Como si fuera el resumen de todo un año dando vueltas, el Gobierno asturiano ha creado un Consejo Asesor de Asuntos Económicos. Consiste el mismo en un grupo de 12 expertos que emitirán su opinión a través de un escrito con periodicidad trimestral. El primero de los informes, cómo no, será sobre el empleo, crecimiento y competitividad. El siguiente… ya veremos. En todo caso, su labor no será remunerada –aunque pagaríamos gustosamente si tuvieran la solución a esta debacle- y quiere configurarse como un órgano que aporte ideas al Principado. Bien, el problema de la Administración es que siempre la dirigen políticos y no técnicos. Quiero decir, pues, que todos estos expertos de reconocido prestigio ya emiten sus opiniones de diversas formas. Algunos, a través de la prensa, libros o entrevistas; y otros mediante la docencia o su labor empresarial. No creo que el problema es que desconozcamos sus ideas -más bien, diría yo, las sabemos de sobra- sino el ponerlas en práctica. Tomemos el siguiente ejemplo. Un comité de sabios que asesora al Pacto de Toledo lleva años aconsejando modificar el régimen de pensiones. Sostienen, en sus numerosos informes, que es insostenible si no se realizan cambios en profundidad. ¿Qué hicieron los políticos ante esto? Nada. ¿Cuándo han actuado? Al ver que Bruselas apretaba las tuercas y les ponía contra la pared. El Gobierno de Javier Fernández nació con una base ideológica fuerte. Recuerden que siempre, y buena prueba de ello son los presupuestos, ha marcado sus prioridades en no mermar ni la sanidad ni los servicios sociales. Ante esto, me pregunto cómo se tomaría un informe que implique sobrepasar esas líneas rojas. ¿Lo guardaría en un cajón y se acabó? ¿Se atrevería el Consejo Asesor de Asuntos Económicos a decírselo a la cara? ¿Serán los informes hechos a medida para no levantar ampollas?

Los consejos asesores no son más que instrumentos montados por el poder político para una cosa: dotarse de cierta legitimidad. Existe ya un órgano que hace, si no esta misma la labor, parecida: el Consejo Económico y Social. Sin embargo, hasta ahora sus recomendaciones –cuando no le convienen al político de turno- han sido profundamente ignoradas. Ah, y encima cuesta 855.000 euros anuales al Principado.