El Comité de Expertos creado por el Gobierno ha presentado su informe para la reforma fiscal. 444 páginas que muestran una cosa: la gran distancia que existe entre este conjunto de sabios y la política. Quiero decir que sus medidas, en muchas ocasiones, suponen todo un sapo difícil de tragar para cualquier dirigente. Por ejemplo. Dicen que hay que eliminar la deducción por compra de vivienda habitual con carácter retroactivo, además de gravarla en el actual IRPF. ¡Toma ya! Imagínense la inseguridad jurídica de tener que devolver las cantidades ya deducidas y que, encima, te hagan pagar más en el impuesto sobre la renta por ser propietario. Sencillamente: inviable. No me quiero ni imaginar la que armarían (armaríamos) los cinco millones de contribuyentes afectados. Vamos, como que Rajoy podría ir preparándose de cara a las elecciones generales o autonómicas. Y es que, claro está, el problema de toda esta clase de informes es precisamente ése: los expertos no se presentan ante los ciudadanos a rendir cuentas. Si así lo hicieran, probablemente, el sentido de sus recomendaciones cambiaría. Otro ejemplo. Creen que hay margen para subir el IVA hasta un 23%. Todo ello, cuando no hemos digerido todavía la anterior subida. Además, ¿no significaría esto una nueva bajada del consumo? Si dos tercios del PIB dependen de la demanda interna, ¿es acaso bueno volver a castigar el bolsillo de los consumidores? También, pretenden un incremento selectivo del IVA en ciertos productos. Cuidado: podemos tener el mismo efecto que la subida del IVA en la cultura o en las peluquerías. A la postre: que se abandona su consumo.

Sin embargo, existen otras medidas que podrían considerarse como lógicas. Reordenar los tributos autonómicos, sin ir más lejos. Actualmente existen 70 nuevos impuestos creados por estas administraciones. Algunos tan chorras como gravar las bolsas de plástico en Andalucía, las bebidas gaseosas en Cataluña, los vertidos en aguas litorales en Murcia y así sucesivamente. Muchas veces, como ven, disfrazados con motivos medioambientales que nunca se cumplen. Más o menos, como lo del céntimo sanitario que se utilizaba para todo menos para su fin. Sacaperras, en definitiva, que en muchos casos lo único que hacen es desincentivar la inversión. El problema –volvemos a encontrarnos con la política- es que difícilmente los gobiernos autonómicos dejarán de utilizar esta potestad. En resumen, el informe está bien como referencia, pero, difícilmente, puede llegar a tener encaje en una sociedad tan castigada por la crisis.