Al poco de terminar mis estudios me llamaron para un curso. Como cualquiera que busca por primera vez trabajo, quizá inocentemente, lo primero que hice fue apuntarme al INEM. La carta decía bien claro dónde y cuándo debía de presentarme, así como la materia que se pensaba impartir: «Inicio a la contabilidad». El día señalado allí estaba, faltaría más, como un clavo. A una señorita que me atendió le dije que era un error: yo tenía mi licenciatura en Económicas sin estrenar y, por tanto, la contabilidad completamente intacta. La chica, en cambio, argumentó lo siguiente: «Es bueno», replicó, «refrescar los conocimientos». Nuevamente le repetí que otra cosa puede que no, pero que en contabilidad necesitaba un nivel avanzado para que me sirviese de algo. Erre que erre la responsable no me dejaba ir sin firmar una especie de conformidad con dicho curso. Ante mi insistencia, al final, me pude escapar. Salí  con la impresión de que lo importante, no era ni mucho menos el curso o si los conocimientos me iban a ser útiles, sino la propia asistencia para cobrar la subvención. En Andalucía, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha investigado los cursos de formación dados entre 2007 y 2013. El dinero público presuntamente defraudado en dicho periodo –a través de clases que ni siquiera se impartían- alcanza los 2.000 millones de euros. Para que nos demos una idea: como 40 veces el “caso Bárcenas”. En la “operación Edu”, que así se llama el operativo, hay cosas realmente curiosas. Por ejemplo. A una academia de buceo le dieron, ojo, 300.000 euros en subvenciones para impartir formación. Peluquerías con, alucinen, 100.000 euros. Muchas de esas empresas desaparecieron misteriosamente nada más recibir los fondos, eso sí, adjudicados totalmente a dedo. Gracias al procedimiento de «concurrencia no competitiva» era el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) quien se dedicaba a distribuirlos. Y, curiosamente, encima el SAE adeuda cantidades importantes -17 millones de euros- a las academias de formación que sí se dedicaron a impartir los cursos. En muchos casos, obligándolas a cerrar al no poder sobrevivir al impago. En fin…

Pero respecto a este tipo de formación hay algo más que decir, ¿vale realmente para algo? ¿Aunque se imparta sirve para el currículum de alguien? ¿Por qué se llevan a cabo en academias especializadas y no en centros cualificados (Universidad, Institutos, Formación Profesional, etcétera)? ¿Por qué su gestión la tienen que llevar sindicatos y patronal dando lugar a escándalos? Recordemos, sin ir más lejos, que la patronal madrileña supuestamente cobró cursos por más de 15 millones con falsos alumnos. Más o menos, la mitad de ese dinero está siendo investigado en el caso formación por parte de UGT en Andalucía. Además, su ineficacia se demuestra sólo con ver los índices de paro. ¿Por qué Andalucía después de gastarse ingentes cantidades de dinero sigue teniendo un 36,6% de paro? ¿Por qué el juvenil –donde más se invierte- supera el 60%? ¿Por qué no se involucra a las empresas a la hora de impartir formación? ¿No resulta curioso el mecanismo por el cual un desempleado se forma y luego sigue en el paro? Un desempleado siempre debe estar haciendo dos cosas: o bien buscando trabajo, o bien formándose.  El problema surge cuando no se le ayuda en ambos sentidos.