesa –su primer ministro dimitió el miércoles al no haberse aprobado el cuarto plan de ajustes- llevaba consigo indefectiblemente un terremoto económico. Durante todos estos meses el runrún financiero indicaba que, el país luso, sería el siguiente en ser intervenido. Grecia, Irlanda y, probablemente ahora, Portugal. Consecuencia lógica si tenemos en cuenta que, de aquí a tres meses, tiene que afrontar vencimientos de deuda por importe de 11.900 millones de euros. A esto hay que sumar 9.000 millones que debe colocar pagando un tipo, ojo, superior al 7% (llegando incluso al 8%). Por tanto, va a ser difícil que sobreviva sin ayuda. Realmente, y de cara a los intereses españoles, es lo mejor que puede pasar. Cualquier asomo de impago llevaría a tensiones extremas en los mercados financieros. Además, piensen que las empresas y bancos españoles serían los principales damnificados por su exposición. O sea, un desastre que nos salpicaría de lleno.

La pregunta que nos hacemos todos es si el siguiente puede ser nuestro país. En principio, la presión de los mercados ha bajado mucho. Los tipos de interés que pagamos por colocar la deuda son menores, mientras que la confianza internacional en la economía sube. Sin embargo, como todo lo que está cogido con alfileres, la situación puede variar drásticamente. Cualquier duda en las reformas exigidas, cualquier paso atrás en el camino que marca Bruselas y ya estaríamos otra vez en la picota.