El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, va a tener que ir ante la Justicia. Tres presuntos delitos han motivado que la magistrada que dirige la instrucción del «caso Enastur» -una empresa de Vigón que tenía impagos de IVA-  haya ordenado la apertura de un procedimiento abreviado contra él. El mandamás de la FADE había puesto el listón para su dimisión de la siguiente manera. Si había un procesamiento, o sea, juicio, dimitiría. Todo ello, después de crear una crisis institucional sin precedentes. Destacadas empresas de la región (ALSA, Alimerca, Hc Energía, Duro Felguera, etcétera) decidieron marcharse al considerar que no era ético que se mantuviese en el cargo. Un grupo de afines, en cambio, lo respaldó y Vigón, como quien no quiere la cosa, sigue al frente de esta mermada patronal. El caso es que el procedimiento abreviado ahora dictado  puede acabar en  juicio oral. Si así sucede, parece ser que García Vigón dimitirá como había dicho. Quizá, a mi entender, demasiado tarde porque el daño ya está hecho: la división en el empresariado asturiano es una realidad. Por el camino de este tumultuoso proceso, se conocieron detalles que levantaron ampollas en más de uno. Por ejemplo, que el presidente de la FADE cobra 120.000 euros anuales, mientras que las empresas luchan por sobrevivir a la crisis. García Vigón tenía que haber entendido que lo importante no son sus circunstancias, sino la propia unión del empresario asturiano. Desde ese punto de vista, el producir una fractura de este calibre es motivo más que suficiente para dejar la organización. No lo entendió así y, como digo, costará bastante tiempo restañar las heridas.

 
La alcaldesa de Aviés, Pilar Varela, tendrá que declarar como imputada ante un juzgado. El motivo: las facturas presuntamente irregulares que el Ayuntamiento pagó en relación con la inauguración del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Lo que para Varela era un sueño –el desarrollo de un equipamiento cultural tan importante- va a acabar siendo una pesadilla. Todo ello, debido a los tejemanejes que la Fundación que regía sus destinos urdió durante años. Sostiene la Fiscalía que desde el propio Ayuntamiento, no sólo se aceptaron pagos irregulares que nada tenían que ver con el centro cultural, sino que además se indujo a modificar las facturas para que tuvieran cobertura legal. Por eso, imputa a otras cinco personas entre ellas el director general del Ayuntamiento o la propia exsecretaria de la alcaldesa. He aquí, pues, las consecuencias de la «barra libre» que la Fundación Niemeyer parecía tener. Cualquier desaguisado, en nombre de la cultura, era admitido por los responsables municipales sin mayores miramientos. De hecho, el Principado solicitó  la devolución de las subvenciones recibidas al detectar irregularidades en las facturas. El Ayuntamiento, en cambio, tragó y ahora se ve ante la Justicia. Bien es cierto, que fue la propia alcaldesa quien puso en conocimiento los hechos. Yo no veo en Pilar Varela una culpabilidad más allá de haber depositado su confianza en la persona equivocada: Natalio Grueso, responsable del Centro Niemeyer. Tanto él, como su esposa y una agencia de viajes forman parte de otra pieza separada de la instrucción que se está investigando. Desde luego, Varela cometió un error: confundir el todo con la parte. Pensó que era más importante la Fundación que el propio centro cultural.