La magistrada del «caso Aquagest» ha hecho trazo grueso. Acaba de imputar de una tacada, ni más ni menos, que a 22 políticos asturianos. En total, la «Gürtel» del agua (turbia), llamémosla así, lleva 41 imputados que deben pasar por los juzgados. Alcaldes, diputados, concejales, funcionarios, directivos de la empresa y hasta un presidente autonómico: el de Cantabria. Si bien es cierto, la causa contra este último fue archivada por el Tribunal Supremo el pasado mes. Esta pléyade de cargos públicos, repito, presenta todo tipo de presuntas tipologías de delito. La alcaldesa de Avilés, sin ir más lejos, ha sido imputada por viajar a Barcelona a un consejo de administración. Es decir, se la llama a declarar con abogado porque la empresa pagó los gastos del viaje; cuando es socia del Ayuntamiento en Aguas de Avilés. No tiene mucho sentido. En cambio, hay cosas más evidentes. A Francisco Balmori, ex Director general de Administración Local del Principado, se le regaló presuntamente una estancia a él y su mujer en el balneario de Las Caldas (Oviedo). Otros viajaron gratis con hotel incluido para ver partidos de fútbol. Quiero decir, pues, que la jueza debería de hilar más fino a la hora de llevar a un político ante la Justicia. Hoy en día, el que un juzgado te impute, lleva consigo que el dedo mediático acusador te señale. Vamos, como que al día siguiente casi no puedas salir ni a la calle. Fue lo que pasó con el «caso Marea». El juez instructor imputó a un sinfín de políticos que, al final, como se ha visto, resultaron inocentes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la ex consejera, Ana Rosa Migoya. Se le mantuvo una imputación durante mucho tiempo –quizá demasiado como para no tener un desgaste personal muy fuerte- para luego quitársela. Entiendo, pues, que los jueces deberían pensárselo dos veces a la hora de utilizar esta figura jurídica. No me parece de recibo, como dije, que a Pilar Varela (alcaldesa de Avilés) se la llame a declarar por un viaje de trabajo. Por esa regla de tres, la hubiéramos criticado incluso más si la estancia en Barcelona hubiese sido pagada por las arcas municipales. Ella, como ha declarado al conocer su imputación, pidió como condición que no le costase nada al Ayuntamiento acudir a esa reunión  y, por eso, oigan, está imputada. Absurdo. Creo que se debe diferenciar bien claro qué se pagó a cada uno y por qué. Ver si con ese tipo de dádivas se consiguió algún fin y, sobre todo, en qué consistieron. No es lo mismo que te regalen unos turrones, a poder ir a ver un Real Madrid-Sporting de papo. Existe mucha diferencia. Y en eso, pienso, es en lo que se debe ser justo. Lo demás, insisto, es aplicar la Justicia con trazo grueso.

El eje del mal.
No obstante, la empresa es de todo menos trigo limpio. No reparaba en medios para conseguir sus fines. Está claro que Aquagest, utilizó todo tipo de artes para obtener concesiones en los 22 municipios asturianos que privatizaron su agua. Llegó a fichar a Joaquín Fernández Díaz, ex secretario de comunicación del PP y ex presidente del partido en San Martín del Rey Aurelio, para utilizarlo como «abrelatas» político. Así consta, por lo menos, en las investigaciones de la policía. Incluso en los correos interceptados figuran expresiones como «el puto interventor», cuando, a la vista está, no conseguían doblegar la voluntad del ayuntamiento de turno. Aquagest forma parte de Aguas de Barcelona (Agbar) que como tal está imputada en otro juzgado de Avilés, esta vez, por presuntas irregularidades fiscales. Ahora bien, su filial utilizaba para seducir regalos muy cercanos al cohecho; cuando no lo sobrepasaba con creces. Algo así como una especie de agencia de viajes a cuenta de la gestión privada del agua. Y lo malo es que ahí sigue todavía: gestionando todas esas concesiones pese a los numerosos cargos en contra.