Sigo pensando que publicar el patrimonio de los políticas es tema rosa. Ojo, no el que se haga una declaración de bienes a la entrada y salida de los cargos, sino el que se hagan públicos. Hoy, en casi todos los diarios, vienen las ganancias de sus señorías para regodeo general durante el café. Así, los millones de euros en efectivo de Bono, Rubalcaba o Fraga; serán materia de conversación junto con los 300.000 de Llamazares. Éste, pidiendo perdón de antemano, ya se ha apresurado a decir «Hay gente que piensa que los de izquierdas tenemos que ir de mono y vivir debajo de un puente». Bueno, también los hay que creen que la derecha es rica, tiene chacha y adora sobre un retrato de Franco. Pero, bien, el caso es que mi idea de transparencia no pasa por ahí. El que sepamos lo que tiene cada uno, a nosotros, ciudadanos de a pie, tampoco nos dice nada. No tenemos ni medios, ni oportunidades para saber si eso que se declara es verdad o qué subterfugios existen. Nadie, en el supuesto que esté cometiendo algún tipo de fraude, sería tan tonto como para declararlo a los cuatro vientos. Quiero decir con esto que, en el caso de tener patrimonio ilícito, nunca estaría a nombre del político de turno.

Por eso, pienso, sería mucho mejor que esta documentación –y su posterior comprobación, claro está- estuviese custodiada por la Justicia. A ella le corresponde investigar y poner sobre la mesa cuanto oscuro haya en un político. Y es que si no, a este paso, personajes como los de la foto, acabarán también enfangando el discurso político.