Se atisba un cierto conflicto en el gobierno de Javier Fernández. El motivo: cómo tratar el tema de los desahucios. Mientras que sus socios de IU quieren plantearlo a la manera andaluza, o sea, fomentando una expropiación temporal de las viviendas en poder de bancos e inmobiliarias, el ejecutivo asturiano prefiere hacerlo mediante la negociación. Lo cual, dicho sea de paso, parece más lógico. El Principado quiere poner su parque de vivienda pública a disposición de los desahuciados (sobre 500 pisos), además de incorporar los que son propiedad de los bancos mediante un alquiler social. Un fórmula, vuelvo a repetir, menos conflictiva y que soluciona de igual manera el problema: que las personas no se queden en la calle. El sistema andaluz, en cambio, tiene unos tintes políticos innegables. Sólo con ver cómo llamó la Junta de Andalucía a su polémico decreto-ley,«Sobre la función social de la vivienda», se da cuenta uno por dónde vienen los tiros. Sí, porque, tal y como está concebida, se trata de una norma que resalta términos como expropiación, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Es decir, pura y dura ideología que pretende principalmente perseguir a los bancos que, por cierto, no digo que no se merezcan un castigo, pero en este caso no es lo fundamental. Lo más importante, entiendo, es tratar de dar una solución estable a tan grave problema y vía expropiación se entra en un terreno escabroso. Es más, mucho me temo que a poco que se recurra el decreto acabe siendo anticonstitucional. Su encaje jurídico, a día de hoy, es más que dudoso y lo único que trata es de crear falsas expectativas al intentar hacer un paraíso -«territorio libre de desahucios», según sus autores- en vez de apagar las llamas del infierno.

Para que nos demos una idea de hasta qué punto es absoluta demagogia, veamos cómo trata los pisos vacíos. Pretende imponer multas de 9.000 euros a aquellos bancos e inmobiliarias –cualquier día también serán particulares- que no los saquen al mercado de alquiler. En fin, quizá lo primero sería hacer un acto de contrición, porque, la propia Junta de Andalucía, tiene más de 5.000 viviendas vacías y el año pasado promovió 143 desahucios. Está claro que, por lo menos en el sur, al desahucio se le quiere enfatizar su vertiente política –aprovechando el odio que se tiene al sistema financiero- en vez de buscar soluciones reales.