El informe de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) sobre El Musel dejó de ser fantasma para la opinión pública. Vamos, que ha tenido una aparición estelar nada más y nada menos que en internet. La ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo hace poco que para trasladar una copia consideraba necesario la intervención de Abogacía del Estado. Era, según la Ministra, un “asunto grave y muy serio” por lo que su difusión no era recomendable. Lo mismo que hizo el Principado una vez que cayó en sus manos. Todo, insisto, mientras se hacían conjeturas y especulaciones –y bastantes certezas- sobre el contenido. Pues bien, el secreto de Estado ha acabado colgado en la red mundial. En cualquier caso, el contenido -341 folios lo contemplan- es demoledor. Acusa directamente a la Autoridad Portuaria de las presuntas irregularidades, bien por actuaciones directas, o bien en convivencia con la adjudicataria de la obra: la UTE Dique Torres. O sea, que para la OLAF supuestamente existía –vamos a decirlo en términos de calle- un trapicheo que llevó a la mayor obra civil de Asturias a un sobrecoste del 60%. Y por si fuera poco, acusa a Dique Torres de oscurantismo: se negó a facilitarle datos contables al organismo europeo cuando fue requerida. Digo más, llega a asegurar que el supuesto fraude no estuvo sólo en los materiales de las canteras, sino también en su transporte. Es decir, que habían detectado incluso camiones que no pertenecían a las empresas, o sea, que se facturaron más camiones que viajes fueron realizados. Como digo, el informe de la OLAF no deja títere con cabeza y apunta directamente a la Autoridad Portuaria. No se trata ya de que un conjunto de empresas -que enciman le reclaman 350 millones de euros más- realizaran comportamientos irregulares; sino que los mismos eran presuntamente sabidos y consentidos. Ahora, la pregunta es, ¿va a ignorar la Dirección Regional de  Política Regional, que es quien corta el bacalao, las tremendas acusaciones de la OLAF? ¿Acaso alguien piensa que no va a exigir la devolución de la totalidad de la subvenciones concedidas (198 millones de euros) más lo pendiente (49)? Por eso, hay que ponerse a la fuerza en el peor de los escenarios. O bien se negocia las cantidades a devolver con la Unión Europea, o bien se lleva a los tribunales en última instancia. No hay más. Pensar que Bruselas va a obviar tan graves acusaciones es una quimera.

Tanto es así, fíjense, que ya somos noticia en los medios a nivel nacional. Varios periódicos y telediarios se despacharon a gusto. Eso sí, de forma inquietante. Mezclaron la noticia con la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, su puesto en el Banco Europeo de Inversión y el fraude de los ERE andaluces. En resumen, un totum revolutum donde El Musel aparecía como el epicentro de la corrupción. ¡Menuda imagen! Y oigan, tampoco es eso. Cada cosa en su lugar y por el orden que corresponde. Poco (o nada) tiene que ver El Musel con el escándalo de los ERE en Andalucía, o si Álvarez debe dimitir de su cargo en el BEI.