A veces en Europa no nos entienden. Miran con pasmo ciertas cosas que hacemos. En concreto, las relaciones entre empresa y política. Miguel Arias Cañete fue Ministro de Agricultura con una participación en una empresa de suministros petroleros tanto propia como de su familia. Cuando optó a ser comisario europeo de Clima y Energía no se lo permitieron: inmediatamente le obligaron a vender su participación directa. Además, tuvo que pasar el examen de las distintas comisiones del Parlamento europeo. Muy duras y que le pusieron contra las cuerdas. Es más, casi recibe el veto para no poder serlo. Obsérvese, pues, la diferencia de criterios. En España no hubo problema con su participación en empresas para optar a los más altos cargos políticos, en Europa no se lo pasaron. Y, ojo, tenía únicamente el 2,5% de una compañía que se dedica a suministrar combustible a los barcos. Ya me dirán cómo todo un comisario europeo puede beneficiar a una especie de gasolinera, sin embargo, en Bruselas, no tragaron. Ahora vamos con el caso que nos afecta a nivel asturiano. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, tiene un 19,8% de participación en una empresa de maquinaria de construcción junto con su marido. Hasta ahí, digo, tampoco se le puede reprochar nada. Sería como si tuviese acciones de bolsa. Sin embargo, el problema empieza cuando dicha empresa subcontrata obras de la propia consejería. Esto, que también sucedía cuando era alcaldesa de Langreo, provoca un conflicto grave. No hay, de momento, nada ilegal o escabroso; simplemente, una empresa en parte de su propiedad es constantemente contratada por otras que ejecutan obras dentro de su área. Hecho, cuando menos, llamativo. En Europa, sin duda, esto no se lo permitirían. Le hubiesen obligado a vender su participación antes de llegar al cargo. Aquí, en cambio, nos conformamos con que la registre en el Parlamento. Es decir, su defensa se está basando en que siempre la había declarado. ¿Subsana eso el hecho en sí? Pues no, sigue estando igual de mal que un alto cargo tenga participaciones en empresas que trabajan dentro de su área. Javier Fernández no ha dicho nada. Ha destituido de manera fulminante al director general de Administración Local –por pasar una estancia a gastos pagados por la empresa Aquagest en el balneario de Las Caldas- pero en este caso no mueve un dedo. Si consentimos que nuestros altos cargos tengan empresas que contraten (o subcontraten) con sus departamentos, también tendremos que admitir que los adjudicatarios de una obra empiecen a emplear familiares de los políticos. En definitiva, lo que no puede Esther Díaz es sorber y soplar a la vez: estar presente en el mundo de la empresa activa y la política.

Bodrio.
Veo por televisión una especie de show que montó el PP de Madrid. Parece ser que quieren desmotar la corrupción de la siguiente manera. Cogen al candidato de turno –en este caso a alcaldesa para sustituir a un destituido por la «operación púnica»- y le someten a un examen. ¿Quién es el tribunal? Los miembros del propio partido. ¿Y las preguntas? Cándidas, absurdas. «¿Cobró usted alguna vez comisiones en negro?», preguntan a la futura alcaldesa. No, dice mirando directamente a la cámara. Todo ello, con el salón bien repleto de periodistas para que quede muy bonito. Si el PP de Madrid, o cualquier partido, piensa combatir la corrupción de esa manera; en fin…