La apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a Ángel González, portavoz de IU en la Junta, abre otra vez el debate. La cuestión está en saber cuándo un político debe dimitir ante una acusación formal de presuntos delitos. En principio, el criterio –siempre sui géneris y en función del partido de turno-  fue que se debía dejar el cargo ante una imputación formal. No obstante, parece que el listón en este punto estaba demasiado bajo. Una imputación por parte de un tribunal no es ni mucho menos asimilable a la culpabilidad. Vean si no lo que ocurrió con el «caso Renedo». Después de tres años y siete meses de eterna instrucción, el juez decidió rebajar de 39 a 6 los acusados por el tema. Un político en activo que se hubiera visto obligado a dimitir, ahora nadie le podría resarcir al levantarse la imputación. En una segunda fase, el criterio fue más allá y se dijo que debía ser ante la apertura de juicio. Eso fue exactamente lo que sucedió con Francisco González, ex alcalde de Cudillero y ex diputado, quien estaba acusado de un presunto delito de «exacciones ilegales y cohecho». El PSOE, ciertamente, defendió esta forma de actuar y la cumplió: «Quico» dimitió justo cuando se inició el juicio. La pelota, pues, ahora se encuentra en el tejado de IU. La peculiar estructura volcánica de la coalición hace que haya opiniones para todos los gustos. Algunos ya pidieron la dimisión de González con la imputación, mientras que la dirección le ha reafirmado en el puesto de forma reiterada.

Al ex consejero de Bienestar Social se le acusa de un presunto delito de prevaricación.  La Fiscalía dice que supuestamente adjudicó de forma incorrecta la colocación de unos monolitos conmemorativos de las víctimas de la Guerra Civil. Cree que tanto él como su viceconsejero, pidieron a una empresa presupuesto indicándole que presentase otros dos afines. Además llevó a cabo, según el fiscal, una tramitación irregular: optó por el fraccionamiento del expediente en tres contratos menores, mientras que la funcionaria responsable sostenía que debía ser por el procedimiento de negociado. En resumen, el nudo gordiano del asunto está en si debe o no dimitir González. Quiero decir que si continua –como así lo ha manifestado- IU se arriesga a una campaña de descrédito. Ver a un político ante un tribunal siempre resulta dañino de cara al electorado. Sin embargo, si efectivamente lo hace y luego es declarado inocente nadie le devolverá su acta de diputado.