Todavía no entiendo muy bien la reforma electoral que pretende llevar a cabo Mariano Rajoy en los ayuntamientos. Quiero decir que eso de que la lista más votada nombre automáticamente alcalde, en fin, me parece cuando menos teórico. Es cierto que, tras unas elecciones municipales, se producen muchos movimientos entre partidos. O sea, que muchas veces gobiernan fuerzas políticas –con menos votos- gracias al juego de alianzas. Y según Rajoy, esto debe acabarse con la imposición directa del primer edil debido a que su partido es el más votado. Como digo, todo muy bonito y teórico. Imaginemos el caso de un partido que es el más votado pero no tiene ningún apoyo dentro del consistorio, ¿podría gobernar ese municipio? ¿Con quién pactaría un presupuesto o una simple ordenanza? ¿Representa un alcalde nombrado por Ley sinónimo de estabilidad y gobierno? En teoría sí, porque se resuelve el trapicheo postelectoral entre los partidos, insisto, pero en la práctica no. Pongo otro caso: la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) en la ciudad de turno. ¿Puede un equipo de gobierno sin apoyos llevarlo a cabo? ¿Cuánto tardaría el resto de la oposición en tumbárselo? ¿Puede estar un municipio sin PGO ad infinitum esperando a que se produzca una mayoría absoluta? Según Rajoy, el motivo de esta reforma –improvisada a menos de un año de los comicios- es la «mejora de la calidad democrática». Es decir, que el ciudadano no se sienta defraudado el día después de la jornada electoral. Sin embargo, yo pienso que ante todo los municipios deben de ser estables y el pacto entre partidos también es una vía para lograrlo. Pregunto, si el año pasado se puso en funcionamiento la Ley de Bases de Régimen Local, ¿por qué ahora se plantea esto? ¿A qué hay miedo? ¿No se trata de una modificación que beneficia a los dos grandes partidos, a la postre, PSOE y PP? ¿Quizá se teme que en las próximas elecciones municipales suceda como en las Europeas: que irrumpa una fuerza –Podemos es la mejor colocada, claro está- que amenace con desbancar de muchas alcaldías a los grandes partidos?

No sé, pero a mí me parece que hay muchas cosas por hacer en temas de política municipal. Por ejemplo, no veo lógico –pese a que se ha puesto en marcha una Ley de Grandes Ciudades- que el alcalde (o alcaldesa)  sea quien dirija los plenos. En lo actualidad, lo hace en muchas ocasiones de forma despótica: quita o da palabras a los concejales en función de sus preferencias. Esto, sin duda, acaba generando graves carencias democráticas. ¡ Imagínense que las sesiones del Congreso las dirigiese Rajoy! Vaya lío, ¿no? Como eso, la reforma para reducir el tamaño de los ayuntamientos (y diputaciones) está en stand-by. Se iba a rebajar su número -8.000 más o menos en toda España- pero poco o nada se avanzó. Lo mismo que a la hora de gestionar competencias impropias –aquéllas duplicas por la autonomía- que acaban siendo fuente de conflicto cuando se aplica la Ley. A mí esta reforma me parece poco meditada. Se necesita algo más que un nombramiento directo si se quiere que los municipios sean eficaces. Yo diría, incluso, que mucho más.