Imaginemos la siguiente situación. Una persona nos pide dinero por la calle. Dice que no tiene para comer y, por tanto, solicita nuestra caridad. Le damos alguna moneda pero vemos que refunfuña: cree que es poco y nos saca más. Al cabo de un rato, observamos que entra en el bar de la esquina y se pone a jugar con las tragaperras. ¿No nos daría acaso rabia? ¿No pensaríamos que hemos hecho el tonto ya que ha abusado de nuestra buena fe? Pues bien, eliminen el componente voluntario y es la misma historia del céntimo sanitario. En principio, hacia el año 2002 se creó este impuesto con el objeto de financiar la sanidad. ¿Quién iba a poner reparos en pagar por algo tan importante? ¿Quién se iba a negar a contribuir por un simple céntimo? Y disfrazado bajo este noble fin todos nos creímos la trola. Pensamos: pagar un poco más en cada litro servirá para mejorar la calidad de la atención sanitaria. Nada de eso. El céntimo sirvió para financiar todo tipo de cosas menos el fin para el cual nos dijeron. Fue simplemente un medio utilizado por nuestros gobernantes para recaudar. En concreto, para tapar muchos agujeros de inversiones faraónicas mal gestionas. Y por si fuera poco, resulta que el céntimo no era tal: en Asturias, cómo no, se aplicó el máximo llegando hasta los 4,8 céntimos por litro de gasolina. Como dije, lo del falso mendigo que ve escasa nuestra limosna y encima se la gasta en vicios.

¿Y ahora qué? Pongo otro ejemplo. Hace poco en una carretera asturiana apareció un caballo muerto. El animal, famélico, fue abandonado en una cuneta por algún desalmado. El Ayuntamiento cercano dijo que no era misión suya retirarlo, puesto que, a todas luces, era competencia del Principado. Éste, a su vez, se lavó las manos ya que consideraba que era tarea municipal. Mientras tanto, el cadáver se llenaba de moscas. Más o menos, lo que está pasando con la devolución de un impuesto cobrado a «mala fe». Las comunidades autónomas dicen que debe afrontarlo el Estado, éste que fue la Comisión Europea quien tuvo la responsabilidad y así sucesivamente. El caso es que, por prescripción, sólo se pueden reclamar los últimos cuatro años. El resto está perdido. Además, es muy posible que ni usted ni yo conservemos los recibos del combustible salvo que seamos profesionales. En este juego, siempre gana la banca

El que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tumbado este desaguisado tenemos que verlo como una victoria de la sociedad civil. Una simple empresa se enfrentó directamente al sistema y acabó ganando. Así, nuestros gobernantes se lo pensarán dos veces antes de crear un impuesto para avalar su gestión. Los contribuyentes somos algo más que máquinas de recaudar.