La Asturias de las subvenciones escribe un capítulo más, quizá uno de los últimos. Seis compañías mineras están siendo investigadas por un juzgado de Instrucción de Ponferrada. Su presunto delito: un fraude en la concesión de ayudas durante el periodo 2007-2012. En principio, aunque el origen de la investigación se encuentra en León, todo parece indicar que las mismas pautas pudieron seguirse en el Principado. Es más, los vínculos son claros puesto que dos de las empresas –Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte con explotaciones asturianas- son propiedad del famoso (y controvertido) empresario del sector Victorino Alonso. El sistema supuestamente utilizado fue sencillo: falsear las condiciones para la obtención de ayudas. O sea, hacer trampas al declarar una producción cuando en realidad era otra. Esto es, declarar un tonelaje para cobrar las subvenciones aunque luego no se produjese. Doce empresarios están imputados y, el supuesto agujero, se estima en unos mil millones de euros. Para que nos demos una idea, algo menos de un tercio del presupuesto del Principado. A esto hay que añadir el juicio que se está celebrando sobre Mina La Camocha en Gijón. Ahí el procedimiento era aún más obsceno: se compraba carbón importado para luego enjaretárselo a las eléctricas como nacional. Así, sin extraerlo directamente, se ahorraban costes y obtenían cuantiosos beneficios con las ayudas. Nada más y nada menos que 90.000 toneladas, según estimaciones, fueron pulidas por este método. Un sistema perverso por el cual los principales imputados se enfrentan a una indemnización de, ojo, 17 millones de euros. Victorino Alonso, el capó del carbón, repito, tiene pendiente todavía aclarar el asunto del almacén estratégico: 500.000 toneladas de Hunosa guardados en custodia y que no acababan de aparecer. Bien es cierto que en este caso un juzgado, de momento, le ha dado la razón al considerar que se encontraban en una veintena de depósitos. ¿Sigo?

La trama del carbón parece que, poco a poco, va saliendo a la luz. Explotaciones ruinosas cuya única función era vivir de la subvención y no del mercado. Así, se creó una casta de empresarios –por llamarlos de alguna forma- cuya forma de trabajo estaba en perfeccionar la trampa de turno. De hecho, a medida que van desapareciendo las ayudas -2018 es el final de la minería según Bruselas- también cierran las minas. Eso sí, exhibiendo el empleo como única bandera y método de presión. El Grupo Alonso, por ejemplo, nunca tuvo ningún empacho en dejar de pagar nóminas y así sacar a los mineros a la calle. Lo hizo no una, sino varias veces, para que sus empresas –deudoras de Hacienda y Seguridad Social- siguiesen cobrando del Estado. Ahora dicen que Hunosa quiere reciclarse hacia el sector servicios: incluso va a montar un museo por el Sur. Dudo mucho que, sin carbón que extraer, la empresa estatal tenga sentido.